Jalisco
Impera desorden en padrón de inhabilitados
Opacidad y omisión de ayuntamientos y los Poderes Judicial y Legislativo destacan en el registro estatal de burócratas sancionados
GUADALAJARA, JALISCO (12/FEB/2015).- Los poderes Judicial y Legislativo, así como 117 ayuntamientos, incumplen con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Jalisco. Todos transgreden la legislación e ignoran desde hace dos años a la Contraloría: no le informan ni actualizan los datos sobre los burócratas sancionados para sumarlos al Registro Estatal de Inhabilitados.
Esto provoca que no se tenga conocimiento de los malos servidores públicos. Según la ley, tienen 10 días hábiles para informarle a la Contraloría cuando imponen una inhabilitación, pero hay otro vacío: no se contemplan sanciones contra los omisos.
En conclusión, sólo los ayuntamientos de Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Lagos, San Martín Hidalgo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, así como el Consejo de la Judicatura, actualizan la estadística.
Por su parte, la Contraloría dificulta el acceso al registro existente, pues no existe el listado completo de inhabilitados en su página de internet. Se cuenta con el sitio http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/ pero se debe conocer el nombre del implicado para acceder a la información.
El Instituto de Transparencia (Itei) ya había advertido a la Contraloría en junio de 2014 sobre los problemas de accesibilidad en el registro electrónico. En esa fecha, la dependencia estatal respondió: “Se está trabajando en una herramienta a través de la cual se pueda consultar la información de manera amigable y de fácil acceso”. Hoy, todavía incumplen y no hay un plazo para que la Contraloría modifique el sistema porque su titular Juan José Bañuelos Guardado evadió fijar una fecha.
También hay inhabilitados que siguen cobrando en las nóminas públicas, como Marco Antonio Chávez Villegas, coordinador de proyectos de la Fiscalía del Estado. Según la Contraloría fue inhabilitado por un año y la sanción termina en octubre de 2015, pero no ha dejado de cobrar. La Fiscalía responde que la Contraloría todavía no les notifica las fechas de la sanción por no presentar su declaración patrimonial, aunque esa información ya está publicada en el registro estatal.
Entre los sancionados figuran el ex alcalde Édgar Aviña Mejía, el síndico y siete regidores de Acatlán de Juárez. También el primer edil de San Martín Hidalgo, Carlos Rosas Camacho. En la lista ya se contempla a la ex regidora tapatía Elisa Ayón, inhabilitada 10 años por irregularidades en el desempeño de sus funciones y falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones.
Ocultar la declaración patrimonial, anomalías en la auditoría interna, desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales, destacan entre las principales anomalías de burócratas.
Esto provoca que no se tenga conocimiento de los malos servidores públicos. Según la ley, tienen 10 días hábiles para informarle a la Contraloría cuando imponen una inhabilitación, pero hay otro vacío: no se contemplan sanciones contra los omisos.
En conclusión, sólo los ayuntamientos de Acatlán de Juárez, El Salto, Guadalajara, Lagos, San Martín Hidalgo, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, así como el Consejo de la Judicatura, actualizan la estadística.
Por su parte, la Contraloría dificulta el acceso al registro existente, pues no existe el listado completo de inhabilitados en su página de internet. Se cuenta con el sitio http://contraloria.app.jalisco.gob.mx/inhabilitados/ pero se debe conocer el nombre del implicado para acceder a la información.
El Instituto de Transparencia (Itei) ya había advertido a la Contraloría en junio de 2014 sobre los problemas de accesibilidad en el registro electrónico. En esa fecha, la dependencia estatal respondió: “Se está trabajando en una herramienta a través de la cual se pueda consultar la información de manera amigable y de fácil acceso”. Hoy, todavía incumplen y no hay un plazo para que la Contraloría modifique el sistema porque su titular Juan José Bañuelos Guardado evadió fijar una fecha.
También hay inhabilitados que siguen cobrando en las nóminas públicas, como Marco Antonio Chávez Villegas, coordinador de proyectos de la Fiscalía del Estado. Según la Contraloría fue inhabilitado por un año y la sanción termina en octubre de 2015, pero no ha dejado de cobrar. La Fiscalía responde que la Contraloría todavía no les notifica las fechas de la sanción por no presentar su declaración patrimonial, aunque esa información ya está publicada en el registro estatal.
Entre los sancionados figuran el ex alcalde Édgar Aviña Mejía, el síndico y siete regidores de Acatlán de Juárez. También el primer edil de San Martín Hidalgo, Carlos Rosas Camacho. En la lista ya se contempla a la ex regidora tapatía Elisa Ayón, inhabilitada 10 años por irregularidades en el desempeño de sus funciones y falsedad en los datos proporcionados en sus declaraciones.
Ocultar la declaración patrimonial, anomalías en la auditoría interna, desvío de recursos, abandono institucional de menores, pérdida u ocultamiento de documentos oficiales, destacan entre las principales anomalías de burócratas.
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