Jalisco
Hasta 2016 rendirán cuentas los sindicatos
Todos deberán publicar la relación detallada de los recursos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, así como la forma en que gastan el erario
GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2015).- Desde mayo de 2015, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece como sujetos obligados a los sindicatos. A nivel federal ya es una realidad, pero en Jalisco se postergó la reforma local y entrará en vigor hasta enero de 2016.
Hasta entonces, los gremios se verán obligados a publicar el “padrón de socios y una relación detallada de los recursos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan”.
Lo anterior es relevante porque desde el sexenio pasado, el presupuesto del Gobierno de Jalisco ha costeado millonarios derroches de sindicatos, que incluyen festejos, desayunos, congresos, convenciones, remodelación de edificios, equipamiento de oficinas y camionetas lujosas.
En la última década, el Gobierno les entregó 81.4 millones de pesos bajo el concepto de subsidios y partidas extraordinarias, según un informe de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).
Con las reformas a la Ley estatal, “los sindicatos que reciban recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, la información obligatoria para todos los sujetos obligados”.
También están obligados a publicar los contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones generales de trabajo y el directorio del comité ejecutivo.
Sin embargo, la ley deja desprotegidos a los agremiados que acusan opacidad y discrecionalidad de sus líderes sindicales. ¿Qué hacen con tanto dinero? Es la pregunta sin respuesta que se hace María, secretaria del Ayuntamiento de Guadalajara desde hace dos décadas, afiliada al Sindicato de Servidores Públicos. A ella le descuentan 150 pesos a la quincena por pertenecer desde hace dos décadas a un sindicato que no le sirve para nada. “Nadie sabe qué hacen con tanto dinero, yo quisiera saber qué hacen con todas nuestras cuotas”.
María acusa al líder de su gremio, Fernando Jaime Gaytán, de nunca haber rendido un informe en los tres años que ha estado al frente.
Juan Pelayo Ruelas, líder desde hace 15 años de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco ha señalado: “Vamos a rendir cuentas nada más de lo que nos otorga el Gobierno, no tengo ningún empacho ni preocupación… a nosotros no nos afecta”.
Pero de aquí hasta que concluya este año, los sindicatos seguirán en la opacidad. “No (comprueban el gasto), me dan su recibo y, si Pelayo con eso viaja a Nueva York, regala despensas, paga la luz o no la paga, no conocemos porque no somos parte del sindicato… ellos tienen la obligación de rendirle cuentas sólo a sus agremiados”, señaló hace un mes Miguel Turriza Cuevas, director de Egresos de la Sepaf.
SERVICIOS PÚBLICOS
Concesionarias deben transparentar gasto
Además de los gremios laborales, la ley marca entre los nuevos sujetos obligados a todas las personas físicas o jurídicas que realicen actos de autoridad, como las empresas Caabsa Eagle y Metro Meters, que se encargan de la recolección de basura y parquímetros en Guadalajara, respectivamente, y que ahora tendrán que transparentar cómo se gastan el dinero de los contribuyentes.
Con los cambios a la ley, la empresa Metro Meters estará obligada a informar sobre los procedimientos de cobro y recaudación en los parquímetros, “forzosamente tendrán que publicar información fundamental”, subraya Cynthia Cantero Pacheco.
En 2014, la concesionaria tuvo una recaudación promedio mensual de apenas 1.56 millones de pesos, pero el universo de cuatro mil 900 estacionómetros podría otorgar hasta 12.8 millones; es decir, ocho veces más, si se toma en cuenta que cada parquímetro puede generar 102 pesos diarios en 306 días al año (los domingos y días festivos no se paga).
A partir de las nuevas disposiciones legales, todas las concesionarias que manejan servicios públicos serán también sujetos obligados.
A la lista se suma la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo Estatal Económico y Social y el Tribunal Electoral.
SE MATA EL ESPÍRITU DE LA LEY: MC
Restringen datos de cheques
Al armonizar la Ley de Transparencia en Jalisco teníamos tres caminos: cumplir a raja tabla lo que te dice la Ley General, ser más ambicioso para tener una ley más allá de lo que te obliga la reforma federal, o bien, cumplir con la reforma pero haciendo todos los mecanismos legales para matar el espíritu del ordenamiento, señaló el legislador Ricardo Rodríguez.
Sin embargo, el Gobierno del Estado se fue por la tercera vía, criticó el líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso: “Por eso votamos en contra… estamos haciendo un bien mal hecho, es una reforma que cumple con lo mínimo fundamental, pero en lo importante o esencial hace todo un esfuerzo por ser opaca para cubrir los intereses de quienes dirigen el Gobierno del Estado”.
Entre los puntos de mayor controversia están las pólizas de cheque. El dictamen avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales pedía que además de identificar el número del cheque, monto y nombre de beneficiario, se incluyera la partida presupuestal afectada y la factura o comprobante de gasto.
Lo anterior no procedió en la votación final, “ya venía en el dictamen, las pólizas se deben manejar como en cualquier empresa en el mundo, se debe profundizar en qué se hizo el egreso”.
Otro de los puntos que deja fuera es la publicación de los subejercicios presupuestales que se originan en cada ejercicio fiscal, “pedimos que se transparentaran los subejercicios, si te autorizan un presupuesto y no te lo gastas tendría que ser información pública, ya venía en el dictamen, pero al gobernador no le interesó”, reclama Ricardo Rodríguez.
La lista de omisiones enumeradas por el legislador naranja crece, pero también califica la reforma como “positiva”. Entre los aciertos, destaca incluir a los sindicatos, fideicomisos y a la Auditoría Superior del Estado como sujetos obligados; ampliar la información fundamental que deben publicar los sujetos obligados; así como las obligaciones para profundizar sobre las compras, adjudicaciones directas, concursos y licitaciones públicas, entre otras.
Aprueban nuevas obligaciones
Los poderes Ejecutivo y Judicial, los 125 ayuntamientos de Jalisco, el Congreso del Estado y el resto de los sujetos obligados de transparencia adquieren nuevas obligaciones una vez que entre en vigor la reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco que aprobó ayer el Legislativo.
Este medio solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) un informe detallado del desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las secretarías, así como de los programas que manejan, del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero la dependencia evadió responder y se reservó la información.
El Gobierno del Estado y los demás sujetos obligados ya no podrán reservar este tipo de información, pues la nueva legislación les obliga a publicar todos los indicadores e instrumentos que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y resultados; así como las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades. A la lista se añaden las evaluaciones, estudios y encuestas a programas financiados con recursos públicos.
Con los cambios aprobados, las nóminas públicas deberán incluir el número total de plazas del personal de base, de confianza y las vacantes. También se obliga a incluir “las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, en cuando menos los últimos tres años”, así como el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
Pero la ley no se queda ahí y en el caso de los empleados contratados por honorarios, se detalla que deberán publicarse los contratos, así como el concepto de asesorías y el trabajo que realizan.
Entre las nuevas obligaciones, se establece la publicación de un listado de las personas físicas o jurídicas a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos o que realicen actos de autoridad, así como los informes de dichas personas sobre el uso y destino de dichos recursos.
Sobre las disposiciones financieras se añaden a la lista todos los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando su origen, nombre de los responsables de ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados.
En materia de derechos humanos, los sujetos obligados deberán publicar las recomendaciones emitidas por los órganos públicos de los derechos humanos y las acciones que llevan a cabo para atenderlas.
También se publicarán todas las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los resultados de los mismos; y los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos, entre otras obligaciones.
REFORMA
Suben multas
Las ilegalidades en las cuales pueden caer los sujetos obligados y las nuevas sanciones son las siguientes.
De siete mil a 52 mil 500 pesos (la más alta anteriormente era de siete mil pesos) por:
No implementar en tiempo un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información.
No tomar las medidas adecuadas para la protección de la información pública contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción o eliminación no autorizados.
No publicar las actas de discusiones y acuerdos en las reuniones de órganos colegiados.
No emitir o no publicar en tiempo los criterios generales de clasificación de información pública.
No informar al Itei de las operaciones realizadas de los sistemas de información reservada y confidencial.
Negarse a recibir solicitudes de rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos de la información confidencial.
No resolver en tiempo las solicitudes de acceso, rectificación, modificación, corrección, oposición, sustitución o ampliación de datos confidenciales.
Negar orientación al público sobre la consulta y acceso a la información pública.
De 10 mil 515 a 70 mil pesos (la más alta anteriormente era de 35 mil pesos) por:
No publicar los datos de identificación de la Unidad de Transparencia o del procedimiento de consulta y acceso a la información.
No publicar de forma completa o no actualizar a tiempo la información fundamental.
Utilizar de manera inadecuada e irresponsable la información pública reservada o confidencial.
Clasificar como reservada, de manera dolosa, información que no cumple con las características.
Negarse a recibir solicitudes de información pública dirigidas al sujeto obligado al que pertenecen.
No resolver en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender.
Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a la información no contemplado en la ley de ingresos correspondiente.
Negar información de libre acceso o entregarla incompleta, errónea o falsa intencionalmente.
De 14 mil a 105 mil pesos (la más alta era de 70 mil pesos) por:
No constituir su Comité de Clasificación o su Unidad de Transparencia.
Difundir, distribuir, transferir, publicar, comercializar o permitir el acceso a la información confidencial sin autorización de su titular.
Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada, o permitir el acceso a personas no autorizadas por la ley.
SERÁ HASTA QUE LAS DICTAMINE EL CONGRESO
Ocultan auditorías tras revisión de la ASEJ
Aunque uno de los grandes avances en la reforma a la Ley de Transparencia del Estado es la inclusión de la Auditoría Superior como sujeto obligado, el Congreso dejó fuera la obligatoriedad de transparentar el proceso de cuentas públicas desde el informe que emite la Auditoría Superior de Jalisco (ASEJ), como lo previa inicialmente el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Las modificaciones al documento obedecen a las observaciones enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval. La consecuencia de la intervención del Estado es irreversible: No será considerada información fundamental, las versiones públicas de los dictámenes finales de la cuenta pública y estados financieros, una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Lo anterior impide a cualquier ciudadano conocer el proceso de las cuentas públicas y solamente se pondrán transparentar hasta que la cuenta sea dictaminada por el Congreso y tenga el visto bueno de la ASEJ.
El problema es que en los últimos 10 años una veintena de cuentas públicas han sido impugnadas en el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, entidad que ha evitado las sanciones contra servidores públicos emitidas por la Auditoría. En ese sentido, tampoco se podrán conocer esos documentos porque están en un juicio.
Por lo anterior, los legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en contra. “Nosotros creemos que en el proceso debería de haber información pública, pero aquí consideran que al final deberán haber versiones públicas de la cuenta pública. Esta propuesta venía en el dictamen y la mataron”, señala el diputado Ricardo Rodríguez.
En materia de fiscalización superior deberá también publicarse el programa anual de actividades de la Unidad de Vigilancia, las normas del sistema de evaluación del desempeño y el registro de los créditos fiscales aprobados con motivo del rechazo de las cuentas públicas.
HIZO OBSERVACIONES MÍNIMAS
El Itei emitirá pronunciamiento hasta hoy
Durante la construcción de la nueva Ley de Transparencia, el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) hizo observaciones mínimas. La prioridad fue que hubiera armonía entre el ordenamiento local y la Ley General.
De acuerdo con Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto, cada llamado de atención fue “preciso” y encaminado a la homologación de ambas leyes.
Aunque es la titular del Itei, expuso que ofrecerá una opinión con más bases este miércoles. ¿La razón? Hasta ayer por la tarde no conocía bajo qué términos se aprobó la reforma.
“Tengo confianza en que sea un buen producto, armonizado con la Ley General, que es lo que más me preocuparía que no hubiera sucedido, porque es lo que principalmente tendría que atenderse por parte del Estado: atender las disposiciones de la norma general y, por otro lado, que de lo que ya existía en el Estado no hubiéramos dado un paso atrás. Esto es lo que también se debió haber cuidado”.
GUÍA
La opacidad en las cuentas públicas
— ¿Qué proponía Movimiento Ciudadano?
— Publicar las versiones públicas de los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia. Publicar las versiones públicas de los dictámenes finales de la cuenta pública y los estados financieros, una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia. Transparentar las versiones públicas de los informes de resultados de las auditorías a fraccionamientos y, en su caso, las aclaraciones que corresponden una vez que sean entregadas.
— ¿Cómo quedó la ley?
— Se publicarán las versiones públicas de los informes de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto que se realicen y las aclaraciones que correspondan, hasta que se concluya el proceso de dictaminación por el Congreso.
— ¿Cuáles son las últimas evaluaciones del tema?
— La omisión de información financiera, patrimonial y administrativa persiste en los portales de internet del Congreso y la ASEJ. En la evaluación 2014 del Instituto de Transparencia sobre la publicación de información fundamental, obtuvieron las calificaciones más bajas en este rubro con 40 y 56 puntos, respectivamente.
La ASEJ tuvo incompleta la información referente a las cuentas públicas, auditorías externas e internas, entre otros.
LA VOZ DEL EXPERTO
Hay retroceso
José Bautista (miembro de Cimtra).
El Congreso del Estado vulneró la transparencia con la eliminación de las auditorías en la información fundamental que deben publicar las entidades gubernamentales, dice José Bautista, miembro del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra): “Me parece un retroceso”.
El también académico del ITESO explica que la única ventaja que se tiene del caso es que la Auditoría Superior del Estado será un sujeto obligado, ya que anteriormente se escudaba con el Congreso para proporcionar datos.
Indica que la publicación de las auditorías tras la revisión de la ASEJ “era un avance porque permitía que cualquier persona conociera las observaciones e inconsistencias de una cuenta pública. Pero ahora se presta a la negociación de los partidos los ajustes a las observaciones”.
Lamenta que los cambios a la ley no se hubieran consultado con más detenimiento ante ciudadanos y conocedores en el tema para que valoraran la conveniencia de las reformas. Menciona que la señal más clara y negativa fue que el mismo Instituto de Transparencia del Estado no conociera las reformas.
Destaca que se exija transparencia a los partidos políticos y sindicatos, aunque apunta inequidad con los candidatos independientes que no tendrán recursos humanos y financieros para atender las exigencias.
LA VOZ DEL EXPERTO
Interferencia de actores políticos
Francisco Álvarez Córdoba (director de Gobierno Abierto y Trasparencia del Inai).
Los grupos de poder, como los políticos y otros actores fácticos, interfieren en los esquemas de apertura de información pública, reconoce el director de Gobierno Abierto y Trasparencia en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), Francisco Álvarez Córdoba.
Uno de ellos será “el velo” que se pondrá a las cuentas públicas y sus auditorías. De hecho, añade que “la apertura gubernamental no necesariamente es un factor de valor cultural e institucional en México. Vivimos una era de antivalores democráticos”.
“Los ciudadanos tienen el derecho democrático de conocer en qué se gastan y ejercen los recursos técnicos y financieros de sus gobiernos”. Describe que ocultar los datos o no publicarlos son esquemas que hay que romper, pero la “cultura institucional dificulta esto”.
Explica que la misma ley ya establece cuál es el tipo de información que debe reservarse cuando ponga en peligro la seguridad nacional o menoscabe las relaciones con otros países, además de la personal; sin embargo las características específicas de las legislaciones “dependen mucho de ciertos actores sociales”.
Para contrarrestar estas fuerzas, asegura, una sociedad informada no permite que modifiquen los criterios de las leyes y privilegia la de máxima publicidad.
Sigue: #debateinformador
¿Qué opina de que la reforma a la Ley de Transparencia evadió que los servidores públicos publicarán sus declaraciones patrimoniales?
Participa en Twitter en el debate del día @informador
Hasta entonces, los gremios se verán obligados a publicar el “padrón de socios y una relación detallada de los recursos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan”.
Lo anterior es relevante porque desde el sexenio pasado, el presupuesto del Gobierno de Jalisco ha costeado millonarios derroches de sindicatos, que incluyen festejos, desayunos, congresos, convenciones, remodelación de edificios, equipamiento de oficinas y camionetas lujosas.
En la última década, el Gobierno les entregó 81.4 millones de pesos bajo el concepto de subsidios y partidas extraordinarias, según un informe de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).
Con las reformas a la Ley estatal, “los sindicatos que reciban recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, la información obligatoria para todos los sujetos obligados”.
También están obligados a publicar los contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, así como las condiciones generales de trabajo y el directorio del comité ejecutivo.
Sin embargo, la ley deja desprotegidos a los agremiados que acusan opacidad y discrecionalidad de sus líderes sindicales. ¿Qué hacen con tanto dinero? Es la pregunta sin respuesta que se hace María, secretaria del Ayuntamiento de Guadalajara desde hace dos décadas, afiliada al Sindicato de Servidores Públicos. A ella le descuentan 150 pesos a la quincena por pertenecer desde hace dos décadas a un sindicato que no le sirve para nada. “Nadie sabe qué hacen con tanto dinero, yo quisiera saber qué hacen con todas nuestras cuotas”.
María acusa al líder de su gremio, Fernando Jaime Gaytán, de nunca haber rendido un informe en los tres años que ha estado al frente.
Juan Pelayo Ruelas, líder desde hace 15 años de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados en Jalisco ha señalado: “Vamos a rendir cuentas nada más de lo que nos otorga el Gobierno, no tengo ningún empacho ni preocupación… a nosotros no nos afecta”.
Pero de aquí hasta que concluya este año, los sindicatos seguirán en la opacidad. “No (comprueban el gasto), me dan su recibo y, si Pelayo con eso viaja a Nueva York, regala despensas, paga la luz o no la paga, no conocemos porque no somos parte del sindicato… ellos tienen la obligación de rendirle cuentas sólo a sus agremiados”, señaló hace un mes Miguel Turriza Cuevas, director de Egresos de la Sepaf.
SERVICIOS PÚBLICOS
Concesionarias deben transparentar gasto
Además de los gremios laborales, la ley marca entre los nuevos sujetos obligados a todas las personas físicas o jurídicas que realicen actos de autoridad, como las empresas Caabsa Eagle y Metro Meters, que se encargan de la recolección de basura y parquímetros en Guadalajara, respectivamente, y que ahora tendrán que transparentar cómo se gastan el dinero de los contribuyentes.
Con los cambios a la ley, la empresa Metro Meters estará obligada a informar sobre los procedimientos de cobro y recaudación en los parquímetros, “forzosamente tendrán que publicar información fundamental”, subraya Cynthia Cantero Pacheco.
En 2014, la concesionaria tuvo una recaudación promedio mensual de apenas 1.56 millones de pesos, pero el universo de cuatro mil 900 estacionómetros podría otorgar hasta 12.8 millones; es decir, ocho veces más, si se toma en cuenta que cada parquímetro puede generar 102 pesos diarios en 306 días al año (los domingos y días festivos no se paga).
A partir de las nuevas disposiciones legales, todas las concesionarias que manejan servicios públicos serán también sujetos obligados.
A la lista se suma la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo Estatal Económico y Social y el Tribunal Electoral.
SE MATA EL ESPÍRITU DE LA LEY: MC
Restringen datos de cheques
Al armonizar la Ley de Transparencia en Jalisco teníamos tres caminos: cumplir a raja tabla lo que te dice la Ley General, ser más ambicioso para tener una ley más allá de lo que te obliga la reforma federal, o bien, cumplir con la reforma pero haciendo todos los mecanismos legales para matar el espíritu del ordenamiento, señaló el legislador Ricardo Rodríguez.
Sin embargo, el Gobierno del Estado se fue por la tercera vía, criticó el líder de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso: “Por eso votamos en contra… estamos haciendo un bien mal hecho, es una reforma que cumple con lo mínimo fundamental, pero en lo importante o esencial hace todo un esfuerzo por ser opaca para cubrir los intereses de quienes dirigen el Gobierno del Estado”.
Entre los puntos de mayor controversia están las pólizas de cheque. El dictamen avalado por la Comisión de Puntos Constitucionales pedía que además de identificar el número del cheque, monto y nombre de beneficiario, se incluyera la partida presupuestal afectada y la factura o comprobante de gasto.
Lo anterior no procedió en la votación final, “ya venía en el dictamen, las pólizas se deben manejar como en cualquier empresa en el mundo, se debe profundizar en qué se hizo el egreso”.
Otro de los puntos que deja fuera es la publicación de los subejercicios presupuestales que se originan en cada ejercicio fiscal, “pedimos que se transparentaran los subejercicios, si te autorizan un presupuesto y no te lo gastas tendría que ser información pública, ya venía en el dictamen, pero al gobernador no le interesó”, reclama Ricardo Rodríguez.
La lista de omisiones enumeradas por el legislador naranja crece, pero también califica la reforma como “positiva”. Entre los aciertos, destaca incluir a los sindicatos, fideicomisos y a la Auditoría Superior del Estado como sujetos obligados; ampliar la información fundamental que deben publicar los sujetos obligados; así como las obligaciones para profundizar sobre las compras, adjudicaciones directas, concursos y licitaciones públicas, entre otras.
Aprueban nuevas obligaciones
Los poderes Ejecutivo y Judicial, los 125 ayuntamientos de Jalisco, el Congreso del Estado y el resto de los sujetos obligados de transparencia adquieren nuevas obligaciones una vez que entre en vigor la reforma a la Ley de Transparencia de Jalisco que aprobó ayer el Legislativo.
Este medio solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) un informe detallado del desempeño y cumplimiento de objetivos de cada una de las secretarías, así como de los programas que manejan, del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero la dependencia evadió responder y se reservó la información.
El Gobierno del Estado y los demás sujetos obligados ya no podrán reservar este tipo de información, pues la nueva legislación les obliga a publicar todos los indicadores e instrumentos que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y resultados; así como las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades. A la lista se añaden las evaluaciones, estudios y encuestas a programas financiados con recursos públicos.
Con los cambios aprobados, las nóminas públicas deberán incluir el número total de plazas del personal de base, de confianza y las vacantes. También se obliga a incluir “las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, en cuando menos los últimos tres años”, así como el listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
Pero la ley no se queda ahí y en el caso de los empleados contratados por honorarios, se detalla que deberán publicarse los contratos, así como el concepto de asesorías y el trabajo que realizan.
Entre las nuevas obligaciones, se establece la publicación de un listado de las personas físicas o jurídicas a quienes se les asigne o permita usar recursos públicos o que realicen actos de autoridad, así como los informes de dichas personas sobre el uso y destino de dichos recursos.
Sobre las disposiciones financieras se añaden a la lista todos los ingresos extraordinarios recibidos por cualquier concepto, señalando su origen, nombre de los responsables de ejercerlos, así como el proyecto o programa donde serán aplicados.
En materia de derechos humanos, los sujetos obligados deberán publicar las recomendaciones emitidas por los órganos públicos de los derechos humanos y las acciones que llevan a cabo para atenderlas.
También se publicarán todas las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, los resultados de los mismos; y los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos, entre otras obligaciones.
REFORMA
Suben multas
Las ilegalidades en las cuales pueden caer los sujetos obligados y las nuevas sanciones son las siguientes.
De siete mil a 52 mil 500 pesos (la más alta anteriormente era de siete mil pesos) por:
No implementar en tiempo un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información.
No tomar las medidas adecuadas para la protección de la información pública contra acceso, utilización, sustracción, modificación, destrucción o eliminación no autorizados.
No publicar las actas de discusiones y acuerdos en las reuniones de órganos colegiados.
No emitir o no publicar en tiempo los criterios generales de clasificación de información pública.
No informar al Itei de las operaciones realizadas de los sistemas de información reservada y confidencial.
Negarse a recibir solicitudes de rectificación, modificación, corrección, sustitución o ampliación de datos de la información confidencial.
No resolver en tiempo las solicitudes de acceso, rectificación, modificación, corrección, oposición, sustitución o ampliación de datos confidenciales.
Negar orientación al público sobre la consulta y acceso a la información pública.
De 10 mil 515 a 70 mil pesos (la más alta anteriormente era de 35 mil pesos) por:
No publicar los datos de identificación de la Unidad de Transparencia o del procedimiento de consulta y acceso a la información.
No publicar de forma completa o no actualizar a tiempo la información fundamental.
Utilizar de manera inadecuada e irresponsable la información pública reservada o confidencial.
Clasificar como reservada, de manera dolosa, información que no cumple con las características.
Negarse a recibir solicitudes de información pública dirigidas al sujeto obligado al que pertenecen.
No resolver en tiempo las solicitudes de información pública que le corresponda atender.
Cobrar por cualquier trámite dentro del procedimiento de acceso a la información no contemplado en la ley de ingresos correspondiente.
Negar información de libre acceso o entregarla incompleta, errónea o falsa intencionalmente.
De 14 mil a 105 mil pesos (la más alta era de 70 mil pesos) por:
No constituir su Comité de Clasificación o su Unidad de Transparencia.
Difundir, distribuir, transferir, publicar, comercializar o permitir el acceso a la información confidencial sin autorización de su titular.
Difundir, distribuir, transferir, publicar o comercializar información reservada, o permitir el acceso a personas no autorizadas por la ley.
SERÁ HASTA QUE LAS DICTAMINE EL CONGRESO
Ocultan auditorías tras revisión de la ASEJ
Aunque uno de los grandes avances en la reforma a la Ley de Transparencia del Estado es la inclusión de la Auditoría Superior como sujeto obligado, el Congreso dejó fuera la obligatoriedad de transparentar el proceso de cuentas públicas desde el informe que emite la Auditoría Superior de Jalisco (ASEJ), como lo previa inicialmente el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Las modificaciones al documento obedecen a las observaciones enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval. La consecuencia de la intervención del Estado es irreversible: No será considerada información fundamental, las versiones públicas de los dictámenes finales de la cuenta pública y estados financieros, una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
Lo anterior impide a cualquier ciudadano conocer el proceso de las cuentas públicas y solamente se pondrán transparentar hasta que la cuenta sea dictaminada por el Congreso y tenga el visto bueno de la ASEJ.
El problema es que en los últimos 10 años una veintena de cuentas públicas han sido impugnadas en el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, entidad que ha evitado las sanciones contra servidores públicos emitidas por la Auditoría. En ese sentido, tampoco se podrán conocer esos documentos porque están en un juicio.
Por lo anterior, los legisladores de Movimiento Ciudadano votaron en contra. “Nosotros creemos que en el proceso debería de haber información pública, pero aquí consideran que al final deberán haber versiones públicas de la cuenta pública. Esta propuesta venía en el dictamen y la mataron”, señala el diputado Ricardo Rodríguez.
En materia de fiscalización superior deberá también publicarse el programa anual de actividades de la Unidad de Vigilancia, las normas del sistema de evaluación del desempeño y el registro de los créditos fiscales aprobados con motivo del rechazo de las cuentas públicas.
HIZO OBSERVACIONES MÍNIMAS
El Itei emitirá pronunciamiento hasta hoy
Durante la construcción de la nueva Ley de Transparencia, el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) hizo observaciones mínimas. La prioridad fue que hubiera armonía entre el ordenamiento local y la Ley General.
De acuerdo con Cynthia Cantero Pacheco, titular del Instituto, cada llamado de atención fue “preciso” y encaminado a la homologación de ambas leyes.
Aunque es la titular del Itei, expuso que ofrecerá una opinión con más bases este miércoles. ¿La razón? Hasta ayer por la tarde no conocía bajo qué términos se aprobó la reforma.
“Tengo confianza en que sea un buen producto, armonizado con la Ley General, que es lo que más me preocuparía que no hubiera sucedido, porque es lo que principalmente tendría que atenderse por parte del Estado: atender las disposiciones de la norma general y, por otro lado, que de lo que ya existía en el Estado no hubiéramos dado un paso atrás. Esto es lo que también se debió haber cuidado”.
GUÍA
La opacidad en las cuentas públicas
— ¿Qué proponía Movimiento Ciudadano?
— Publicar las versiones públicas de los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia. Publicar las versiones públicas de los dictámenes finales de la cuenta pública y los estados financieros, una vez que sean entregados a la Comisión de Vigilancia. Transparentar las versiones públicas de los informes de resultados de las auditorías a fraccionamientos y, en su caso, las aclaraciones que corresponden una vez que sean entregadas.
— ¿Cómo quedó la ley?
— Se publicarán las versiones públicas de los informes de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto que se realicen y las aclaraciones que correspondan, hasta que se concluya el proceso de dictaminación por el Congreso.
— ¿Cuáles son las últimas evaluaciones del tema?
— La omisión de información financiera, patrimonial y administrativa persiste en los portales de internet del Congreso y la ASEJ. En la evaluación 2014 del Instituto de Transparencia sobre la publicación de información fundamental, obtuvieron las calificaciones más bajas en este rubro con 40 y 56 puntos, respectivamente.
La ASEJ tuvo incompleta la información referente a las cuentas públicas, auditorías externas e internas, entre otros.
LA VOZ DEL EXPERTO
Hay retroceso
José Bautista (miembro de Cimtra).
El Congreso del Estado vulneró la transparencia con la eliminación de las auditorías en la información fundamental que deben publicar las entidades gubernamentales, dice José Bautista, miembro del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra): “Me parece un retroceso”.
El también académico del ITESO explica que la única ventaja que se tiene del caso es que la Auditoría Superior del Estado será un sujeto obligado, ya que anteriormente se escudaba con el Congreso para proporcionar datos.
Indica que la publicación de las auditorías tras la revisión de la ASEJ “era un avance porque permitía que cualquier persona conociera las observaciones e inconsistencias de una cuenta pública. Pero ahora se presta a la negociación de los partidos los ajustes a las observaciones”.
Lamenta que los cambios a la ley no se hubieran consultado con más detenimiento ante ciudadanos y conocedores en el tema para que valoraran la conveniencia de las reformas. Menciona que la señal más clara y negativa fue que el mismo Instituto de Transparencia del Estado no conociera las reformas.
Destaca que se exija transparencia a los partidos políticos y sindicatos, aunque apunta inequidad con los candidatos independientes que no tendrán recursos humanos y financieros para atender las exigencias.
LA VOZ DEL EXPERTO
Interferencia de actores políticos
Francisco Álvarez Córdoba (director de Gobierno Abierto y Trasparencia del Inai).
Los grupos de poder, como los políticos y otros actores fácticos, interfieren en los esquemas de apertura de información pública, reconoce el director de Gobierno Abierto y Trasparencia en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), Francisco Álvarez Córdoba.
Uno de ellos será “el velo” que se pondrá a las cuentas públicas y sus auditorías. De hecho, añade que “la apertura gubernamental no necesariamente es un factor de valor cultural e institucional en México. Vivimos una era de antivalores democráticos”.
“Los ciudadanos tienen el derecho democrático de conocer en qué se gastan y ejercen los recursos técnicos y financieros de sus gobiernos”. Describe que ocultar los datos o no publicarlos son esquemas que hay que romper, pero la “cultura institucional dificulta esto”.
Explica que la misma ley ya establece cuál es el tipo de información que debe reservarse cuando ponga en peligro la seguridad nacional o menoscabe las relaciones con otros países, además de la personal; sin embargo las características específicas de las legislaciones “dependen mucho de ciertos actores sociales”.
Para contrarrestar estas fuerzas, asegura, una sociedad informada no permite que modifiquen los criterios de las leyes y privilegia la de máxima publicidad.
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¿Qué opina de que la reforma a la Ley de Transparencia evadió que los servidores públicos publicarán sus declaraciones patrimoniales?
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