Jalisco
Falta capacitación en defensa de los derechos humanos
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, el ombudsman de Jalisco, reconoce que no hay suficiente preparación para detener las violaciones a los derechos humanos
"En 2012 se capacitaron 60 mil personas, pero por ejemplo, la Secretaría de Educación tiene 80 mil servidores públicos. Hay una insuficiente capacitación, se debe trabajar en mejorar el perfil, y las dependencias deben ser saneadas, hay gente que no está comprometida".
Álvarez Cibrián comentó que no puede hablar de falta de interés de las dependencias, pues siempre hay solicitudes de cursos de distintas áreas y secretarías. En 2011 se instruyó a 40 mil personas.
Explicó que la CEDHJ tiene un presupuesto para 2013 de 122 millones de pesos, de los cuales 10 millones se destinan al área de capacitación, por lo que mínimo se debería duplicar el recurso para tener más estructura que imparta cursos y talleres, ya que el rezago es superior al 50 por ciento.
Lo anterior, lo dijo al emitir dos recomendaciones, la 15/13 dirigida al comisionado de Seguridad Pública del Estado, por violación del derecho a la integridad, seguridad personal, legalidad y jurídica: "Incurrieron en actos de tortura con el fin de que el agravado aceptara su intervención en la comisión de un delito".
Por ello, solicitó la CEDHJ que se inicie, tramite y concluya un procedimiento administrativo en contra de los policías; se les anexe a su expediente laboral copia de la resolución; se indemnice al agraviado y se impartan cursos de capacitación de derechos humanos.
Con respecto a la recomendación 16/13 para el fiscal central del Estado, por violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, se señala: "Esta Comisión concluye que los agentes del Ministerio Público involucrados en los hechos investigados, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de la agraviada".
Finalmente, se congratuló el presidente de la CEDHJ de que este sábado entre en vigor la Ley General de Víctimas, pues ya existe la Ley Reglamentaria, en la que se reformularon 180 artículos y nueve se derogaron. La reparación del daño de la violación de derechos humanos, está a nivel constitucional, por lo que las sanciones a los funcionarios que no lo hagan, serán mayores.
"Quien no cumpla con lo dispuesto en esta ley, viola la Constitución y por consecuencia violar la Constitución tiene distintas consecuencias de naturaleza administrativa, desde naturaleza civil, naturaleza penal y también puede llegar a incurrir quien viole esta ley, inclusive en responsabilidad política", concluyó Álvarez Cibrián.
EL INFORMADOR / MARU GARCÍA
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