Jalisco
Imperan irregularidades en OPDs
Heredan desorden administrativo, duplicación de funciones y falta de transparencia en Organismos Públicos Descentralizados
GUADALAJARA, JALISCO (04/MAR/2013).- Desorden administrativo, inoperatividad, deudas, falta de transparencia y duplicación de funciones son algunos de los problemas que arrastran Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) del Gobierno de Jalisco.
La pasada Contraloría evidenció más de nueve mil observaciones entre estas entidades y algunos fideicomisos en el periodo 2005-2012, “por el desapego a la normativa, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo o daño patrimonial”.
La administración de Emilio González finalizó con 70 de estas paraestatales, que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio para ayudar operativamente al Gobierno. Sin embargo, nueve de éstas duplican funciones, una decena no opera porque no tiene estructura o no se justifica su actividad, mientras dos más fueron creadas recientemente y carecen de personal.
La Ley Orgánica de Jalisco señala que “el gobernador solicitará al Congreso la creación” de estos organismos, pero los diputados también tienen la facultad de instituirlos y extinguirlos. Para dimensionar la importancia de los OPDs, que “engordaron” la burocracia jalisciense en el sexenio pasado, su gasto anual prácticamente se duplicó, al pasar de 12 mil millones a más de 21 mil 896 millones de pesos entre 2007 y 2012. El año pasado absorbieron más de 25% del presupuesto anual del Poder Ejecutivo.
Paulina Hernández Morales, quien fuera directora de Vinculación con Organismos Paraestatales de la Secretaría de Administración, comentó días antes de terminar su gestión: “Algunos descentralizados se creen autónomos, pero no, deben rendir cuentas. En la Junta de Gobierno de cada uno tratamos de ordenarlos, que no se brinquen a la autoridad, aunque no todos han cumplido y las principales anomalías están en el gasto, en movimientos de plantillas y nuevas plazas”.
Mientras los OPDs tienen una plantilla de 33 mil 620 trabajadores, la Secretaría de Administración presentó el año pasado una propuesta de iniciativa de ley para homologar todos sus criterios de administración y operación. El problema es que el proyecto se estancó en la pasada gestión en la Secretaría de Gobierno.
Los diputados aprobaron reformas a la estructura administrativa del nuevo Gobierno de Aristóteles Sandoval, mismas que evaden a las paraestatales. “Evaluaremos a estos organismos y daremos respuestas en un mes”, responde Carlos Trejo, del equipo de transición. En la última evaluación a 62 organismos por parte del Instituto de Transparencia (Itei), en promedio obtuvieron una calificación reprobatoria de 52 puntos sobre 100 en materia de rendición de cuentas.
La pasada Contraloría evidenció más de nueve mil observaciones entre estas entidades y algunos fideicomisos en el periodo 2005-2012, “por el desapego a la normativa, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo o daño patrimonial”.
La administración de Emilio González finalizó con 70 de estas paraestatales, que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio para ayudar operativamente al Gobierno. Sin embargo, nueve de éstas duplican funciones, una decena no opera porque no tiene estructura o no se justifica su actividad, mientras dos más fueron creadas recientemente y carecen de personal.
La Ley Orgánica de Jalisco señala que “el gobernador solicitará al Congreso la creación” de estos organismos, pero los diputados también tienen la facultad de instituirlos y extinguirlos. Para dimensionar la importancia de los OPDs, que “engordaron” la burocracia jalisciense en el sexenio pasado, su gasto anual prácticamente se duplicó, al pasar de 12 mil millones a más de 21 mil 896 millones de pesos entre 2007 y 2012. El año pasado absorbieron más de 25% del presupuesto anual del Poder Ejecutivo.
Paulina Hernández Morales, quien fuera directora de Vinculación con Organismos Paraestatales de la Secretaría de Administración, comentó días antes de terminar su gestión: “Algunos descentralizados se creen autónomos, pero no, deben rendir cuentas. En la Junta de Gobierno de cada uno tratamos de ordenarlos, que no se brinquen a la autoridad, aunque no todos han cumplido y las principales anomalías están en el gasto, en movimientos de plantillas y nuevas plazas”.
Mientras los OPDs tienen una plantilla de 33 mil 620 trabajadores, la Secretaría de Administración presentó el año pasado una propuesta de iniciativa de ley para homologar todos sus criterios de administración y operación. El problema es que el proyecto se estancó en la pasada gestión en la Secretaría de Gobierno.
Los diputados aprobaron reformas a la estructura administrativa del nuevo Gobierno de Aristóteles Sandoval, mismas que evaden a las paraestatales. “Evaluaremos a estos organismos y daremos respuestas en un mes”, responde Carlos Trejo, del equipo de transición. En la última evaluación a 62 organismos por parte del Instituto de Transparencia (Itei), en promedio obtuvieron una calificación reprobatoria de 52 puntos sobre 100 en materia de rendición de cuentas.
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