Jalisco
Escándalo
El escándalo tiene la misma función social que tiene un grito; sirve para llamar la atención en torno a un tema
El escándalo tiene la misma función social que tiene un grito; sirve para llamar la atención en torno a un tema. Según John B. Thompson, el gran teórico de este tema, el escándalo tiene cinco características que resumo rápidamente. a) Es una transgresión de ciertos valores o normas de una comunidad; b) Su ocurrencia implica un elemento de secrecía u ocultamiento que es develado por terceros no participantes; c) Algunos no participantes de la transgresión y el ocultamiento desaprueban la ocurrencia y se sienten ofendidos; d) Existe una denuncia de parte de algunos de los no participantes, y e) La denuncia y exposición pública de los actos puede dañar la reputación de personas, independientemente de que sean culpables o inocentes
El escándalo sigue las mismas pautas si es privado (digamos a nivel de un club o una escuela) o si éste es político y se da a través de un medio de comunicación. Quizá la única diferencia, dice Thompson, es que el escándalo político tiene un elemento adicional: el abuso de poder.
Dos escándalos de esta semana prueban claramente este esquema: el de los gastos no reportados en el Congreso por parte de varios de los diputados de la Legislatura anterior, y el del contralor del Ayuntamiento tapatío, Víctor Urrea, pidiendo mordida de millones. En ambos casos hay una clara violación a normas y valores, eran temas que se mantuvieron en secreto, hay terceros que denuncian, medios que difunden y reputaciones en juego que, independientemente de su culpabilidad o inocencia, pasan por un juicio sumario de la opinión pública.
Pero ni Samuel Romero ni Víctor Urrea van a ir a la cárcel. En el caso del primero, la Auditoría Superior ya aprobó la cuenta pública, digamos que el robo (como un juego de beisbol que pasa la sexta entrada) ya es legal. Y en el caso del segundo, el coyote lo traicionó y no sólo lo denunció sino que no le pagó la mordida, por lo cual no hay delito de cohecho, solo exhibición pública.
Es justamente en estos casos de cinismo institucionalizado en que el escándalo tiene un sentido social, pero los medios, a fuerza de hacer escándalo de cualquier cosa, hemos debilitado la eficacia de este instrumento. Hemos gritado tanto que ya nadie escucha. A base de hacer de cualquier tontería un escándalo, vacunamos a los políticos y los hicimos literalmente inmunes.
Una denuncia como la del robo descarado de los coordinadores de fracción de la anterior Legislatura o un intento de soborno de Urrea (“tu pídeles dos millones y de ahí te bajas... 750 mil para nosotros y lo que tú quieras para ti) hubiera implicado hace 15 años al menos juicio político e inhabilitación. Pero hoy, cual cucarachas de alcantarilla, todos van a sobrevivir políticamente. Sus partidos los van a proteger y más temprano que tarde estarán de nueva cuenta viviendo del presupuesto. Van a volver y ya sin reputación alguna que cuidar.
La función política del escándalo, sancionar moralmente el incumplimiento de normas y valores de una sociedad, se perdió por el abuso que hicimos los medios de este mecanismo. Reconstruirlo tomará años porque la credibilidad, como la virginidad, sólo se pierde una vez.
El escándalo sigue las mismas pautas si es privado (digamos a nivel de un club o una escuela) o si éste es político y se da a través de un medio de comunicación. Quizá la única diferencia, dice Thompson, es que el escándalo político tiene un elemento adicional: el abuso de poder.
Dos escándalos de esta semana prueban claramente este esquema: el de los gastos no reportados en el Congreso por parte de varios de los diputados de la Legislatura anterior, y el del contralor del Ayuntamiento tapatío, Víctor Urrea, pidiendo mordida de millones. En ambos casos hay una clara violación a normas y valores, eran temas que se mantuvieron en secreto, hay terceros que denuncian, medios que difunden y reputaciones en juego que, independientemente de su culpabilidad o inocencia, pasan por un juicio sumario de la opinión pública.
Pero ni Samuel Romero ni Víctor Urrea van a ir a la cárcel. En el caso del primero, la Auditoría Superior ya aprobó la cuenta pública, digamos que el robo (como un juego de beisbol que pasa la sexta entrada) ya es legal. Y en el caso del segundo, el coyote lo traicionó y no sólo lo denunció sino que no le pagó la mordida, por lo cual no hay delito de cohecho, solo exhibición pública.
Es justamente en estos casos de cinismo institucionalizado en que el escándalo tiene un sentido social, pero los medios, a fuerza de hacer escándalo de cualquier cosa, hemos debilitado la eficacia de este instrumento. Hemos gritado tanto que ya nadie escucha. A base de hacer de cualquier tontería un escándalo, vacunamos a los políticos y los hicimos literalmente inmunes.
Una denuncia como la del robo descarado de los coordinadores de fracción de la anterior Legislatura o un intento de soborno de Urrea (“tu pídeles dos millones y de ahí te bajas... 750 mil para nosotros y lo que tú quieras para ti) hubiera implicado hace 15 años al menos juicio político e inhabilitación. Pero hoy, cual cucarachas de alcantarilla, todos van a sobrevivir políticamente. Sus partidos los van a proteger y más temprano que tarde estarán de nueva cuenta viviendo del presupuesto. Van a volver y ya sin reputación alguna que cuidar.
La función política del escándalo, sancionar moralmente el incumplimiento de normas y valores de una sociedad, se perdió por el abuso que hicimos los medios de este mecanismo. Reconstruirlo tomará años porque la credibilidad, como la virginidad, sólo se pierde una vez.
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