Jalisco
Guadalajara, imposibilitado a pagar indemnización millonaria
Ramiro Hernández, alcalde, asegura que hasta el momento no ha recibido ninguna medida de apremio para dar cumplimiento al pago por 20 MDP
GUADALAJARA, JALISCO (22/JUL/2013).- El Ayuntamiento de Guadalajara está imposibilitado a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (Jalisco), que lo condena a pagar 20 millones de pesos de indemnización a una mujer que fue víctima de un ex policía tapatío, en el año 2005, según lo asevera el presidente municipal, Ramiro Hernández García.
Lo que queda, dice el alcalde, es explorar nuevas alternativas legales para combatir la sentencia, o profundizar en la vía de la negociación con la afectada, pero no hacer una erogación de tal tamaño, pues está fuera de las condiciones presupuestales del Gobierno municipal.
“Nosotros el problema que tenemos es que no hay recursos previstos para un pago de esa cantidad. Estamos abiertos para cualquier negociación o acuerdos, creo que las negociaciones incluso vienen de tiempo atrás, esta es una resolución que tiene un proceso inicial desde 2005 y entiendo que parte de los acuerdos o negociaciones que se dieron fue a partir de que se le pudiera generar condiciones (a la víctima) de trabajo (en el Ayuntamiento) y hasta ahora se han cumplido. Cuando se habla de cantidades de esta magnitud, la verdad es que están fuera del presupuesto que el Ayuntamiento tiene considerado”.
Con respecto a las posibilidades de la Sindicatura para combatir la sentencia, aunó:
“Es una cuestión que tendrá que revisar el área jurídica, es un asunto legal que se ha venido procesando en esta área y será a partir de las posibilidades jurídicas que existan, y la voluntad también para poder establecer alguna negociación, como pueda resolverse, lo que yo puedo decir es que en este momento presupuestalmente el Ayuntamiento no tiene recursos para atenderlo”.
Aunque la sentencia se habría emitido en 2011, hasta el momento, sin embargo, el presidente municipal no ha sido notificado de ninguna medida de apremio para que dé cumplimiento a la misma, según lo expresó Hernández García: “Hasta ahorita no tengo ninguna prevención de esta naturaleza”.
El caso se remonta al 17 de octubre de 2005, cuando un policía tapatío –ya no lo es- disparó a una mujer, Angélicas Rodríguez Luévano, ocasionándole una discapacidad motriz.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
Lo que queda, dice el alcalde, es explorar nuevas alternativas legales para combatir la sentencia, o profundizar en la vía de la negociación con la afectada, pero no hacer una erogación de tal tamaño, pues está fuera de las condiciones presupuestales del Gobierno municipal.
“Nosotros el problema que tenemos es que no hay recursos previstos para un pago de esa cantidad. Estamos abiertos para cualquier negociación o acuerdos, creo que las negociaciones incluso vienen de tiempo atrás, esta es una resolución que tiene un proceso inicial desde 2005 y entiendo que parte de los acuerdos o negociaciones que se dieron fue a partir de que se le pudiera generar condiciones (a la víctima) de trabajo (en el Ayuntamiento) y hasta ahora se han cumplido. Cuando se habla de cantidades de esta magnitud, la verdad es que están fuera del presupuesto que el Ayuntamiento tiene considerado”.
Con respecto a las posibilidades de la Sindicatura para combatir la sentencia, aunó:
“Es una cuestión que tendrá que revisar el área jurídica, es un asunto legal que se ha venido procesando en esta área y será a partir de las posibilidades jurídicas que existan, y la voluntad también para poder establecer alguna negociación, como pueda resolverse, lo que yo puedo decir es que en este momento presupuestalmente el Ayuntamiento no tiene recursos para atenderlo”.
Aunque la sentencia se habría emitido en 2011, hasta el momento, sin embargo, el presidente municipal no ha sido notificado de ninguna medida de apremio para que dé cumplimiento a la misma, según lo expresó Hernández García: “Hasta ahorita no tengo ninguna prevención de esta naturaleza”.
El caso se remonta al 17 de octubre de 2005, cuando un policía tapatío –ya no lo es- disparó a una mujer, Angélicas Rodríguez Luévano, ocasionándole una discapacidad motriz.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
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