Jalisco
Gobierno de Jalisco pide que conflicto limítrofe regrese a la Suprema Corte
Consideran que en el Senado de la República la decisión será política
GUADALAJARA, JALISCO.- Tras el resurgimiento del conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, hace un llamado para que se modifique la Constitución y el caso pueda regresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues dijo debe resolverse conforme a la ley, y no como un asunto político.
“Hemos insistido por el lado de Jalisco, y hay dos iniciativas por parte de legisladores jaliscienses para que se reforme la Constitución y pase este asunto a la Corte (SCJN), que es la que debe resolverlo como máxima autoridad del país”, señaló Guzmán Pérez Peláez.
Reconoció que el asunto no se resolverá pronto en el Senado, debido a que no existe una ley reglamentaria y desde hace tres años no se ha tenido un avance en el tema: “No tienen ni ley reglamentaria, aunque tengan la mayor disposición. Puede haber disposición, pero es una instancia política, no jurídica. Por eso, lo más conveniente es que se reforme la Constitución y se devuelva a la Corte (SCJN), porque ahí está el asunto ya para dictar sentencia”.
El 13 de octubre nuevamente el conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima estalló, debido a que el Estado vecino inició con la ejecución de obras hidráulicas en la zona de El Rebalse, en Cihuatlán, pese al convenio en el cual las dos entidades federativas se comprometieron a no realizar ningún trabajo por el conflicto que existe sobre la legalidad de las tierras.
Ante ello, la Sub Secretaría General de Gobierno canceló los trabajo que Colima estaba efectuando y Jalisco envió elementos de seguridad para proteger la zona.
El viernes pasado, autoridades de Jalisco y Colima se reunieron durante cinco horas para negociar la cancelación de todo tipo de obras y evitar un nuevo enfrentamiento, informó el secretario General de Gobierno.
“Tuvimos una reunión de trabajo de cinco horas con la Secretaría de Gobierno de Colima y la Secretaría de Gobernación federal, funcionarios de Semarnat y de la Comisión Nacional de Agua, y la obra está suspendida por no reunir las autorizaciones correspondientes de la Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua”.
Jalisco asegura tener la voluntad de no generar conflictos en la zona en disputa. Hasta el momento permanecen elementos de Seguridad Pública del Estado a una distancia prudente del lugar del conflicto, sólo “como una medida de protección”.
“Hemos insistido por el lado de Jalisco, y hay dos iniciativas por parte de legisladores jaliscienses para que se reforme la Constitución y pase este asunto a la Corte (SCJN), que es la que debe resolverlo como máxima autoridad del país”, señaló Guzmán Pérez Peláez.
Reconoció que el asunto no se resolverá pronto en el Senado, debido a que no existe una ley reglamentaria y desde hace tres años no se ha tenido un avance en el tema: “No tienen ni ley reglamentaria, aunque tengan la mayor disposición. Puede haber disposición, pero es una instancia política, no jurídica. Por eso, lo más conveniente es que se reforme la Constitución y se devuelva a la Corte (SCJN), porque ahí está el asunto ya para dictar sentencia”.
El 13 de octubre nuevamente el conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima estalló, debido a que el Estado vecino inició con la ejecución de obras hidráulicas en la zona de El Rebalse, en Cihuatlán, pese al convenio en el cual las dos entidades federativas se comprometieron a no realizar ningún trabajo por el conflicto que existe sobre la legalidad de las tierras.
Ante ello, la Sub Secretaría General de Gobierno canceló los trabajo que Colima estaba efectuando y Jalisco envió elementos de seguridad para proteger la zona.
El viernes pasado, autoridades de Jalisco y Colima se reunieron durante cinco horas para negociar la cancelación de todo tipo de obras y evitar un nuevo enfrentamiento, informó el secretario General de Gobierno.
“Tuvimos una reunión de trabajo de cinco horas con la Secretaría de Gobierno de Colima y la Secretaría de Gobernación federal, funcionarios de Semarnat y de la Comisión Nacional de Agua, y la obra está suspendida por no reunir las autorizaciones correspondientes de la Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua”.
Jalisco asegura tener la voluntad de no generar conflictos en la zona en disputa. Hasta el momento permanecen elementos de Seguridad Pública del Estado a una distancia prudente del lugar del conflicto, sólo “como una medida de protección”.
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