Jalisco
Establece Ejecutivo causales para penalizar aborto
El gobernador del Estado publicó las reformas que prevén garantizar el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural
GUADALAJARA, JALISCO.- El gobernador Emilio González Márquez publicó las reformas al Artículo 2 de la Constitución del Estado de Jalisco, que prevén garantizar el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural.
En el Periódico Oficial del Estado de Jalisco se publicaron las reformas constitucionales y penales el pasado 2 de julio, y entraron en vigor al día siguiente, es decir el viernes.
En las reformas del Artículo 228 del Código Penal, prevé sanciones que podrían ir de cuatro meses a un año de prisión para “la madre que, voluntariamente, procure o consienta que otra persona la haga abortar”.
Las sanciones van de cuatro meses a un año de prisión, cuando la mujer incurra en alguna de las siguientes agravantes: “Que no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo”, “sea fruto de una relación ilegítima”, o que “el aborto se dé dentro de los primeros cinco meses de embarazo”.
La ley puede ser más severa, pues establece que si la mujer reincide e interrumpe un embarazo o falta a una de estas condicionantes, la pena se podría duplicar, y si falta a dos o más de estos puntos, la sanción penal podría ser triplicada.
También se establece que el juez queda facultado para sustituir las anteriores sanciones por un tratamiento médico integral, “siempre y cuando no se presente reincidencia de parte de la mujer”.
Además prevé que la madre que pretenda abortar, debe ser sometida a un tratamiento provisto por las instancias de salud del Estado, y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas por el aborto provocado y reafirmar los valores de la maternidad.
En días pasados, González Márquez presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que en la Entidad no se aplicara la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que permite a instituciones públicas y privadas practicar abortos cuando se compruebe que el embarazo es producto de una violación.
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