Jalisco
Entablan diálogo indígenas nahuas y empresa minera
En las próximas semanas, los ejidatarios de Ayototitlán y personal de la oficina de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, harán un recorrido de los terrenos para supervisar el área que tiene concesionada la minera desde hace décadas
AYOTITLÁN, JALISCO.- Repentinamente la historia de la comunidad de Ayotitlán ha comenzado a tener otras texturas. Después de 40 años de que los indígenas nahuas comenzaron un litigio para exigir la restitución de 15 mil hectáreas, la Secretaría de la Reforma Agraria ha realizado el primer dictamen pericial, con el cual no sólo podrían recuperarse las tierras, sino que también comprueban que la minera Peña Colorada ha invadido por lo menos 192 hectáreas del ejido.
Con base en este documento, la oficina de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, hará un recorrido en las próximas semanas con los campesinos y representantes de la empresa para examinar cuántas minas existen y cómo se están explotando los terrenos.
Los miles de días de espera fueron abruptos y rasposos. Ahora, indefinidamente, la piel del conflicto territorial se transformará, pues por primera vez se ha entablado el diálogo entre la empresa y las autoridades ejidales y “podrán entrar a supervisar el área que tiene concesionada la minera desde hace décadas”, explica Jaime Hernández Lamas, abogado de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien asesora al Consejo de Mayores de Ayotitlán.
El acuerdo pericial (expediente 1261/2004, del juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa) dictamina que las 192 hectáreas invadidas, están contempladas en el contrato únicamente para depositar sus desechos, no para explotar los yacimientos de hierro.
Hernández Lamas considera que Asuntos Agrarios tiene “buena disposición” para poner todo en regla, para que se cumpla el contrato, sin ningún “afán” de afectar los intereses de Peña Colorada ni de la comunidad, ubicada en el municipio de Cuautitlán de Barragán.
“Tienen que dar cuenta de que los empresarios no se aprovechen de los indígenas por su desconocimiento técnico y que no estén generando perjuicios ambientales, sociales y económicos de sus tierras. El objetivo es verificar el área invadida, pero aunque ya está dicho en el dictamen, es importante el recorrido porque la gente quiere entrar a ver sus tierras, pues como dicen: ‘queremos pasar al lugar de los hechos’”, resalta Hernández Lamas.
Además de verificar la zona invadida, los ejidatarios harán un diagnóstico de la situación ambiental, de los derechos humanos de la población Las Pesadas que quedó “atrapada” en la superficie que se explota el yacimiento férreo (pueden salir únicamente una vez por semana) y de la relación comercial con la empresa.
En noviembre pasado, la comunidad festejó que Juan Mancilla había sido elegido para ser el nuevo comisario ejidal, quien trabaja de cerca con el Consejo de Mayores de Ayotitlán. El consorcio minero se presentó a una asamblea hasta febrero, pues temía que la comunidad intentaría parar los trabajos de extracción de hierro.
“Ya les aclararon que eso no sucederá y que más vale buen arreglo, porque tienen mucho dinero y poder para llevársela en juicios y la comunidad no puede enfrentarla; es una de las más pobres del estado. Su respuesta fue que sí les permitirán entrar a los terrenos, que son los que colindan directamente con Ayotitlán… se está generando una buena relación, se trata solo de hacer cuentas”.
Peña Colorada extrae aproximadamente el 30% de hierro del país con ganancias anuales de hasta mil 500 millones de dólares. Aunque explotan el suelo desde hace 40 años, el primer convenio se firmó en 1988 por 30 años.
En ese momento se determino un pago de un millón 600 mil pesos, con un ajuste inflacionario por año. Sin embargo, los nahuas han solicitado que se les informe cuánto le pagaron al anterior comisario ejidal, Jesús Michel Prudencio, quien no entregó el cargo y “se llevó todos los documentos”.
La pericial topográfica está determinada por tres partes: la que hace la Reforma Agraria, la que ordena el Tribunal con sus diestros y la del quejoso (el ejido de Ayotitlán), que tiene derecho a presentar su dictamen. “El problema aquí es que aquí Michel Prudencio es quien debió hacerlo, pero no lo hizo en tiempo y forma, no nombró a su perito porque era empleado de la mina. Por un tiempo nos nombró asesores, pero después nos dimos cuenta que le estaba diciendo nuestra estrategia a la empresa. Con estos elementos, es con los que el juez podrá determinar el deslinde de las 15 mil hectáreas”, concluye el abogado de la UdeG.
Con base en este documento, la oficina de Asuntos Agrarios del Gobierno de Jalisco, hará un recorrido en las próximas semanas con los campesinos y representantes de la empresa para examinar cuántas minas existen y cómo se están explotando los terrenos.
Los miles de días de espera fueron abruptos y rasposos. Ahora, indefinidamente, la piel del conflicto territorial se transformará, pues por primera vez se ha entablado el diálogo entre la empresa y las autoridades ejidales y “podrán entrar a supervisar el área que tiene concesionada la minera desde hace décadas”, explica Jaime Hernández Lamas, abogado de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien asesora al Consejo de Mayores de Ayotitlán.
El acuerdo pericial (expediente 1261/2004, del juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa) dictamina que las 192 hectáreas invadidas, están contempladas en el contrato únicamente para depositar sus desechos, no para explotar los yacimientos de hierro.
Hernández Lamas considera que Asuntos Agrarios tiene “buena disposición” para poner todo en regla, para que se cumpla el contrato, sin ningún “afán” de afectar los intereses de Peña Colorada ni de la comunidad, ubicada en el municipio de Cuautitlán de Barragán.
“Tienen que dar cuenta de que los empresarios no se aprovechen de los indígenas por su desconocimiento técnico y que no estén generando perjuicios ambientales, sociales y económicos de sus tierras. El objetivo es verificar el área invadida, pero aunque ya está dicho en el dictamen, es importante el recorrido porque la gente quiere entrar a ver sus tierras, pues como dicen: ‘queremos pasar al lugar de los hechos’”, resalta Hernández Lamas.
Además de verificar la zona invadida, los ejidatarios harán un diagnóstico de la situación ambiental, de los derechos humanos de la población Las Pesadas que quedó “atrapada” en la superficie que se explota el yacimiento férreo (pueden salir únicamente una vez por semana) y de la relación comercial con la empresa.
En noviembre pasado, la comunidad festejó que Juan Mancilla había sido elegido para ser el nuevo comisario ejidal, quien trabaja de cerca con el Consejo de Mayores de Ayotitlán. El consorcio minero se presentó a una asamblea hasta febrero, pues temía que la comunidad intentaría parar los trabajos de extracción de hierro.
“Ya les aclararon que eso no sucederá y que más vale buen arreglo, porque tienen mucho dinero y poder para llevársela en juicios y la comunidad no puede enfrentarla; es una de las más pobres del estado. Su respuesta fue que sí les permitirán entrar a los terrenos, que son los que colindan directamente con Ayotitlán… se está generando una buena relación, se trata solo de hacer cuentas”.
Peña Colorada extrae aproximadamente el 30% de hierro del país con ganancias anuales de hasta mil 500 millones de dólares. Aunque explotan el suelo desde hace 40 años, el primer convenio se firmó en 1988 por 30 años.
En ese momento se determino un pago de un millón 600 mil pesos, con un ajuste inflacionario por año. Sin embargo, los nahuas han solicitado que se les informe cuánto le pagaron al anterior comisario ejidal, Jesús Michel Prudencio, quien no entregó el cargo y “se llevó todos los documentos”.
La pericial topográfica está determinada por tres partes: la que hace la Reforma Agraria, la que ordena el Tribunal con sus diestros y la del quejoso (el ejido de Ayotitlán), que tiene derecho a presentar su dictamen. “El problema aquí es que aquí Michel Prudencio es quien debió hacerlo, pero no lo hizo en tiempo y forma, no nombró a su perito porque era empleado de la mina. Por un tiempo nos nombró asesores, pero después nos dimos cuenta que le estaba diciendo nuestra estrategia a la empresa. Con estos elementos, es con los que el juez podrá determinar el deslinde de las 15 mil hectáreas”, concluye el abogado de la UdeG.
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