Jalisco
FEG controla el comercio ambulante en puntos de la ciudad
Lo advierte la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, cuyos inspectores y su titular, Verónica Martínez Espinoza, han recibido amenazas de la organización
GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2011).- La titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, Verónica Martínez Espinoza, confirmó la existencia de puntos de la ciudad que se encuentran bajo el control de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (
FEG), y donde ha ocupado el lugar de la autoridad municipal en la regulación del comercio ambulante.
La dependencia municipal ha intentado acercarse a estas zonas para que los comerciantes que laboran sin permiso oficial, pero bajo el auspicio de la FEG, se regularicen, pero estos no lo han hecho por temor a las represalias que podrían venir de esa organización.
La FEG es de temer, dice la funcionaria, pues incluso, sus integrantes han amenazado tanto a los inspectores como a ella misma. Así lo expone en entrevista:
“Nosotros a partir de que llegamos aquí (al cargo) empezamos a hacer operativos a todos los comerciantes ambulantes, y en este año especialmente a todas las zonas que estaban por el Code, (cerca de La Normal), por el CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), precisamente también alrededor de la Casa del Estudiante de la FEG, afuera de la Preparatoria 2, por el Bulevar Marcelino García Barragán, y llegamos a dejarles apercibimientos a comerciantes para que se regularizaran y acudieran ante el municipio para que les autorizaran sus permisos, porque la mayoría son ambulantes que tienen más de 30 años trabajando en plazas”.
“Sin embargo, los mismos comerciantes nos decían que ellos, que la FEG iba y les cobraba (para poder laborar), entonces nosotros les invitamos a que se fueran allá y nos manifestaban que efectivamente, no lo sé, no me consta, que efectivamente ellos no podían ir (a regularizarse) porque la FEG les decía que ellos les habían arreglado ya sus permisos y que no los tenían a la vista”.
En la investigación de los tres cuerpos hallados en el edificio de la FEG y la desaparición de cuatro jóvenes y un padre de familia por parte del Ministerio Público estatal, se encuentra como uno de los móviles probables el cobro de derecho de piso por parte de esa organización a comerciantes ambulantes que se habrían inconformado a esta forma de coacción.
La funcionaria municipal siguió narrando su experiencia desde la Dirección de Inspección y Vigilancia tapatía:
“En alguna ocasión fueron amenazados los inspectores por miembros que se ostentaban como ‘fejosos’, y yo les di la orden, efectivamente, de que no se enfrentaran con ellos, que si no traían el apoyo de la fuerza pública que no se enfrentaran porque no podía hacer yo tampoco víctima a los inspectores de este tipo de situaciones (…) ellos si querían regularizarse pero no se los permitían”.
“Los ambulantes quisieron acercarse pero no los dejaron y yo no puedo obligarlos, les puedo levantar (confiscar) sus cosas, a algunos se les han levantado sus actas, pero no se ha dado realmente una solución: tienen que intervenir muchas instancias, entre ellas supongo que Seguridad Ciudadana para la protección para que estas personas puedan, en un momento dado, no ser víctima de estos atropellos”.
--¿Pareciera que el Ayuntamiento le teme a este tipo de organizaciones “estudiantiles”?
“Yo sí le temo a esta agrupación (la FEG), yo en lo personal, los demás no lo sé, pero yo sí le temo, tan es así que hay cuatro muertos (son tres muertos y cinco personas desaparecidas) ahí y vaya usted a saber si no hay más”.
--¿Hubo amenazas directas?
“Indirectas, mensajes“
--¿A través de los inspectores?
“Y de otros medios”
¿Contra usted?
“…en general”
--¿Qué debe hacer el Ayuntamiento frente a esto? ¿Le ha consultado al presidente municipal sobre las amenazas?
“No, por supuesto que son cosas que a mí me corresponde hacer y asumir: levantar el comercio ambulante, las actas que tengan que ser, ciertamente tiene que ver con un delito, y el delito es una extorsión y yo no trabajo en la Procuraduría (General de Justicia del Estado de Jalisco)”.
“Si hubiera denuncias de las amenazas que han sufrido los ambulantes, la Procuraduría tendría la obligación de investigar porque es un delito, no es una falta administrativa, para ésta se levanta un acta y punto, pero el delito es la extorsión y el chantaje”.
“Sí tienen orden mía (los inspectores) de que no permitan que los agredan (los integrantes de la FEG), ya hemos tenido varias agresiones en esta administración contra inspectores y tampoco necesito héroes, ha habido fracturas de muñecas, nariz, varios hechos y tampoco podemos arriesgar porque lo más que hacemos de daño es levantar un acta y levantar mercancía, y nuestra forma de defensa es una pluma y un acta”.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
La dependencia municipal ha intentado acercarse a estas zonas para que los comerciantes que laboran sin permiso oficial, pero bajo el auspicio de la FEG, se regularicen, pero estos no lo han hecho por temor a las represalias que podrían venir de esa organización.
La FEG es de temer, dice la funcionaria, pues incluso, sus integrantes han amenazado tanto a los inspectores como a ella misma. Así lo expone en entrevista:
“Nosotros a partir de que llegamos aquí (al cargo) empezamos a hacer operativos a todos los comerciantes ambulantes, y en este año especialmente a todas las zonas que estaban por el Code, (cerca de La Normal), por el CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), precisamente también alrededor de la Casa del Estudiante de la FEG, afuera de la Preparatoria 2, por el Bulevar Marcelino García Barragán, y llegamos a dejarles apercibimientos a comerciantes para que se regularizaran y acudieran ante el municipio para que les autorizaran sus permisos, porque la mayoría son ambulantes que tienen más de 30 años trabajando en plazas”.
“Sin embargo, los mismos comerciantes nos decían que ellos, que la FEG iba y les cobraba (para poder laborar), entonces nosotros les invitamos a que se fueran allá y nos manifestaban que efectivamente, no lo sé, no me consta, que efectivamente ellos no podían ir (a regularizarse) porque la FEG les decía que ellos les habían arreglado ya sus permisos y que no los tenían a la vista”.
En la investigación de los tres cuerpos hallados en el edificio de la FEG y la desaparición de cuatro jóvenes y un padre de familia por parte del Ministerio Público estatal, se encuentra como uno de los móviles probables el cobro de derecho de piso por parte de esa organización a comerciantes ambulantes que se habrían inconformado a esta forma de coacción.
La funcionaria municipal siguió narrando su experiencia desde la Dirección de Inspección y Vigilancia tapatía:
“En alguna ocasión fueron amenazados los inspectores por miembros que se ostentaban como ‘fejosos’, y yo les di la orden, efectivamente, de que no se enfrentaran con ellos, que si no traían el apoyo de la fuerza pública que no se enfrentaran porque no podía hacer yo tampoco víctima a los inspectores de este tipo de situaciones (…) ellos si querían regularizarse pero no se los permitían”.
“Los ambulantes quisieron acercarse pero no los dejaron y yo no puedo obligarlos, les puedo levantar (confiscar) sus cosas, a algunos se les han levantado sus actas, pero no se ha dado realmente una solución: tienen que intervenir muchas instancias, entre ellas supongo que Seguridad Ciudadana para la protección para que estas personas puedan, en un momento dado, no ser víctima de estos atropellos”.
--¿Pareciera que el Ayuntamiento le teme a este tipo de organizaciones “estudiantiles”?
“Yo sí le temo a esta agrupación (la FEG), yo en lo personal, los demás no lo sé, pero yo sí le temo, tan es así que hay cuatro muertos (son tres muertos y cinco personas desaparecidas) ahí y vaya usted a saber si no hay más”.
--¿Hubo amenazas directas?
“Indirectas, mensajes“
--¿A través de los inspectores?
“Y de otros medios”
¿Contra usted?
“…en general”
--¿Qué debe hacer el Ayuntamiento frente a esto? ¿Le ha consultado al presidente municipal sobre las amenazas?
“No, por supuesto que son cosas que a mí me corresponde hacer y asumir: levantar el comercio ambulante, las actas que tengan que ser, ciertamente tiene que ver con un delito, y el delito es una extorsión y yo no trabajo en la Procuraduría (General de Justicia del Estado de Jalisco)”.
“Si hubiera denuncias de las amenazas que han sufrido los ambulantes, la Procuraduría tendría la obligación de investigar porque es un delito, no es una falta administrativa, para ésta se levanta un acta y punto, pero el delito es la extorsión y el chantaje”.
“Sí tienen orden mía (los inspectores) de que no permitan que los agredan (los integrantes de la FEG), ya hemos tenido varias agresiones en esta administración contra inspectores y tampoco necesito héroes, ha habido fracturas de muñecas, nariz, varios hechos y tampoco podemos arriesgar porque lo más que hacemos de daño es levantar un acta y levantar mercancía, y nuestra forma de defensa es una pluma y un acta”.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
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