Exhiben fallas del nuevo sistema de justicia penal

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2017).- Durante el primer año de vigencia del nuevo sistema de justicia penal en el Distrito Judicial Uno en Jalisco se registraron cinco mil 154 detenciones, lo que significó un aumento de 43% en comparación con los 12 meses anteriores en los municipios que lo conforman, cuando se registraron tres mil 599, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, en este primer año acaso uno de cada tres llegó ante un juez de control para que se le califique la detención y determine si amerita o no la prisión preventiva, pues de los cinco mil 154 detenidos, solamente mil 577 detenciones fueron calificadas en los 12 juzgados del Distrito Judicial Uno, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura.

Esto ocurre principalmente porque el Ministerio Público, que es el que se encarga de recibir a las personas detenidas por los primeros respondientes, no encuentra los elementos necesarios para que un juez de control considere que la detención fue legal, por lo que decide no ponerlos a su disposición.

Daniel Espinosa Licón, juez de oralidad en el Distrito Judicial Uno, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, explicó que el nuevo sistema de justicia ahora es más estricto para justificar las detenciones.

Primero se debe determinar si amerita prisión preventiva: oficiosa si son delitos graves, como homicidio, secuestro, violación, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad o los señalados en Ley de Delincuencia Organizada y la Ley de Salud. Y prisión preventiva justificada, que se decreta cuando el Ministerio Público, con datos de prueba, establece que existe riesgo de que el imputado se evada de la justicia, por ejemplo, que no tenga domicilio establecido, que haya incumplido anteriores citatorios, que tenga procesos pendientes, que haya amenazado a la víctima o testigos, o al intentar sobornar. Pero debe haber flagrancia.

Antes de la reforma de 2008, detalló, había tres supuestos de detención en flagrancia:

Primero: Cuando eran detenidos en el momento mismo, llamada flagrancia pura.

Segundo: La cuasiflagrancia, cuando ocurría el delito y comenzaba una persecución material y continua:

Tercero: Y la presunción de cuasiflagrancia, la cual requería el señalamiento de la víctima y que no hubieran transcurrido 72 horas, figura que desapareció.

“¿Sabes cuántas detenciones bajo presunción de cuasiflagrancia ocurrían? La mayoría. Pero esta figura desaparece y nada más nos quedamos con la flagrancia pura y la cuasiflagrancia. ¿Por qué el legislador federal quitó esta figura? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no era acorde al respeto a los derechos humanos. De todas las detenciones legales antes de 2008, el 70% eran bajo esta figura que desapareció”.

Así, sin la presunción de cuasiflagrancia como justificación válida para las detenciones, sólo uno de cada tres detenidos es llevado ante los juzgados.

PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Comparativo de detenidos antes y después del nuevo sistema de justicia

Detenidos entre junio de 2015-mayo de 2016: 3 mil 599.

Detenidos entre junio de 2016-mayo de 2017: 5 mil 154.

Fuente: Fiscalía General del Estado.

Se disparan las investigaciones

Las averiguaciones previas, investigaciones en el anterior sistema de justicia que se abrían por denuncias o por delitos que se perseguían de oficio, fueron superadas casi 10 veces en el Distrito Judicial 1 por las ahora llamadas carpetas de investigación, que son las indagatorias en el nuevo sistema de justicia penal, las cuales son iniciadas por los primeros respondientes al verificar la comisión de algún delito. El aumento se justifica porque se inician incluso si no se levantó una denuncia.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, de junio de 2015 a mayo de 2016 se abrieron ocho mil 514 averiguaciones previas en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, que son los que conforman el Distrito Judicial Uno. Mientras que de junio de 2016 a mayo de 2017, se registraron 80 mil 623 carpetas de investigación.

El número es muy similar a todas las averiguaciones previas que podían acumularse durante un año en el sistema tradicional de justicia, pero en todo el Estado, no sólo en los seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara que conforman el Distrito Uno. Por ejemplo, en 2015 se registraron 95 mil 329 denuncias en Jalisco, según datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las carpetas de investigación iniciadas en el Distrito 1 más de la mitad han sido por robos en todas sus modalidades, al acumular 55 mil 640 por estos delitos, que es el 69%. Prácticamente siete de cada 10 ilícitos que se registran son por robos.

LAS AVERIGUACIONES CONTRA LAS CARPETAS

Comparativo de averiguaciones previas y carpetas de investigación en municipios del Distrito Judicial Uno

Averiguaciones previas consignadas entre junio de 2015 y mayo de 2016: 8,514.

Carpetas de investigación iniciadas entre junio de 2016 y mayo de 2017: 80,623.

Quieren agentes ministeriales

A sabiendas de la situación actual de inseguridad, en donde las deficiencias de operadores del nuevo sistema de justicia han derivado en el rezago de la procuración de justicia en Jalisco, entre éstas, permitir la libertad de presuntos responsables por errores, las autoridades deben identificar a los elementos más aptos para revertir la tendencia y reducir la impunidad, insistió el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro.

“Desde la Fiscalía de Derechos Humanos de Jalisco estamos conscientes de que debemos redoblar esfuerzos para solucionar esta problemática. El primero de ellos es dar más capacitación al servidor público; en este primer punto, desde luego garantizar el respeto irrestricto a las personas”.

La segunda parte es revisar qué personas y en dónde fallan. “Desde luego que sí es trabajar muy puntualmente con la capacitación en el ejercicio de la procuración de justicia. Sería un error generalizar, pero en el caso de que hubiera fallas habrá que ponerles nombre y apellido… Y premiar a los que hacen bien las cosas”.

Un punto más está en lo que llamó “los criterios protagónicos” de algunos integrantes del Poder Judicial, en su manera de interpretar la ley, que también ha incidido en la liberación de presuntos delincuentes.

“Lo que hemos visto es que sí se tiene que actualizar de manera permanente”.

GUÍA

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 308.
 
Control de legalidad de la detención.

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación.

El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y, en caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros.

El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código.

Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar.

AUMENTAN DELITOS

Los efectos del sistema garantista

La población y el Gobierno se han percatado del incremento en los índices delictivos en Jalisco, lo que ha derivado en la justicia por la propia mano de los ciudadanos para castigar culpables.

Y es que el nuevo sistema de justicia, más garantista, está diseñado para encarcelar a los delincuentes sólo cuando el delito es grave o cuando hay riesgo de que se evada de la justicia, ya no sólo por robar un teléfono, a menos que reincida.

En medio de este panorama, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ha solicitado al Legislativo federal ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, como los robos, dado que no ven otra manera para castigar a los presuntos responsables por su incapacidad para someterlos ante la nueva ley, expuso Guillermo Zepeda Lecuona, académico del Colegio de Jalisco.

“Lo que se está buscando es esta nostalgia de un Ministerio Público que extraña los subsidios de sus ineficiencias, porque lo que se está usando la prisión preventiva como una sanción de consolación”.

Una víctima de un delito lo que pretende es que se le resarza el daño, que se le restituya el bien. Con el nuevo sistema los infractores deben restituir el daño, pero tienen la posibilidad de pasar su proceso en libertad, lo que no significa que no vayan a recibir castigo. No obstante, las autoridades deben conducir adecuadamente el asunto para que esto ocurra, pero como falta capacitación y personal, los casos han caído rápido en el rezago.

Es por ello que muchos infractores están en la calle aún si ya cuentan con antecedentes, pues como sus expedientes anteriores se encuentran archivados en rezago, el Ministerio Público muchas veces no se da cuenta y suelta a los reincidentes.

Así, ante esta deficiencia, en lugar de perfeccionar el proceso y dar salida a los asuntos pendientes, la propuesta de la Conago es mejor encerrar a más detenidos.

“No va a hacer una aportación real a las capacidades de investigación del Ministerio Público, solamente a su capacidad de sancionar a unos cuantos con unas penas desproporcionadas como espectáculo público o para estadísticas”.

Esto sólo costará más al erario, unos 220 pesos diarios por prisionero, lo que además saturará las cárceles sin que se haya resarcido el daño de las víctimas, pues los casos seguirán atorados, pero ahora con más gente en prisión, insistió el investigador.

Daniel Espinoza Licón, juez adscrito al Distrito Judicial Uno, coincidió con la lectura de Zepeda en que no debe ampliarse el catálogo de delitos sino corregir errores.

“Yo creo que tenemos ante nosotros un excelente sistema de justicia, pero tenemos malos operadores. Creo que la solución serían buenas prácticas, capacitación y consolidar el modelo, no buscar reformas para dar marcha atrás a lo que ya hemos obtenido como ganancia. La lectura ha sido mala, no creo que sean los gobernadores los que llegan y afirmen que se necesita ampliar el catálogo de delitos, yo creo que sus asesores les informan del aumento de los robos. No es aumentar el catálogo, es hacer eficiente el actual”.

Capacitaciones “al vapor”, principal factor de las fallas

Fueron ocho años desde que inició la transición al nuevo sistema de justicia; sin embargo, a muchos integrantes de las corporaciones se les comenzó a capacitar ya muy cerca de la fecha límite, el 18 de junio de 2016. Es uno de los factores que ha incidido en las fallas del sistema, reconocieron un par de oficiales de Guadalajara cuestionados sobre las detenciones ilegales.

“Tiene poco este sistema. A los nuevos elementos los sacaron al vapor, nos empezaron a dar cursos muy rápido. Yo digo que por ese detalle muchos compañeros están batallando en el llenado de los formularios”, comentó uno de los oficiales, quien prefirió ocultar su nombre.

Que ellos sepan, no cuentan con alguna detención ilegal en su haber, pero saben que éstas se dan por errores en el llenado de los informes policiales homologados. “El problema es a la hora de redactar la narración, tienes que explicar bien qué fue lo que pasó, si se te pasa un horario, algo, de ahí se agarra el defensor para dejarlo improcedente”, dijo su compañero.

Si bien al inicio se les dificultó un poco la tarea, actualmente es más fácil para ellos llenar los informes, por lo que no ven mayor dificultad en su caso; sin embargo, aceptaron que no es el caso de toda la comandancia. “Falta coordinación entre las corporaciones y más capacitación para que fluya bien la información”.

Una buena opción es la implementación de tecnología. Admitieron que será más fácil corregir un informe si es en un dispositivo electrónico, como una tableta o celular, que repetir el llenado de todo el formulario. “Puede ser bueno, el error lo corriges ahí mismo”, dijo el último oficial. Además, la información por esta vía podrá estar de inmediato a disposición del MP.

ILLEGALES, CUATRO DE CADA 10 DETENCIONES

En el Distrito Judicial Uno de Jalisco, que abarca Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Zapotlanejo, cuatro de cada 10 detenciones han sido decretadas como ilegales por los jueces de control.

De mil 577 casos ante los 112 jueces del Distrito, 633 fueron ilegales, en el periodo del primero de junio de 2016 al 11 de julio de 2017.

Juez	Detención legal	Detención ilegal
1	112	54
2	96	76
3	114	30
4	87	78
5	106	30
6	104	72
7	94	83
8	99	66
9	87	58
10	17	40
11	7	30
12	21	16
Total	944	633

PROPONEN TECNOLOGÍA PARA PERFECCONAR INFORMES

Los informes policiales homologados que son llenados por los primeros respondientes en Jalisco son tres veces más extensos que los que utiliza la Policía de Nueva York, aseguró el fiscal Dante Haro.

Eso ha llegado a provocar dificultad o errores en el llenado. Incluso, hay quienes deben repetir dos o tres veces la tarea y se pierden datos en la transcripción.

Y más, la información en papel no tiene las ventajas de contar con ella en un sistema que podría ser compartido entre los distintos operadores de manera más rápida y eficaz, por ejemplo, entre policías y agentes del Ministerio Público. Tal es una de las razones por las cuales la Fiscalía General ha generado una propuesta para que los informes sean llenados en dispositivos como tabletas o teléfonos inteligentes.

“Se presentó la propuesta de Jalisco de simplificar ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y  está muy adelantado un protocolo reducido que pueda ser bastante claro en recabar información. También ayudaría el uso de tecnología como tabletas o teléfonos para no repetir de manera constante lo que se tiene que hacer, para que con una sola vez, bien hecho y reducido, se pueda hacer una sistematización”.

Esa información reducida se puede integrar a un banco de datos de manera inmediata para que sea tomada por los otros operadores del sistema, insistió.

El fiscal de Derechos Humanos se mostró optimista al grado de estimar que se pueda concretar la propuesta en el 2018, pues se requiere de una partida presupuestal para dotar de esta tecnología a los operadores del sistema. “Esto es una realidad que se tiene que hacer a nivel nacional, estatal y municipal”.

LOS OPERADORES

“Modelo ineficaz”

Entre los fines del nuevo sistema de justica hay un verdadero respeto a los derechos humanos, de víctimas y detenidos, que se repare el daño a los primeros y se reduzca la población en las cárceles. Pero en lugar de eso, los delitos han aumentado, así como la impunidad, pues los infractores que ameritan estar encerrados, como contempla el sistema, están libres.

Pero esto no se debe al sistema, sino a los operadores, que al momento no han podido consolidar el modelo, que es ineficiente, porque la solución de los asuntos ha demorado más de lo esperado. Es ineficaz, porque existe un rezago que se traduce en impunidad, manifestó Daniel Espinoza Licón, juez oral del Distrito Judicial Uno.

“Yo creo que tenemos un sistema de justicia que cumple con todos los estándares internacionales, el problema es que los operadores somos los que fallamos. Si tengo una persona ineficaz, que no fue debidamente capacitada; si tengo un servidor público corrupto del sistema tradicional y me lo llevan al modelo acusatorio, buscará la manera de seguir haciendo corrupción en este modelo”.

Lo que deben revisar, añadió, es encontrar los errores y corregir las fallas para consolidar el modelo, donde la capacitación juega un papel primordial.

“Hubo una inequidad en torno a la capacitación: el Poder Judicial capacitó mucho a sus jueces, el Ministerio Público capacitó medianamente a su gente, y la Policía capacitó deficientemente a sus policías, pero no fue porque quisieran, sino por los recursos, los malos profesores… mil cosas contribuyeron a que no hubiera una capacitación adecuada”.

Aunque el Estado tuvo ocho años para prepararse para el nuevo sistema de justicia, lo implementó casi al término del plazo constitucional. “¿Qué pasó? Como buenos mexicanos dejamos todo al final, cinco días antes de que cobrara vigencia el modelo y que estuviéramos obligados, ahora sí vamos a entrar”.

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¿Quién falla en el nuevo sistema de justicia penal: el policía, el agente del Ministerio Público o el juez?

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