Jalisco

Falta protección del Estado para pequeños empresarios

Jaime Peña asegura que el Estado no desarrolla los instrumentos y apoyos necesarios para evitar que los pequeños productores sean perjudicados por la crisis financiera

GUADALAJARA, JALISCO.- Ante el embate de la crisis financiera global, el Impuesto Empresarial de Tasa Única ( IETU), “pero sobre todo” el Impuesto por Depósitos en Efectivo (IDE), propician la informalidad y desincentivan la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, aseguran académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas ( CUCEA), de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De acuerdo con el maestro Martín Jaime Peña, académico del Departamento de Impuestos del CUCEA, los pequeños contribuyentes no están dispuestos a que el banco les descuente el impuesto de 2% por depositar sus ganancias en efectivo; por lo que prefieren guardar su dinero o definitivamente darse de baja ante la Secretaría de Hacienda, para no expedir comprobantes que los comprometan ante el fisco.

El especialista explicó que un pequeño comerciante que tiene rango de utilidad de 3%, deposita efectivo y le quitan el 2%, le queda muy poco de margen, además de los costos operativos que esto conlleva, por lo que sentenció, que dichos instrumentos financieros, “a los que más perjudican, es a los pequeños empresarios”.

Jaime Peña asegura que el Estado no desarrolla los instrumentos y apoyos necesarios para evitar que los pequeños productores sean perjudicados por la crisis financiera; “más allá de esto, los está sancionando con impuestos injustos”.

Ante esto, afirmó el académico, los pequeños empresarios, antes que cumplir con la normatividad hacendaria, prefieren darse de baja en los registros de impuestos, y trabajan al margen de la “lupa estatal”, pagando a sus proveedores en efectivo.

El IETU también perjudica a las personas de menores ingresos, porque no pueden acreditarlo contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El especialista señaló que, por ejemplo, “en Italia, este gravamen es de tres por ciento, y no de 17% (como en México), lo que permite tener un fondo de garantía para el Estado.

EL INFORMADOR / Javier Espinosa
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