Jalisco
Gobernador del Estado remite veto de ''Ley de Adopciones''
Establece que las modificaciones contravienen a los derechos de los niños
GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2012).- El titular del Poder Ejecutivo, Emilio González Márquez remitió al Congreso local dos paquetes de observaciones que incluye el veto a la denominada “Ley de Adopciones” aprobada en la última sesión ordinaria de la LIX Legislatura.
Se trata de reformas al Código Civil del Estado, a la Ley de Justicia para Adolecentes, al Código de Asistencia Social, la Ley para la Prevención a la Atención de la Violencia Intrafamiliar, la Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y el Código de Procedimientos Penales para modificar los lineamientos en materia de adopciones.
Son 10 observaciones, el documento llegó al Congreso el pasado 7 de noviembre, pero se dio cuenta del mismo, en la sesión del miércoles 14 de noviembre, ya instalada la LX Legislatura, en el documento establece que las modificaciones contravienen la convención de los derechos de los niños como lo marcan los tratados internacionales.
Al respecto, el Poder Ejecutivo señala que en las modificaciones al artículo 33 del Código de Asistencia Social de Jalisco, se deja de lado los instrumentos internacionales y ratificados por el Estado Mexicano.
Con respecto al artículo 34 que se modificó para exponer que el Consejo de Familia y Adopciones elaborará un dictamen de estudios psicológicos, económicos y médicos a los solicitantes de adopción; el Ejecutivo establece que “las condiciones económicos de solicitantes de adopción no pueden, ni deben ser un factor determinante de procedencia de la adopción”.
Además, establecen las observaciones del gobierno estatal que esta reforma legal transgrede la división y autonomía de poderes, cuando en el mismo artículo 34 establece que el Consejo tendrá entre sus atribuciones “elaborar y mantener actualizado con apoyo del Consejo de la Judicatura el padrón de tutores dativos”.
De acuerdo con el veto, se genera una invasión de poderes al permitir que un ente desconcentrado de la administración pública que es una paraestatal, como el Consejo de Familia y Adopciones tenga injerencia directas en funciones del Poder Judicial.
El Ejecutivo expone inconsistencias en la integración de un Consejo Estatal de Adopciones y advierte que en el artículo 54 se pretende delegar atribuciones del Consejo a asociaciones civiles privadas lo que “resulta sumamente riesgoso”.
El titular del Poder Ejecutivo también se refiere a que a pesar de que en el artículo 35 de la nueva norma se habla de una Junta de Gobierno, en el cuerpo de la Ley no se expone la existencia de una Junta de Gobierno.
También se refiere a una serie de imprecisiones en materia jurídica del ordenamiento que aprobó el Congreso a finales del mes pasado.
Como en otras ocasiones, el mandatario establece como la primera de las observaciones que el Congreso no informó al Poder Ejecutivo de la revisión de estas reformas en el Congreso.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Se trata de reformas al Código Civil del Estado, a la Ley de Justicia para Adolecentes, al Código de Asistencia Social, la Ley para la Prevención a la Atención de la Violencia Intrafamiliar, la Ley de los Derechos de los Niños y Niñas y el Código de Procedimientos Penales para modificar los lineamientos en materia de adopciones.
Son 10 observaciones, el documento llegó al Congreso el pasado 7 de noviembre, pero se dio cuenta del mismo, en la sesión del miércoles 14 de noviembre, ya instalada la LX Legislatura, en el documento establece que las modificaciones contravienen la convención de los derechos de los niños como lo marcan los tratados internacionales.
Al respecto, el Poder Ejecutivo señala que en las modificaciones al artículo 33 del Código de Asistencia Social de Jalisco, se deja de lado los instrumentos internacionales y ratificados por el Estado Mexicano.
Con respecto al artículo 34 que se modificó para exponer que el Consejo de Familia y Adopciones elaborará un dictamen de estudios psicológicos, económicos y médicos a los solicitantes de adopción; el Ejecutivo establece que “las condiciones económicos de solicitantes de adopción no pueden, ni deben ser un factor determinante de procedencia de la adopción”.
Además, establecen las observaciones del gobierno estatal que esta reforma legal transgrede la división y autonomía de poderes, cuando en el mismo artículo 34 establece que el Consejo tendrá entre sus atribuciones “elaborar y mantener actualizado con apoyo del Consejo de la Judicatura el padrón de tutores dativos”.
De acuerdo con el veto, se genera una invasión de poderes al permitir que un ente desconcentrado de la administración pública que es una paraestatal, como el Consejo de Familia y Adopciones tenga injerencia directas en funciones del Poder Judicial.
El Ejecutivo expone inconsistencias en la integración de un Consejo Estatal de Adopciones y advierte que en el artículo 54 se pretende delegar atribuciones del Consejo a asociaciones civiles privadas lo que “resulta sumamente riesgoso”.
El titular del Poder Ejecutivo también se refiere a que a pesar de que en el artículo 35 de la nueva norma se habla de una Junta de Gobierno, en el cuerpo de la Ley no se expone la existencia de una Junta de Gobierno.
También se refiere a una serie de imprecisiones en materia jurídica del ordenamiento que aprobó el Congreso a finales del mes pasado.
Como en otras ocasiones, el mandatario establece como la primera de las observaciones que el Congreso no informó al Poder Ejecutivo de la revisión de estas reformas en el Congreso.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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