Jalisco
Exhiben fracaso de Sagarpa en control del clenbuterol
Especialistas cuestionan que hay otras sustancias autorizadas en beneficio de las empresas farmacéuticas
GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2010).- Luego de una década de permanente uso del clenbuterol en la alimentación del ganado bovino y el consecuente riesgo para la salud pública, “se pone al descubierto el fracaso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en la vigilancia de las sustancias prohibidas en la crianza de ganado destinado al consumo humano”.
Así lo denuncia el profesor del Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (CUCBA), José Manuel Zorrilla Ríos, quien refiere que el hecho de que haya una sustancia legalizada (el zilpaterol), “ha generado ruido y una cortina de humo para diferenciar si se utiliza un producto autorizado y otros que están prohibidos, como el caso del clenbuterol”.
Indica que los gastos del erario que se destinan a la vigilancia sobre el uso de las sustancias que aumentan la masa muscular del ganado (y su consecuente reducción de grasa), llamadas técnicamente betagonistas o betanálogos, ha redundado “en beneficiar los ingresos de dos empresas farmacéuticas que venden los productos autorizados, ya sea el zilpaterol para los bovinos, vendido con la marca Zilmax, o la ractopamina para los cerdos, comercializada por Elanco-Eli Lilly”.
Según este académico, “hubo un registro malhecho de estos productos autorizados”, lo que ha dejado beneficios económicos para las empresas que distribuyen los productos con registro, y en cambio, se ha generado una situación de riesgo permanente para el consumidor de carnes de res en varios estados del país, donde se da preferencia a la carne con poca grasa, como el caso de Jalisco.
Expone que una solución definitiva para ordenar el mercado de la carne, sería la prohibición de los dos betagonistas que se han autorizado, “de modo que se corrijan los errores que han permanecido durante 10 años y que suponen el uso de los productos no autorizados”.
Además, indica que el Gobierno federal debería obligar a quienes usan los productos autorizados, informen debidamente que las carnes comercializadas fueron obtenidas de animales alimentados con betagonistas, de modo que el consumidor conozca lo que consume y con base en ello se influya en la decisión de compra. Abunda que es urgente que el consumidor final sepa con toda claridad que la carne que consume proviene de animales que fueron o no, alimentados con sustancias químicas autorizadas que estimularon su masa muscular, ya sea hormonas o betagonistas.
Medidas insuficientes
En cuanto a las medidas instrumentadas por la Sagarpa para desalentar el uso de clenbuterol, como son los esquemas de Proveedor Confiable y Hato Libre, el docente de la UdeG expresa que “han sido medidas aisladas que no se encuentran vinculadas a una secuencia de principio a fin”, en la vigilancia de todo el proceso de alimentación del ganado.
Cuestiona también que el Sistema de Identificación Nacional de Ganado (Siniga), no ha cumplido el objetivo planteado desde el sexenio pasado, de lograr la trazabilidad del ganado, de modo que sea posible rastrear la carne de un animal desde su crianza, engorda y comercialización en un mercado. Esto supone formar el Registro Nacional Ganadero, algo que no se ha concretado. Señala que “el Siniga como producto de un parto distócico (disfuncional), porque fue forzado y ha sido mal llevado y mal conducido hasta la fecha. No ha tenido gran impacto a 10 años de su lanzamiento”.
Asimismo, considera el hecho de que la Sagarpa sólo disponga de un solo laboratorio acreditado en todo el país (ubicado en el Estado de Morelos), para analizar los residuos del clenbuterol en el pelo de los animales, revela una serie deficiencias técnicas para el monitoreo de un problema de gran impacto en la salud de la población.
En este mismo contexto comenta que la Sagarpa no ha certificado a rastros municipales que estuvieran equipados para la detección del clenbuterol, como el caso del municipio de Guadalajara, lo que permitiría tener más instalaciones certificadas para agilizar procesos legales. Resalta que en los hechos, al autorizarse los betagonistas con registro para su utilización, se ha propiciado que el mercado de la carne de res haya quedado supeditado al consumo de sustancias químicas y a los intereses de las empresas que las comercializan. En este sentido, sostiene que hay argumentos infundados a favor de los betagonistas permitidos, como afirmar que el consumidor los demanda por su gusto por la carne magra. Precisa que “una cosa es la preferencia por la carne con poca grasa y otra cosa es que ésta se obtenga por el uso de sustancias que no deberían emplearse”. Concluye con un cuestionamiento: “¿Qué necesidad tenemos de implementar un gasto con recursos del erario para salvaguardar los intereses de dos empresas que han desquiciado el mercado de la carne?”.
PARA SABER
En Jalisco hay 67 engordas de ganado integradas en el Programa Proveedor Confiable. Tales hatos abarcan a 58 mil reses en proceso de engorda y son el monto mayoritario de la oferta de la carne destinada al consumo de la Zona Metropolitana. En Jalisco hay 170 centros de matanza de animales, de los que sólo 25% cumple los requisitos formales de un rastro.
Fuentes: Sagarpa y Secretaría de Salud.
Así lo denuncia el profesor del Departamento de Producción Animal del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (CUCBA), José Manuel Zorrilla Ríos, quien refiere que el hecho de que haya una sustancia legalizada (el zilpaterol), “ha generado ruido y una cortina de humo para diferenciar si se utiliza un producto autorizado y otros que están prohibidos, como el caso del clenbuterol”.
Indica que los gastos del erario que se destinan a la vigilancia sobre el uso de las sustancias que aumentan la masa muscular del ganado (y su consecuente reducción de grasa), llamadas técnicamente betagonistas o betanálogos, ha redundado “en beneficiar los ingresos de dos empresas farmacéuticas que venden los productos autorizados, ya sea el zilpaterol para los bovinos, vendido con la marca Zilmax, o la ractopamina para los cerdos, comercializada por Elanco-Eli Lilly”.
Según este académico, “hubo un registro malhecho de estos productos autorizados”, lo que ha dejado beneficios económicos para las empresas que distribuyen los productos con registro, y en cambio, se ha generado una situación de riesgo permanente para el consumidor de carnes de res en varios estados del país, donde se da preferencia a la carne con poca grasa, como el caso de Jalisco.
Expone que una solución definitiva para ordenar el mercado de la carne, sería la prohibición de los dos betagonistas que se han autorizado, “de modo que se corrijan los errores que han permanecido durante 10 años y que suponen el uso de los productos no autorizados”.
Además, indica que el Gobierno federal debería obligar a quienes usan los productos autorizados, informen debidamente que las carnes comercializadas fueron obtenidas de animales alimentados con betagonistas, de modo que el consumidor conozca lo que consume y con base en ello se influya en la decisión de compra. Abunda que es urgente que el consumidor final sepa con toda claridad que la carne que consume proviene de animales que fueron o no, alimentados con sustancias químicas autorizadas que estimularon su masa muscular, ya sea hormonas o betagonistas.
Medidas insuficientes
En cuanto a las medidas instrumentadas por la Sagarpa para desalentar el uso de clenbuterol, como son los esquemas de Proveedor Confiable y Hato Libre, el docente de la UdeG expresa que “han sido medidas aisladas que no se encuentran vinculadas a una secuencia de principio a fin”, en la vigilancia de todo el proceso de alimentación del ganado.
Cuestiona también que el Sistema de Identificación Nacional de Ganado (Siniga), no ha cumplido el objetivo planteado desde el sexenio pasado, de lograr la trazabilidad del ganado, de modo que sea posible rastrear la carne de un animal desde su crianza, engorda y comercialización en un mercado. Esto supone formar el Registro Nacional Ganadero, algo que no se ha concretado. Señala que “el Siniga como producto de un parto distócico (disfuncional), porque fue forzado y ha sido mal llevado y mal conducido hasta la fecha. No ha tenido gran impacto a 10 años de su lanzamiento”.
Asimismo, considera el hecho de que la Sagarpa sólo disponga de un solo laboratorio acreditado en todo el país (ubicado en el Estado de Morelos), para analizar los residuos del clenbuterol en el pelo de los animales, revela una serie deficiencias técnicas para el monitoreo de un problema de gran impacto en la salud de la población.
En este mismo contexto comenta que la Sagarpa no ha certificado a rastros municipales que estuvieran equipados para la detección del clenbuterol, como el caso del municipio de Guadalajara, lo que permitiría tener más instalaciones certificadas para agilizar procesos legales. Resalta que en los hechos, al autorizarse los betagonistas con registro para su utilización, se ha propiciado que el mercado de la carne de res haya quedado supeditado al consumo de sustancias químicas y a los intereses de las empresas que las comercializan. En este sentido, sostiene que hay argumentos infundados a favor de los betagonistas permitidos, como afirmar que el consumidor los demanda por su gusto por la carne magra. Precisa que “una cosa es la preferencia por la carne con poca grasa y otra cosa es que ésta se obtenga por el uso de sustancias que no deberían emplearse”. Concluye con un cuestionamiento: “¿Qué necesidad tenemos de implementar un gasto con recursos del erario para salvaguardar los intereses de dos empresas que han desquiciado el mercado de la carne?”.
PARA SABER
En Jalisco hay 67 engordas de ganado integradas en el Programa Proveedor Confiable. Tales hatos abarcan a 58 mil reses en proceso de engorda y son el monto mayoritario de la oferta de la carne destinada al consumo de la Zona Metropolitana. En Jalisco hay 170 centros de matanza de animales, de los que sólo 25% cumple los requisitos formales de un rastro.
Fuentes: Sagarpa y Secretaría de Salud.
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