Jalisco
Hace el PAN “huizachadas” en el Instituto Electoral: Javier Guízar
Javier Guízar adelantó que si hay elementos para proceder legalmente, el PRI asumirá su responsabilidad en el caso de las indemnizaciones a consejeros electorales
GUADALAJARA, JALISCO.- La millonaria indemnización que recibieron los ex consejeros del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), José Luis Castellanos González y Rosa del Carmen Álvarez López, motivaron que este día, el presidente del PRI Jalisco, Javier Guízar Macías, se dijera sorprendido por las cantidades (9.2 y 3.7 millones de pesos, respectivamente, sin descontarles los impuestos), y reflejara que de momento hay un completo rompimiento político entre PRI y PAN, pues acusó a los panistas de estar “preparando otra huizachada” que según previó, se concretará este miércoles al publicarse una convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros electorales, sin tomar en cuenta a los consejeros suplentes, quienes cuentan con incluso con el apoyo de la presidenta nacional del partido Beatriz Paredes Rangel.
Cuando se le cuestionó al presidente del PRI en Jalisco que además, fueron indemnizadas otras personas como el asesor de Castellanos González, Pedro Pablo Quintero Badillo, con tres millones 50 mil pesos, y al ex secretario general de Instituto, Manuel Ríos Gutiérrez, siendo que ellos no eran consejeros electorales y por tanto, no estaban contemplados en el artículo tercero transitorio de la reforma electoral constitucional, ya invalidado por la Suprema Corte, sólo atinó a decir: “Pues… es mucho dinero”.
El dirigente priista aceptó que desde el principio, “nosotros estuvimos de acuerdo con la reforma y con ese artículo transitorio para remover a los consejeros electorales, pero los montos de indemnizaciones no los conocíamos. No estábamos enterados. Supongo que esas cantidades las determinaron los asesores técnicos de la Junta de Coordinación Política del Congreso”.
Entrevistado por separado, el representante del PRI ante el Instituto Electoral, José Luis Monterde Ramírez, coincidió en desconocer cómo fue que se asignaron las indemnizaciones al asesor Pedro Pablo Quintero y al ex secretario Manuel Ríos… “no lo sé. Desconozco qué negociación hicieron porque efectivamente, no eran consejeros electorales y no estaban contemplados en la reforma electoral”.
Javier Guízar adelantó que si hay elementos para proceder legalmente, el PRI asumirá su responsabilidad y denunciará formalmente, ante la autoridad correspondiente, los pagos ilegales que hayan acordado los diputados.
Las indemnizaciones descritas figuran en el acuerdo legislativo número 647-LVIII-08, aprobado en la sesión del pleno de los diputados del 12 de septiembre pasado, acuerdo pactado por los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD, junto con los diputados coordinadores de las diferentes fracciones en el Congreso.
El documento estuvo prácticamente oculto durante un mes, hasta que ayer, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, recibió instrucciones para darlo a conocer públicamente. La oficina de Comunicación del Poder Legislativo lo distribuyó entonces, dando a conocer la información que por un mes fue sólo un manojo de reconocimientos por parte de legisladores como el mismo Salinas Osornio, el perredista Samuel Romero y el priista y presidente de la Comisión legislativa de Administración, Jorge Arana Arana.
EL INFORMADOR/ JORGE OCTAVIO NAVARRO.
Cuando se le cuestionó al presidente del PRI en Jalisco que además, fueron indemnizadas otras personas como el asesor de Castellanos González, Pedro Pablo Quintero Badillo, con tres millones 50 mil pesos, y al ex secretario general de Instituto, Manuel Ríos Gutiérrez, siendo que ellos no eran consejeros electorales y por tanto, no estaban contemplados en el artículo tercero transitorio de la reforma electoral constitucional, ya invalidado por la Suprema Corte, sólo atinó a decir: “Pues… es mucho dinero”.
El dirigente priista aceptó que desde el principio, “nosotros estuvimos de acuerdo con la reforma y con ese artículo transitorio para remover a los consejeros electorales, pero los montos de indemnizaciones no los conocíamos. No estábamos enterados. Supongo que esas cantidades las determinaron los asesores técnicos de la Junta de Coordinación Política del Congreso”.
Entrevistado por separado, el representante del PRI ante el Instituto Electoral, José Luis Monterde Ramírez, coincidió en desconocer cómo fue que se asignaron las indemnizaciones al asesor Pedro Pablo Quintero y al ex secretario Manuel Ríos… “no lo sé. Desconozco qué negociación hicieron porque efectivamente, no eran consejeros electorales y no estaban contemplados en la reforma electoral”.
Javier Guízar adelantó que si hay elementos para proceder legalmente, el PRI asumirá su responsabilidad y denunciará formalmente, ante la autoridad correspondiente, los pagos ilegales que hayan acordado los diputados.
Las indemnizaciones descritas figuran en el acuerdo legislativo número 647-LVIII-08, aprobado en la sesión del pleno de los diputados del 12 de septiembre pasado, acuerdo pactado por los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD, junto con los diputados coordinadores de las diferentes fracciones en el Congreso.
El documento estuvo prácticamente oculto durante un mes, hasta que ayer, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, recibió instrucciones para darlo a conocer públicamente. La oficina de Comunicación del Poder Legislativo lo distribuyó entonces, dando a conocer la información que por un mes fue sólo un manojo de reconocimientos por parte de legisladores como el mismo Salinas Osornio, el perredista Samuel Romero y el priista y presidente de la Comisión legislativa de Administración, Jorge Arana Arana.
EL INFORMADOR/ JORGE OCTAVIO NAVARRO.
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