Jalisco
Gobierno de Jalisco veta reformas a ley Uber
Entre las observaciones, destacan la prohibición para que las Empresas de Redes de Transporte puedan cobrar en efectivo
GUADALAJARA, JALISCO (14/ABR/2016).- El Gobierno de Jalisco vetó las reformas aprobadas por el Congreso del Estado a la Ley de Movilidad, que planten entregar concesiones a taxistas que acrediten una antigüedad de 10 años y que permiten la operación de plataformas como Uber y City Drive en Jalisco.
En el documento, el Ejecutivo pidió a los diputados que eliminen del artículo 113 el esquema de entrega de permisos de manera "inmediata" a los taxistas, ya que se podría registrar un descontrol en el número de concesiones autorizadas.
"Que no sea automático porque se podría sentir como una anarquía totalmente, sino, en una forma lineal, previo a convocatoria, previo a estudio, al tema de sustentabilidad y la agenda verde que estamos promoviendo", señaló el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara.
Asimismo, solicitaron que el proceso de adquisición de permisos se realice mediante una convocatoria en donde los chóferes con una década de servicio obtengan un trato preferente y el número de concesiones sea determinado mediante los estudios de demanda del Instituto de Movilidad.
En el caso de los artículos que autorizan la regularización de Empresas de Redes de Transporte, el Poder Ejecutivo realizó siete observaciones, entre las que destacan la prohibición de cobrar en efectivo. Por lo que se propone que el pago se realice únicamente vía tarjeta de crédito.
Respecto a la tarifa dinámica, el Ejecutivo tendrá la facultad de impedir el alza en el costo del servicio conforme al incremento a la demanda, siempre y cuando exista una causa de interés social.
Por otro lado, se propone modificar el destino del fondo verde a una bolsa para las víctimas del transporte, debido a que la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente prevé una bolsa para este fin. Este planteamiento fue realizado por la organización civil Víctimas de la Violencia Vial.
EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ
En el documento, el Ejecutivo pidió a los diputados que eliminen del artículo 113 el esquema de entrega de permisos de manera "inmediata" a los taxistas, ya que se podría registrar un descontrol en el número de concesiones autorizadas.
"Que no sea automático porque se podría sentir como una anarquía totalmente, sino, en una forma lineal, previo a convocatoria, previo a estudio, al tema de sustentabilidad y la agenda verde que estamos promoviendo", señaló el secretario General de Gobierno, Roberto López Lara.
Asimismo, solicitaron que el proceso de adquisición de permisos se realice mediante una convocatoria en donde los chóferes con una década de servicio obtengan un trato preferente y el número de concesiones sea determinado mediante los estudios de demanda del Instituto de Movilidad.
En el caso de los artículos que autorizan la regularización de Empresas de Redes de Transporte, el Poder Ejecutivo realizó siete observaciones, entre las que destacan la prohibición de cobrar en efectivo. Por lo que se propone que el pago se realice únicamente vía tarjeta de crédito.
Respecto a la tarifa dinámica, el Ejecutivo tendrá la facultad de impedir el alza en el costo del servicio conforme al incremento a la demanda, siempre y cuando exista una causa de interés social.
Por otro lado, se propone modificar el destino del fondo verde a una bolsa para las víctimas del transporte, debido a que la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente prevé una bolsa para este fin. Este planteamiento fue realizado por la organización civil Víctimas de la Violencia Vial.
EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ
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