Jalisco
Guadalajara ''premia'' a desarrollador de obra sin licencia
La Secretaría General le otorgó un descuento de 80% en la multa que se le impuso por haber edificado una torre sin autorización municipal
GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2011).- El
Ayuntamiento de Guadalajara y sus dependencias no sólo toleraron la edificación de una torre habitacional en la colonia Agraria sin que ésta contara con una licencia de construcción, además, premiaron al desarrollador del inmueble concediéndole un descuento importante en la sanción que se le había impuesto por la violación a la reglamentación municipal.
El titular de la Secretaría General, Roberto López Lara, autorizó un descuento de 80% para el desarrollador de esa torre, denominada “La Escondida”, mediante el oficio 0143/2010, para que una multa que se había aplicado originalmente por un monto de 50 mil pesos, fuera cubierta con un pago de únicamente 10 mil pesos, mismo que se realizó el 7 de junio de 2010, según los registros del Módulo de Recaudadora de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.
Esa multa por 50 mil pesos se le había impuesto al desarrollador precisamente “por carecer de licencia de construcción”, y se desprende del acta 112309, levantada por la Dirección de Inspección y Vigilancia, el 31 de mayo de 2010, cuando se constató que las obras seguían en el predio que se localiza en la calle Hipódromo número 2045, sin una autorización de la Secretaría de Obras Públicas (antes de esta clausura ya se habían emitido dos apercibimientos al desarrollador Marco Antonio Zaragoza Loera, con los folios 25527 y 25891, por la misma violación reglamentaria).
Es decir, por un lado, los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia cumplían con su labor (Juan Manuel Pacheco Almaraz, Luis Enrique Beltrán Robles y Fortunato García Granados fueron los comisionados), y levantaban el acta correspondiente por la construcción irregular de la torre; por el otro, el titular de la Secretaría, López Lara, optaba por concederle al responsable de la obra el descuento de 80% para aminorar el pago de su castigo.
A través de una solicitud de información para conocer los fundamentos a los que recurrió la Secretaría General para proceder de esta manera, la dependencia responde que es facultad de su titular (López Lara): “Condonar o reducir por acuerdo del presidente municipal, las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal”, según el artículo 32, fracción VIII, del Reglamento de la Administración Pública Municipal.
Cuando se le pregunta por los motivos específicos para haber reducido casi en su totalidad esa multa en particular (algún tipo de error en el acta de los inspectores, por ejemplo), se responde de la misma manera: porque es facultad del secretario general.
De esta forma, pese a que la sanción se aplicó correctamente por los inspectores sobre una violación clara a la normatividad municipal (al artículo 102 del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano), López Lara concedió el beneficio al desarrollador, aunque éste no regularizó su situación con la obtención de una licencia de construcción, lo que se confirma con la nueva imposición de sellos de clausura a la torre que sucedió el 19 de noviembre de 2010 (seis meses después de la primera suspensión), cuando el caso fue expuesto mediáticamente.
Para cuando se aplicó esta clausura del 19 de noviembre, ya habían transcurrido alrededor de 10 meses de construcción sin una autorización de la Secretaría de Obras Públicas.
Otras multas
La Dirección de Inspección y Vigilancia llegó a generar otra multa para el desarrollo de Hipódromo 2045, esta vez por una violación a los sellos de clausura que se habían impuesto a la obra en una visita anterior. La nueva multa se desprende del acta 112431, también de conformidad a los registros del Módulo de Recaudadora de la Dirección de Ingresos, de la Tesorería Municipal de Guadalajara.
Esa acta se levantó el 4 de junio de 2010, poco después de la primera clausura determinada el 31 de mayo y, efectivamente, según lo dice el documento, los inspectores constataron que la construcción se había retomado “sin la autorización correspondiente municipal”.
La violación de los sellos representa un costo en la multa de tres mil pesos, pero ésta no había sido pagada por el desarrollador, por lo menos hasta el 26 de noviembre pasado, fecha en la que se obtuvo esta respuesta de la autoridad municipal.
Investigación en curso
Es de suponerse que en estos momentos se desarrolla una investigación al interior del Ayuntamiento tapatío para dar con las áreas y funcionarios responsables de haber permitido la edificación de este desarrollo, que ni siquiera debió haber comenzado por carecer de una licencia de construcción, pues sí lo anunciaron la Sindicatura y la Secretaría de Contraloría Municipal.
El 22 de noviembre, el titular de la Sindicatura, Héctor Pizano Ramos, afirmó que el presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, había ordenado una indagatoria al respecto. El síndico enfatizó aquella vez la necesidad de esclarecer cómo se había permitido tal avance de la obra si ésta incluso había llegado a ser clausurada.
“El presidente municipal hizo un enérgico llamado para que se revisara a fondo este asunto, en virtud de que en su momento se tomó la determinación oportuna de clausurarlo por la falta de licencia; habrá que revisar en el ámbito de cada una de las responsabilidades de las áreas correspondientes, el por qué se permitió llevar a cabo la edificación y, segundo, por qué después de haberse clausurado se permite la reapertura” (EL INFORMADOR 22/11/2010).
La Dirección de Inspección y Vigilancia es una dependencia subordinada a la Secretaría General.
El titular de la Secretaría General, Roberto López Lara, autorizó un descuento de 80% para el desarrollador de esa torre, denominada “La Escondida”, mediante el oficio 0143/2010, para que una multa que se había aplicado originalmente por un monto de 50 mil pesos, fuera cubierta con un pago de únicamente 10 mil pesos, mismo que se realizó el 7 de junio de 2010, según los registros del Módulo de Recaudadora de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.
Esa multa por 50 mil pesos se le había impuesto al desarrollador precisamente “por carecer de licencia de construcción”, y se desprende del acta 112309, levantada por la Dirección de Inspección y Vigilancia, el 31 de mayo de 2010, cuando se constató que las obras seguían en el predio que se localiza en la calle Hipódromo número 2045, sin una autorización de la Secretaría de Obras Públicas (antes de esta clausura ya se habían emitido dos apercibimientos al desarrollador Marco Antonio Zaragoza Loera, con los folios 25527 y 25891, por la misma violación reglamentaria).
Es decir, por un lado, los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia cumplían con su labor (Juan Manuel Pacheco Almaraz, Luis Enrique Beltrán Robles y Fortunato García Granados fueron los comisionados), y levantaban el acta correspondiente por la construcción irregular de la torre; por el otro, el titular de la Secretaría, López Lara, optaba por concederle al responsable de la obra el descuento de 80% para aminorar el pago de su castigo.
A través de una solicitud de información para conocer los fundamentos a los que recurrió la Secretaría General para proceder de esta manera, la dependencia responde que es facultad de su titular (López Lara): “Condonar o reducir por acuerdo del presidente municipal, las multas impuestas por la contravención a los reglamentos, normas y acuerdos de carácter municipal”, según el artículo 32, fracción VIII, del Reglamento de la Administración Pública Municipal.
Cuando se le pregunta por los motivos específicos para haber reducido casi en su totalidad esa multa en particular (algún tipo de error en el acta de los inspectores, por ejemplo), se responde de la misma manera: porque es facultad del secretario general.
De esta forma, pese a que la sanción se aplicó correctamente por los inspectores sobre una violación clara a la normatividad municipal (al artículo 102 del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano), López Lara concedió el beneficio al desarrollador, aunque éste no regularizó su situación con la obtención de una licencia de construcción, lo que se confirma con la nueva imposición de sellos de clausura a la torre que sucedió el 19 de noviembre de 2010 (seis meses después de la primera suspensión), cuando el caso fue expuesto mediáticamente.
Para cuando se aplicó esta clausura del 19 de noviembre, ya habían transcurrido alrededor de 10 meses de construcción sin una autorización de la Secretaría de Obras Públicas.
Otras multas
La Dirección de Inspección y Vigilancia llegó a generar otra multa para el desarrollo de Hipódromo 2045, esta vez por una violación a los sellos de clausura que se habían impuesto a la obra en una visita anterior. La nueva multa se desprende del acta 112431, también de conformidad a los registros del Módulo de Recaudadora de la Dirección de Ingresos, de la Tesorería Municipal de Guadalajara.
Esa acta se levantó el 4 de junio de 2010, poco después de la primera clausura determinada el 31 de mayo y, efectivamente, según lo dice el documento, los inspectores constataron que la construcción se había retomado “sin la autorización correspondiente municipal”.
La violación de los sellos representa un costo en la multa de tres mil pesos, pero ésta no había sido pagada por el desarrollador, por lo menos hasta el 26 de noviembre pasado, fecha en la que se obtuvo esta respuesta de la autoridad municipal.
Investigación en curso
Es de suponerse que en estos momentos se desarrolla una investigación al interior del Ayuntamiento tapatío para dar con las áreas y funcionarios responsables de haber permitido la edificación de este desarrollo, que ni siquiera debió haber comenzado por carecer de una licencia de construcción, pues sí lo anunciaron la Sindicatura y la Secretaría de Contraloría Municipal.
El 22 de noviembre, el titular de la Sindicatura, Héctor Pizano Ramos, afirmó que el presidente municipal, Aristóteles Sandoval Díaz, había ordenado una indagatoria al respecto. El síndico enfatizó aquella vez la necesidad de esclarecer cómo se había permitido tal avance de la obra si ésta incluso había llegado a ser clausurada.
“El presidente municipal hizo un enérgico llamado para que se revisara a fondo este asunto, en virtud de que en su momento se tomó la determinación oportuna de clausurarlo por la falta de licencia; habrá que revisar en el ámbito de cada una de las responsabilidades de las áreas correspondientes, el por qué se permitió llevar a cabo la edificación y, segundo, por qué después de haberse clausurado se permite la reapertura” (EL INFORMADOR 22/11/2010).
La Dirección de Inspección y Vigilancia es una dependencia subordinada a la Secretaría General.
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