Jalisco
En Jalisco, uno de cada tres no tiene seguridad social
Aunque el aumento de derechohabientes ha aumentado en el país, el crecimiento de trabajadores asegurados en el Estado se ha estancado
GUADALAJARA, JALISCO (01/MAYO/2013).- En Jalisco, una de cada 3 personas carece de seguridad social, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, levantada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en 2009. De los siete millones 11 mil 713 personas registradas en Jalisco, existen dos millones 546 mil 189 personas que carecen de este derecho laboral.
Sin embargo, la derechohabiencia ha aumentado en la última década. De acuerdo con datos del INEGI, en 2004 la cantidad de personas que carecían de seguridad social era de tres millones 662 mil 648, es decir, casi la mitad de la población en el Estado.
Pese a ello, la creación de empleo en Jalisco se ha estancado. La tabla de indicadores de la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, registró que en 2011 hubo un millón 308 mil empleados con seguridad social; en 2012 el número incrementó menguadamente 41 mil empleos, quedando en un millón 349 mil; y en lo que va del 2013 la cifra sólo ha aumentado en cuatro mil empleos, por lo que se prenden focos amarillos, pues la meta de este año se ve lejana del millón 394 mil empleos que pretende el Gobierno del Estado.
Para Antonio Guzmán Fernández, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el problema de la seguridad social en los trabajadores de México es un problema mucho más complejo, que tiene que ver con las relaciones internacionales que contrae un gobierno y de cómo éste se va olvidando de sus obligaciones hacía con los trabajadores.
De acuerdo con su artículo El derecho a la seguridad social y la embestida del neoliberalismo: énfasis en el caso de México, el debilitamiento de la seguridad social en México tiene varios factores que deben tenerse en cuenta, entre los cuales sobresalen los problemas de generación de empleo, reducción salarial y las políticas del Estado que disminuyeron el gasto público con fines sociales.
“El crecimiento económico en México impulsado de manera especialmente fuerte a partir del período del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), estuvo marcado por un gran intervencionismo del Estado en la economía, caracterizado por el establecimiento de empresas públicas en distintas ramas de la producción y los servicios. Entre ellas se encontraban Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Granos y Fertilizantes, Cooperativa Nacional de Subsistencia Popular, Ferrocarriles Nacionales, Teléfonos de México y Mexicana de Aviación”.
Mediante sus empresas e instituciones, el Estado se convirtió en el empleador de una gran cantidad de trabajadores y, amparados en ello, podían gozar de la seguridad social que la ley les otorgaba. Hacia 1985, de las 500 empresas más importantes del país:
“las estatales significaron el 50% de las ventas, el 34% de los activos y el 38% del personal ocupado; PEMEX representó el 40% de las ventas, si se descarta a PEMEX de las 500, las empresas estatales significaron el 16% de las ventas, el 34% de los activos y el 24% del personal ocupado”.
Pero las cosas cambiaron cuando, a raíz de la crisis del modelo de crecimiento en la misma década de los ochenta, las políticas del Estado fueron dando un giro radical, especialmente con el llamado proceso de desincorporación estatal consistente en: la liquidación de empresas o extinción de fideicomisos, las fusiones, las transferencias a los gobiernos estatales y las ventas de las empresas a particulares, proceso realizado en el período de 1984 y el 2000, “pero sin que hayan cesado los esfuerzos de los apologistas de la privatización para hacer lo mismo con PEMEX y la CFE. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, decretó el día 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro”.
“Las consecuencias de tales medidas sobre los volúmenes de empleo y niveles salariales fueron devastadoras para los trabajadores, sobre quienes recaían los ajustes de cada crisis. Así por ejemplo, la debacle económica de 1995, que llevó a una caída de 6.9 por ciento en el PIB, provocó que disminuyera en 814 mil el número de asegurados en el IMSS en diciembre de 1995 respecto a diciembre de 1994, lo cual se acompañaba de menor captación de recursos de cotizaciones que agravaban los problemas financieros de la institución”.
Pero por otra parte, señala el investigador, a pesar de que durante el período neoliberal caía el empleo y se “erosionaban” los salarios, traduciéndose en bajas cotizaciones y por lo tanto en problemas financieros de las instituciones de la seguridad social, con el IMSS como la institución más importante, la cobertura continuaba creciendo, ya que el número de derechohabientes pasó de 9.7 millones en 1970 a 44.8 millones en 1999, para después descender a 34 millones en 2009.
“Es verdad que los problemas relativos al debilitamiento de la seguridad social en el país tendrían entre una de sus causas las reglas para la incorporación de derechohabientes. Sin embargo, tiende a haber un consenso entre los estudiosos del tema respecto a que la caída del empleo y de los salarios jugaron un rol fundamental, además de la corrupción que ha implicado saqueo y desvío de recursos de las instituciones de la seguridad social del país”.
EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA
Sin embargo, la derechohabiencia ha aumentado en la última década. De acuerdo con datos del INEGI, en 2004 la cantidad de personas que carecían de seguridad social era de tres millones 662 mil 648, es decir, casi la mitad de la población en el Estado.
Pese a ello, la creación de empleo en Jalisco se ha estancado. La tabla de indicadores de la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, registró que en 2011 hubo un millón 308 mil empleados con seguridad social; en 2012 el número incrementó menguadamente 41 mil empleos, quedando en un millón 349 mil; y en lo que va del 2013 la cifra sólo ha aumentado en cuatro mil empleos, por lo que se prenden focos amarillos, pues la meta de este año se ve lejana del millón 394 mil empleos que pretende el Gobierno del Estado.
Para Antonio Guzmán Fernández, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el problema de la seguridad social en los trabajadores de México es un problema mucho más complejo, que tiene que ver con las relaciones internacionales que contrae un gobierno y de cómo éste se va olvidando de sus obligaciones hacía con los trabajadores.
De acuerdo con su artículo El derecho a la seguridad social y la embestida del neoliberalismo: énfasis en el caso de México, el debilitamiento de la seguridad social en México tiene varios factores que deben tenerse en cuenta, entre los cuales sobresalen los problemas de generación de empleo, reducción salarial y las políticas del Estado que disminuyeron el gasto público con fines sociales.
“El crecimiento económico en México impulsado de manera especialmente fuerte a partir del período del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), estuvo marcado por un gran intervencionismo del Estado en la economía, caracterizado por el establecimiento de empresas públicas en distintas ramas de la producción y los servicios. Entre ellas se encontraban Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Altos Hornos de México, Granos y Fertilizantes, Cooperativa Nacional de Subsistencia Popular, Ferrocarriles Nacionales, Teléfonos de México y Mexicana de Aviación”.
Mediante sus empresas e instituciones, el Estado se convirtió en el empleador de una gran cantidad de trabajadores y, amparados en ello, podían gozar de la seguridad social que la ley les otorgaba. Hacia 1985, de las 500 empresas más importantes del país:
“las estatales significaron el 50% de las ventas, el 34% de los activos y el 38% del personal ocupado; PEMEX representó el 40% de las ventas, si se descarta a PEMEX de las 500, las empresas estatales significaron el 16% de las ventas, el 34% de los activos y el 24% del personal ocupado”.
Pero las cosas cambiaron cuando, a raíz de la crisis del modelo de crecimiento en la misma década de los ochenta, las políticas del Estado fueron dando un giro radical, especialmente con el llamado proceso de desincorporación estatal consistente en: la liquidación de empresas o extinción de fideicomisos, las fusiones, las transferencias a los gobiernos estatales y las ventas de las empresas a particulares, proceso realizado en el período de 1984 y el 2000, “pero sin que hayan cesado los esfuerzos de los apologistas de la privatización para hacer lo mismo con PEMEX y la CFE. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, decretó el día 11 de octubre de 2009 la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro”.
“Las consecuencias de tales medidas sobre los volúmenes de empleo y niveles salariales fueron devastadoras para los trabajadores, sobre quienes recaían los ajustes de cada crisis. Así por ejemplo, la debacle económica de 1995, que llevó a una caída de 6.9 por ciento en el PIB, provocó que disminuyera en 814 mil el número de asegurados en el IMSS en diciembre de 1995 respecto a diciembre de 1994, lo cual se acompañaba de menor captación de recursos de cotizaciones que agravaban los problemas financieros de la institución”.
Pero por otra parte, señala el investigador, a pesar de que durante el período neoliberal caía el empleo y se “erosionaban” los salarios, traduciéndose en bajas cotizaciones y por lo tanto en problemas financieros de las instituciones de la seguridad social, con el IMSS como la institución más importante, la cobertura continuaba creciendo, ya que el número de derechohabientes pasó de 9.7 millones en 1970 a 44.8 millones en 1999, para después descender a 34 millones en 2009.
“Es verdad que los problemas relativos al debilitamiento de la seguridad social en el país tendrían entre una de sus causas las reglas para la incorporación de derechohabientes. Sin embargo, tiende a haber un consenso entre los estudiosos del tema respecto a que la caída del empleo y de los salarios jugaron un rol fundamental, además de la corrupción que ha implicado saqueo y desvío de recursos de las instituciones de la seguridad social del país”.
EL INFORMADOR/ OMAR GARCÍA
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