Jalisco
Falta rigor a la fiscalización electoral
Los candidatos, sujetos a una legislación contradictoria para justificar sus gastos, cuentan con “flexibilidad” que resta solidez a la comprobación de sus finanzas
GUADALAJARA, JALISCO (19/JUN/2012).- Las campañas mueven mucho dinero y buena parte de éste se maneja en los límites de la legalidad. A pesar de la fiscalización a que obliga el Instituto Electoral del Estado, hay contradicciones y lagunas que aprovechan los partidos políticos.
Por ejemplo, según el órgano electoral, los partidos sólo pueden comprobar 20% de su gasto de campaña en gasolina, porcentaje muy bajo en comparación con los recursos económicos que exige una campaña de tierra. A pesar de esta aparente camisa de fuerza, el reglamento de fiscalización electoral abre una puerta para que los institutos políticos adapten algunos de sus gastos en campañas: para candidatos de lugares fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) hasta 30% de las erogaciones de campaña pueden ser comprobadas sin facturas, y en la ciudad este porcentaje se reduce a 10. Esto implica que la campaña de un diputado fuera de la urbe puede incluso no presentar facturas hasta por 300 mil pesos.
Así, ante la exigencia de gastos para movilizar tanto en el proceso electoral como el día de la elección, los candidatos –sobre todo en zonas rurales–, no dudan en señalar que el gasto es mucho mayor que una quinta parte de sus costos totales de campaña, lo que los obliga a buscar facturas de otros servicios que solventen el hueco que dejan los enormes recursos destinados al transporte del candidato y su equipo. Lo mismo sucede en otros gastos como pintar bardas o contratar brigadas para repartir volantes.
Para evitar que la fiscalización de las campañas caiga en simulación, el IEPC ha puesto candados a la comprobación, pero pueden ser burlados por los partidos. Desde la elección de 2009, los institutos políticos deben comprobar la utilización correcta de sus recursos no sólo con facturas, sino con “testigos” de que tal gasto ocurrió como está siendo comprobado: fotografías, insumos en físico, muestra de propaganda repartida o publicidad electoral. Estas reglas que nacen de la desconfianza, son respaldos de la autoridad electoral para asegurar que los gastos de los candidatos en campaña sean lo más parecido a lo que después del proceso electoral, comprueban los partidos políticos.
Por ejemplo, según el órgano electoral, los partidos sólo pueden comprobar 20% de su gasto de campaña en gasolina, porcentaje muy bajo en comparación con los recursos económicos que exige una campaña de tierra. A pesar de esta aparente camisa de fuerza, el reglamento de fiscalización electoral abre una puerta para que los institutos políticos adapten algunos de sus gastos en campañas: para candidatos de lugares fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) hasta 30% de las erogaciones de campaña pueden ser comprobadas sin facturas, y en la ciudad este porcentaje se reduce a 10. Esto implica que la campaña de un diputado fuera de la urbe puede incluso no presentar facturas hasta por 300 mil pesos.
Así, ante la exigencia de gastos para movilizar tanto en el proceso electoral como el día de la elección, los candidatos –sobre todo en zonas rurales–, no dudan en señalar que el gasto es mucho mayor que una quinta parte de sus costos totales de campaña, lo que los obliga a buscar facturas de otros servicios que solventen el hueco que dejan los enormes recursos destinados al transporte del candidato y su equipo. Lo mismo sucede en otros gastos como pintar bardas o contratar brigadas para repartir volantes.
Para evitar que la fiscalización de las campañas caiga en simulación, el IEPC ha puesto candados a la comprobación, pero pueden ser burlados por los partidos. Desde la elección de 2009, los institutos políticos deben comprobar la utilización correcta de sus recursos no sólo con facturas, sino con “testigos” de que tal gasto ocurrió como está siendo comprobado: fotografías, insumos en físico, muestra de propaganda repartida o publicidad electoral. Estas reglas que nacen de la desconfianza, son respaldos de la autoridad electoral para asegurar que los gastos de los candidatos en campaña sean lo más parecido a lo que después del proceso electoral, comprueban los partidos políticos.