Jalisco
Impulsan ley de salarios máximos
Hay bastantes servidores públicos que tienen más salario que el propio gobernador ''y es tremendamente injusto'', afirma Arturo Zamora
“Si nosotros planteamos como producto de este comité una ley de salarios máximos, lo que estaremos haciendo es poner de entrada un tope máximo a todos los servidores públicos del Estado de Jalisco”.
El 11 de junio este medio publicó que el titular del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), Armando García Estrada, gana prácticamente lo mismo que el presidente Enrique Peña Nieto y que percibe 39 mil 790 pesos más que el gobernador Aristóteles Sandoval (166 mil 195). Los otros cinco magistrados de salas unitarias del TAE también obtienen más dinero que el mandatario estatal.
—¿La propuesta es que nadie gane más que el gobernador?
—Ése debe ser el principio y hoy nos damos cuenta de que hay bastantes servidores públicos, no solamente del Gobierno del Estado, sino de otras instancias, que tienen más salario que el propio gobernador del Estado; ahí se rompe un esquema de proporcionalidad y es tremendamente injusto —expuso ayer Zamora Jiménez.
El secretario de Gobierno admitió que “es evidente que necesitamos regular adecuadamente los salarios”. Según dijo, “recibimos una administración tremendamente abultada, con ingresos muy fuertes, sobre todo en las áreas de mayor jerarquía, y a partir de ahí el gobernador dispuso un descuento de 10% para los servidores públicos”.
Al preguntarle si reducirían los sueldos de los servidores públicos, pese a que la Constitución lo impide, apuntó: “También nosotros tenemos los acuerdos de voluntad; de entrada, como servidores, hemos planteado que estaremos de acuerdo con las disminuciones que hagan (a los sueldos)”.
El CTTVS fue creado precisamente para hacer recomendaciones sobre los salarios de los funcionarios del Gobierno estatal. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios lo señala, en su Artículo 46 bis, como “un órgano auxiliar de las autoridades estatales y de participación ciudadana, no vinculativo, integrado por representantes de los sectores público y privado del Estado”.
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