Jalisco
Honorable confusión
Los honores, entonces, aquí no serían por causa hereditaria, sino por merecimiento ejemplar, particular
En México, por disposición constitucional, no se conceden los “títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se da efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país” (Art. 12). Nuestros constituyentes pretendían así impedir los privilegios inmerecidos y promover el libre florecimiento de los “auténticos talentos”; los que sobresalen. La idea era que sólo un ámbito de “iguales” permitiría el mando de los “mejores” en la conducción de los asuntos del bien común. Es, curiosamente, el sentido etimológico primario de “aristocracia”, misma que se trataba de abolir.
Nuestra Carta Magna, entonces, rechaza así las caprichosas “regalías del nacimiento” que concentraban el acceso a la cultura y el poder en unas cuantas familias, y cuyo resultado —se insinúa— conduce a la progresiva degradación de lo público al impedir el liderazgo de los “mejores” (y eternizando el dominio de los de siempre). Se intentaba, así, proveer un marco jurídico que ofreciera a todos los ciudadanos condiciones semejantes para saber, para vivir, para crear, para competir. Significa “la igualación” como la condición necesaria para fertilizar la excelencia y evitar la mediocridad generalizada. O por lo menos así se idealizaba.
Los honores, entonces, aquí no serían por causa hereditaria, sino por merecimiento ejemplar, particular. Honorable sería la persona digna de ser honrada; por conducirse con honradez. Respetuosa en su probidad moral y recta en los asuntos éticos públicos. Honorable es un distingo decoroso que los demás otorgamos a los individuos merecedores de tal sentir.
Con todo, no deja de ser una convención más de opinión concertada hacia la persona de un particular reconocido. Por esto mismo resulta curioso (y un poco inquietante) que algunas instituciones públicas de representatividad democrática en nuestro país se autodenominen anteponiéndose la “H” distintiva. Este afán alcanza desde el Congreso de la Unión, hasta las legislaturas y los ayuntamientos locales.
Equivale a autoconcederse el título de honor, así como la acostumbrada arrogancia de auto dispensarse del gasto público sin transparencia ni contrapesos, ni pruebas de merecimiento.
¿Por quién es censurable el añadirse esa “H” ilusoria que distorsiona el sentido institucional?
Un falso agregado que no deja de ser otro recurso de la ocurrencia y otro simple exponente del autoengaño. En lugar de que el reconocimiento se lo dieran sus representados, prefieren apresurarse con ínfulas y sin méritos propios (lo que añade a las confusiones que de por sí tiene nuestra sociedad, que no ha sido educada ni para la democracia, ni para la aristocracia).
Hay estudios históricos y antropológicos de amplio alcance que concluyen que cuando se deja a los individuos de un grupo enteramente a merced de sí mismos, sin elementos reguladores eficaces (léase principios éticos, convenciones sociales o moral religiosa) acaban matándose unos a otros.
Resulta un comportamiento totalmente irracional y del que es capaz la sociedad humana al desembocarse desde la pérdida del respeto mutuo entre sus individuos. Hay ejemplos recientes escalofriantes en todo el mundo. Crecientemente hay también ejemplos aquí mismo, en nuestro propio territorio nacional, que brotan mientras se nos derrumba, otra vez, el andamiaje del régimen anterior.
Nuestra Carta Magna, entonces, rechaza así las caprichosas “regalías del nacimiento” que concentraban el acceso a la cultura y el poder en unas cuantas familias, y cuyo resultado —se insinúa— conduce a la progresiva degradación de lo público al impedir el liderazgo de los “mejores” (y eternizando el dominio de los de siempre). Se intentaba, así, proveer un marco jurídico que ofreciera a todos los ciudadanos condiciones semejantes para saber, para vivir, para crear, para competir. Significa “la igualación” como la condición necesaria para fertilizar la excelencia y evitar la mediocridad generalizada. O por lo menos así se idealizaba.
Los honores, entonces, aquí no serían por causa hereditaria, sino por merecimiento ejemplar, particular. Honorable sería la persona digna de ser honrada; por conducirse con honradez. Respetuosa en su probidad moral y recta en los asuntos éticos públicos. Honorable es un distingo decoroso que los demás otorgamos a los individuos merecedores de tal sentir.
Con todo, no deja de ser una convención más de opinión concertada hacia la persona de un particular reconocido. Por esto mismo resulta curioso (y un poco inquietante) que algunas instituciones públicas de representatividad democrática en nuestro país se autodenominen anteponiéndose la “H” distintiva. Este afán alcanza desde el Congreso de la Unión, hasta las legislaturas y los ayuntamientos locales.
Equivale a autoconcederse el título de honor, así como la acostumbrada arrogancia de auto dispensarse del gasto público sin transparencia ni contrapesos, ni pruebas de merecimiento.
¿Por quién es censurable el añadirse esa “H” ilusoria que distorsiona el sentido institucional?
Un falso agregado que no deja de ser otro recurso de la ocurrencia y otro simple exponente del autoengaño. En lugar de que el reconocimiento se lo dieran sus representados, prefieren apresurarse con ínfulas y sin méritos propios (lo que añade a las confusiones que de por sí tiene nuestra sociedad, que no ha sido educada ni para la democracia, ni para la aristocracia).
Hay estudios históricos y antropológicos de amplio alcance que concluyen que cuando se deja a los individuos de un grupo enteramente a merced de sí mismos, sin elementos reguladores eficaces (léase principios éticos, convenciones sociales o moral religiosa) acaban matándose unos a otros.
Resulta un comportamiento totalmente irracional y del que es capaz la sociedad humana al desembocarse desde la pérdida del respeto mutuo entre sus individuos. Hay ejemplos recientes escalofriantes en todo el mundo. Crecientemente hay también ejemplos aquí mismo, en nuestro propio territorio nacional, que brotan mientras se nos derrumba, otra vez, el andamiaje del régimen anterior.
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