Jalisco
Inaccesibilidad al derecho al nombre, un modo de discriminación
Poblados rurales, comunidades indígenas, padres migrantes no tienen acceso igualitario al derecho al nombre
GUADALAJARA, JALISCO (16/FEB/2013).- Pese a que tener un nombre registrado es un derecho universal, no se garantiza a todos los nacidos en México y esta desigualdad se traduce en discriminación, explica Sonia Río Freije, Directora General Adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).
En todo el país, 20 % de la población no goza de este derecho (datos de 2010); el principal rezago está en que para algunos los Registros Civiles -donde se lleva a cabo el trámite- son inaccesibles, por ejemplo: poblados rurales, comunidades indígenas, padres migrantes, familias en situación socioeconómica desventajosa, entre otros; es decir que padecen discriminación por desigualdad al acceso a un nombre registrado.
"El derecho al nombre es indispensable para la identidad, para existir y así obtener otros derechos como ir a la escuela o acceder a un trabajo", comenta la especialista del Conapred.
Además de la discriminación por la desigualdad de acceso al Registro Civil, hay casos en que no es la instancia, sino el trámite el que está lejano a los ciudadanos, por ejemplo, para personas indígenas y extranjeras de lengua distinta, personas que no pueden hacer el gasto, personas transexuales y transgénero y demás.
"También hay cuestiones culturales, por ejemplo, vemos que el subregistro es más amplio en las niñas que en los niños, eso depende de las propias familias que creen que las niñas se van a quedar en la casa y no van a necesitar para su vida tener acta de nacimiento porque no van a salir a trabajar. Hay una tendencia de registrar más a los niños".
Para garantizar que los mexicanos tengan un nombre registrado las autoridades locales tienen en sus manos dos acciones: la primera, poner el tema en la agenda pública y así difundir que existe el derecho a la identidad y por qué es importante tener un nombre; segundo, acercar el servicio a las personas para quienes es inviable obtenerlo, por ejemplo, con unidades de Registro Civil móviles.
En el país hay Códigos Civiles que incluyen medidas correctivas a través de sanciones económicas a quienes no cumplan con registrar a sus hijos, lo que "no es una medida adecuada", pues además de ser contraproducente porque la cuota sube y es más inaccesible a la familia, es "rediscriminación", por poner una segunda barrera al derecho.
"Hay que cambiar los Códigos Civiles que establezcan ese tipo de multas; hay que cambiarlo en los congresos locales y hay que facilitarle a las personas el registro, hay que ir a donde están: las zonas rurales, indígenas, donde transitan los migrantes. Que entiendan lo importante que es y que no les cueste".
En un marco legal adecuado ni siquiera debe existir una sanción para quien no cumpla con el registro de sus hijos, pues en primera instancia el nombre debe ser un derecho con cobertura total, asegura Sonia Río.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA
En todo el país, 20 % de la población no goza de este derecho (datos de 2010); el principal rezago está en que para algunos los Registros Civiles -donde se lleva a cabo el trámite- son inaccesibles, por ejemplo: poblados rurales, comunidades indígenas, padres migrantes, familias en situación socioeconómica desventajosa, entre otros; es decir que padecen discriminación por desigualdad al acceso a un nombre registrado.
"El derecho al nombre es indispensable para la identidad, para existir y así obtener otros derechos como ir a la escuela o acceder a un trabajo", comenta la especialista del Conapred.
Además de la discriminación por la desigualdad de acceso al Registro Civil, hay casos en que no es la instancia, sino el trámite el que está lejano a los ciudadanos, por ejemplo, para personas indígenas y extranjeras de lengua distinta, personas que no pueden hacer el gasto, personas transexuales y transgénero y demás.
"También hay cuestiones culturales, por ejemplo, vemos que el subregistro es más amplio en las niñas que en los niños, eso depende de las propias familias que creen que las niñas se van a quedar en la casa y no van a necesitar para su vida tener acta de nacimiento porque no van a salir a trabajar. Hay una tendencia de registrar más a los niños".
Para garantizar que los mexicanos tengan un nombre registrado las autoridades locales tienen en sus manos dos acciones: la primera, poner el tema en la agenda pública y así difundir que existe el derecho a la identidad y por qué es importante tener un nombre; segundo, acercar el servicio a las personas para quienes es inviable obtenerlo, por ejemplo, con unidades de Registro Civil móviles.
En el país hay Códigos Civiles que incluyen medidas correctivas a través de sanciones económicas a quienes no cumplan con registrar a sus hijos, lo que "no es una medida adecuada", pues además de ser contraproducente porque la cuota sube y es más inaccesible a la familia, es "rediscriminación", por poner una segunda barrera al derecho.
"Hay que cambiar los Códigos Civiles que establezcan ese tipo de multas; hay que cambiarlo en los congresos locales y hay que facilitarle a las personas el registro, hay que ir a donde están: las zonas rurales, indígenas, donde transitan los migrantes. Que entiendan lo importante que es y que no les cueste".
En un marco legal adecuado ni siquiera debe existir una sanción para quien no cumpla con el registro de sus hijos, pues en primera instancia el nombre debe ser un derecho con cobertura total, asegura Sonia Río.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA
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