Jalisco
Hay pruebas para juicio político contra Elisa Ayón: comerciante
Gregorio López, quien pidió el juicio, acude al Congreso local para presentar las pruebas contra la regidora
GUADALAJARA, JALISCO (22/ENE/2014).- Se tienen las suficientes bases para iniciar y sancionar a la regidora con licencia en el Ayuntamiento de Guadalajara,
Elisa Ayón Hernández, asegura quien pidió juicio político contra la funcionaria, Gregorio López Lozano, representante de comerciantes establecidos del Centro Histórico.
El empresario se reservó las pruebas que presentó ante el Congreso de Jalisco para iniciar el proceso, sin embargo, desde el día de la petición del juicio, el 27 de noviembre del año pasado, aseguró que una de las pruebas era la grabación donde la regidora pedía dinero a cambio de remover a los comerciantes en vía pública que afectaba a los establecidos.
Ayón Hernández señaló después que la voz que solicitaba dinero para el "patrón" era una locataria, Laura María Gálvez Contreras, pero López Lozano indica que con el juicio político se comprobará que es mentira.
"Hablar ahorita es darle herramientas a la defensa de ella (Elisa Ayón), entonces es mejor traer guardaditas las pruebas para que en su momento, cuando lo consideren prudente los diputados, darlas a conocer".
Sobre el resultado del procedimiento legislativo, prefiere no vaticinar nada ya que eso le corresponde al Congreso. "Es algo que esperábamos, a veces no se dan los juicios políticos, y ahora hay las suficientes bases para iniciar el juicio. Y esperemos que se tomen las medidas".
Para saber
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impone que cuando los actos u omisiones de los funcionarios redunden en perjuicio de los intereses públicos, será procedente el juicio político, y no por "mera expresión de ideas".
Los actos u omisiones que contravengan las leyes locales y los reglamentos pueden ser presa de este proceso.
El Congreso debe actuar como jurado de sentencia. La Comisión de Responsabilidades tiene 45 días hábiles para emitir un dictamen que determine si es procedente la denuncia.
Si la resolución del Congreso es condenatoria se sancionará al servidor público con la destitución, y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos por diez años. Se tiene hasta un año para aplicar la sanción.
EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO
El empresario se reservó las pruebas que presentó ante el Congreso de Jalisco para iniciar el proceso, sin embargo, desde el día de la petición del juicio, el 27 de noviembre del año pasado, aseguró que una de las pruebas era la grabación donde la regidora pedía dinero a cambio de remover a los comerciantes en vía pública que afectaba a los establecidos.
Ayón Hernández señaló después que la voz que solicitaba dinero para el "patrón" era una locataria, Laura María Gálvez Contreras, pero López Lozano indica que con el juicio político se comprobará que es mentira.
"Hablar ahorita es darle herramientas a la defensa de ella (Elisa Ayón), entonces es mejor traer guardaditas las pruebas para que en su momento, cuando lo consideren prudente los diputados, darlas a conocer".
Sobre el resultado del procedimiento legislativo, prefiere no vaticinar nada ya que eso le corresponde al Congreso. "Es algo que esperábamos, a veces no se dan los juicios políticos, y ahora hay las suficientes bases para iniciar el juicio. Y esperemos que se tomen las medidas".
Para saber
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, impone que cuando los actos u omisiones de los funcionarios redunden en perjuicio de los intereses públicos, será procedente el juicio político, y no por "mera expresión de ideas".
Los actos u omisiones que contravengan las leyes locales y los reglamentos pueden ser presa de este proceso.
El Congreso debe actuar como jurado de sentencia. La Comisión de Responsabilidades tiene 45 días hábiles para emitir un dictamen que determine si es procedente la denuncia.
Si la resolución del Congreso es condenatoria se sancionará al servidor público con la destitución, y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos y cargos públicos por diez años. Se tiene hasta un año para aplicar la sanción.
EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO
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