Exigen sanciones por no verificar vehículos

GUADALAJARA, JALISCO (13/ABR/2016).- La ley es clara y vigente: todos los vehículos deben pasar por un proceso de verificación de emisiones contaminantes por lo menos una vez al año. En caso contrario se deben sancionar. Y ese es precisamente el llamado que hace el presidente de la Coparmex en Jalisco, José Medina Mora.

Luego de las constantes modificaciones a la circulación en la megalópolis de la Ciudad de México, producto de la contaminación, o las repetitivas precontingencias ambientales en el Sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el líder gremial de los patrones de Jalisco “exige” a los funcionarios que usen su “fuerza de autoridad” para llamar a cuentas a los conductores omisos.

“Es un problema muy serio y real de la calidad del aire, y precisamente la (falta) de verificación vehicular es la principal causante de la mala calidad del aire, porque está muy abajo de lo que se requiere. Según los datos de la Semadet, son el 26% de los autos verificados, cuando deberíamos estar muy cerca al 100%”.

Aceptó que se presentó desabasto de hologramas en los talleres de verificación, pero lamentó que las autoridades sean omisas al considerar que los cambios a la norma mexicana del aire cambiarán la situación actual, y que ese se haya convertido en el pretexto para ser indulgentes con las sanciones a los automovilistas incumplidos.

“Hay una exigencia a la autoridad, al Gobierno del Estado, para que aplique la ley. Ya tenemos una ley de verificación vehicular que no se está respetando y, por lo mismo, los vehículos no están yendo a la verificación”.

Unidades con verificación

2011	869,200
2012	957,275
2013	792,202
2014	677,894
2015	730,808
2016*	99,782

 
Total de vehículos en Jalisco    3’000,000

Detección de vehículos contaminantes

2011	57,000
2012	62,608
2013	79,657
2014	95,936
2015	42,100
2016*	2,074

* Hasta marzo.

Critican medidas cortoplacistas

En 2014, la Semadet reconoció que Jalisco está atrasado 20 años en acciones para mejorar la calidad del aire.

Hoy, la realidad confirma el rezago: el rediseño del programa de verificación vehicular arroja un retraso de más de un año y la Semadet pospuso de nuevo la presentación al Congreso de una iniciativa en materia ambiental.

En este contexto, especialistas y autoridades coincidieron en la falta de un proyecto de largo plazo, “la política ambiental no debe inventarse cada tres años, o cada seis años que cambien los colores, partidos y gobiernos… el Gobierno quitó el programa de afinación obligatoria simplemente porque cambió la administración, sin evaluar si funcionó o no”, reclama Miguel Magaña Virgen, investigador de la UdeG.

Para el alcalde Alberto Uribe Camacho, el cortoplacismo es la bandera de la clase política jalisciense: “Tenemos que hacer un planteamiento integral a 20 años al que se suban investigadores, la academia, especialistas, secretarios y autoridades, para construir una visión de futuro que tanta falta hace”.

Para no llegar a los niveles de contaminación del Distrito Federal, plantea un modelo ambiental más agresivo. Por lo pronto, el compromiso es resolver el problema de las ladrilleras y aprobar el programa de Ordenamiento Ecológico, “en donde vamos supeditar el desarrollo urbano a los intereses en materia de medio ambiente”.

Además, el municipio realizará una campaña para que los ciudadanos conozcan el significado de la calidad del aire y qué hacer en contingencias.

Magdalena Ruíz Mejía, titular de la Semadet, refirió que se debe generar un alto nivel de coordinación interinstitucional en el que exista claridad de los roles de cada actor. A los municipios les leyó la cartilla:

“Les corresponde registrar y vigilar las fuentes fijas locales, mantener el inventario de fuentes fijas, la calidad del aire debe ser un principio rector en su ordenamiento y territorio, y tener criterios de regulación para que todo lo que sea productividad tenga fuentes bajas en emisiones”.

También se comprometió a mejorar la coordinación estatal: “Debemos sumar una mesa donde Movilidad tenga más batuta, Educación y Salud deben sentarse a la mesa”.

Presentarán plan hasta que regrese el gobernador

Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) prometió el mes pasado que en la primera quincena de abril presentaría la iniciativa en materia de calidad del aire al Congreso de Jalisco, en un debate convocado por esta casa editorial, Magdalena Ruíz Mejía, titular de la dependencia, pospuso la presentación del documento hasta que regrese el gobernador Aristóteles Sandoval de su gira por Israel.

“Estamos a punto de entrar al Congreso, en cuanto regrese el gobernador de Israel. La apuesta es tomar las recomendaciones que hizo el Centro Mario Molina de una tecnología de punta, irnos a estándares de alto nivel de control y mucha transparencia para que los ciudadanos tengan la confianza de realizar la verificación (vehicular)”.

Para desatorar el nuevo programa de verificación vehicular, que será una realidad hasta el primer semestre de 2017, el Congreso debe aprobar esa iniciativa, que también contempla el programa de transporte escolar, el control de ladrilleras, gasolineras y otros sectores contaminantes, así como el Fondo Ambiental. El nuevo proyecto también prevé incrementar la infracción por no acreditar la verificación vehicular, de 701 a mil 500 pesos, mientras que el costo del holograma se contempla que aumente de 29 pesos a 90 pesos.

Las reformas incluirían la multa automática; es decir, que se aplicaría de forma instantánea al día siguiente de que un vehículo sobrepase el mes para su verificación.

En cuanto el Congreso apruebe los cambios también se publicarán las convocatorias para licitar los centros de verificación, de proveeduría tecnológica, los proveedores de convertidores catalíticos y los talleres.

El monto recaudado por estos conceptos irá a un fondo ecológico, que será utilizado en programas estratégicos para la dotación de servicios ambientales (podrían obtenerse entre 400 y 550 millones de pesos anuales).

En este contexto, Miguel Magaña Virgen, investigador de la UdeG, señala que las propuestas de la Semadet no son la solución: “De forma unilateral no se van a resolver estos problemas, las soluciones no se han consensuado con grupos, representantes y organizaciones… no va por ahí. Los verificentros no van a solucionar el problema”.

Por eso, el alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, propone  a todos los municipios emprender una ingeniería ambiental: “Nos urge hacerla porque nos heredaron un modelo de los años 80”. La meta del municipio naranja es constituir una Fiscalía ambiental que garantice los derechos ambientales de los ciudadanos y la preservación de los ecosistemas. Además, se deberá contar con suficiente personal operativo para inspeccionar cada metro del municipio de manera adecuada y, por ende, vigilar las implicaciones a los impactos ambientales.

EL DEBATE

			Alberto Uribe Camacho, alcalde de Tlajomulco		Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente en Jalisco		Miguel Enrique Magaña Virgen, investigador de la Universidad de Guadalajara
	¿Evalúen el sistema de medición de contaminantes en Guadalajara, en comparación con el de la capital del país?		El modelo de monitoreo ambiental está diseñado para una realidad diferente a lo que empieza a suceder con la calidad del aire. Tenemos que constituir un nuevo modelo de monitoreo ambiental. Lo prioritario en este momento es salir a la calle y explicarle a la gente en qué consiste un Imeca, la mala calidad del aire y cuándo estamos en precontingencia y en contingencia ambiental.		En este momento la red de monitoreo funciona en suficiencia, después de todos los ajustes que hicimos al inicio de la administración. Debemos trascender los parámetros a mediciones más específicas, sobre todo de gases que las redes de monitoreo todavía no tienen cuantificados de manera permanente. Lo que viene es no aumentar redes de monitoreo, sino prospectar modelajes en el manejo de esta base de datos.		La red automática de monitoreo tiene 23 años. Fueron ocho las estaciones que se establecieron. Antes había mediciones por métodos manuales, pero en estos 23 años sólo se aumentaron dos estaciones y una móvil. Hay una ganancia: cuando se estableció ese sistema de monitoreo, las autoridades no aceptaban que había una vinculación entre la mortalidad y la movilidad. Ahora ya se acepta (500 muertes al año en promedio por efectos de la contaminación).
	¿Qué ocurrió en la Ciudad de México para alcanzar los fuertes niveles de contaminación?		Yo sí logré visualizar una preocupación ambiental durante el Gobierno de Marcelo Ebrard. Mancera dejó de hacer muchísimas cosas y dejó de darle continuidad a otras. Con la cantidad de vehículos que hay en el DF, las apuestas tendrían que ser a vehículos menos contaminantes. Algo que se discute muy poco es decir que la calidad de la gasolina es de muy mala calidad.		Hubo una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que, de golpe y porrazo, regresó 500 mil vehículos a la circulación (en el DF). Se dio un holograma que permitió la circulación intensiva a vehículos que históricamente estaban mal regulados. Mario Molina demostró que, por procesos de corrupción y mal manejo de tecnología, el sistema de verificación vehicular tiene una eficiencia del 60%.		Lo que está sucediendo en la Ciudad de México es la consecuencia de una suma de errores. Las autoridades deben de coordinarse entre sí y de concertar con la sociedad. Eso es lo que, de forma contundente, no se ha realizado ni en la capital ni aquí. Tenemos que sentarnos para analizar y discutir. No se puede, de forma unilateral, decidir sobre este tipo de situaciones.
	¿Cuáles son las acciones que se deben emprender para mejorar la calidad del aire?		Es necesario generar un proyecto a largo plazo en el que estén los investigadores, la academia, los secretarios, para hacer esta visión de futuro que nos hace tanta falta en Jalisco y en el país. Nosotros queremos constituir una Fiscalía municipal de medio ambiente. Invitamos a todos los investigadores que pudimos y discutimos sobre cuál tendría que ser el papel de un municipio.		El tema de la verificación es obligatorio. Vamos a fortalecer el programa vigente, la meta es llegar hasta el 60%. Tenemos una apuesta a la movilidad escolar. También estamos trabajando en normas para regular ladrilleras y gasolineras, en fortalecer cadenas de valor y ordenamientos territoriales. Además, vamos a hacer a los municipios una recomendación para que fortalezcan la vigilancia en estos sectores.		No es de forma unilateral como se van a resolver estos problemas, pues (las medidas) no se han consensuado con grupos, representantes y organizaciones. Aquí hablamos de gestión integral: semaforización, mejora de gasolinas, transporte colectivo eficaz, desarrollo urbano sustentable, ciclovías que realmente funcionen. No se dan esas condiciones de concertación entre las autoridades y la sociedad. Es una gran discusión ciudadana.
	Conclusión		Mi compromiso es que en mi gestión tenemos que resolver el tema de los ladrilleros. Vamos a aprobar el Programa de Ordenamiento Ecológico, en el que vamos a supeditar el desarrollo urbano a los intereses en materia de medio ambiente. Seremos un gobierno serio y vamos a salir a la calle para informar a las personas qué significa la mala calidad del aire.		Nosotros sí hemos llevado a cabo acciones. Estamos trabajando de manera permanente en una mesa llamada ProAire. Queremos generar el andamiaje institucional, operativo y todos los procesos para que esta política pública se instale de manera permanente. No ha sido fácil, pues estamos tocando una inercia histórica de falta de sustentos y de visiones de integralidad. También debemos tener claros los roles que tenemos cada uno de los actores.		Como sociedad tenemos que seguir estableciendo la crítica, siempre acompañada con propuestas. Hace 28 años se aplicó una de las principales herramientas: la evaluación del impacto ambiental. No ha funcionado porque hay una gran cantidad de errores en su recepción y en su promoción. Hay varios municipios que ya tienen su ordenamiento ecológico, pero lo tienen en gaveta, encerrado, y no lo comprenden.

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