Empresarios exigen terminar con el reparto de cuotas

GUADALAJARA, JALISCO (16/JUN/2017).- Para demostrar que habrá autonomía total en la selección de los personajes que encabezarán el Sistema Local Anticorrupción, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) coinciden en que la designación quede a cargo de una mesa externa, integrada por ciudadanos de probada trayectoria y no por funcionarios o miembros de los partidos políticos.

El mismo criterio, concuerdan, debe seguirse para seleccionar al nuevo fiscal general, a los nuevos auditores superior y especiales de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), a quienes integrarán la sala superior y unitarias del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) y la Fiscalía Anticorrupción.

Fernando Topete, titular de la Canaco, expone que se debe “tomar la palabra” al gobernador y aprovechar la coyuntura que propició para que sean instituciones serias quienes elijan a los perfiles de esas entidades públicas, sin relación directa con los actores políticos.  

“Que se escojan por meritocracia, en unos comités con gente probada y con todas las características, que ya se definirán. Pero debe caer en poder de la sociedad, no de la iniciativa privada, no del Gobierno. Serán las universidades, los sindicatos, organizaciones… quienes tengan que ser que partícipes”.
Mauro Garza, titular de la  Coparmex, opina que debe ser un proceso de selección ciudadanizado y no con ternas sugeridas por el jefe del Ejecutivo o por el Congreso. “De hecho, hay una parte del Sistema Nacional Anticorrupción que así lo dota: que exista un comité de participación ciudadana, y que de éste vengan las posiciones y los nombramientos que se tengan que dar. Vemos fundamental que se ciudadanice (…) Una mesa que no corresponda a cuotas partidistas es muy importante”.

Sin embargo, Fernando Topete opina que al ser una mesa externa a intereses políticos, no necesariamente quedarían fuera de selección los políticos o quienes trabajan ya en la función pública.

Por su parte, el presidente de Coparmex enfatiza que los nombramientos deben ser para personas “ejemplares” que no obedezcan a intereses o lleguen a esa posición mediante cuotas partidistas.

Fuera la grilla

Porque no interesan a los ciudadanos, las discusiones de tinte político entre los partidos Movimiento Ciudadano y Revolucionario Institucional deben quedarse en la congeladora. La Canaco y la Coparmex coinciden en que la prioridad es que las reformas para lograr un eficiente sistema anticorrupción se aprueben.

Fernando Topete, de la Canaco, llamó a los representantes de ambas fuerzas a bajar el tono de la discusión. “No es un evento deportivo. Quisiera que todos fuéramos en un solo equipo, que se entiendan, porque sí hay las bases. Por ejemplo, de las leyes secundarias ya hay borradores muy avanzados (…) La corrupción no puede tener tiempos extra”.

También piden auditor con autonomía

Las cúpulas empresariales se pronuncian porque la Auditoría Superior sea uno de los organismos que cuente con autonomía de gestión y financiera. Mauro Garza, de la Coparmex, recordó que hay muchas propuestas sobre la mesa y esperan que el titular sea quien designe a los tres auditores especiales, “no tenemos la claridad de cómo lo quieren manejar ellos (Ejecutivo y diputados). Lo que hemos hablado es que el auditor debe tener la autonomía de poder nombrar a sus auditores especiales, y que esos auditores especiales no sean nombrados por el Congreso”,
Subrayó que fue uno de los puntos que manifestaron en la Comisión Interinstitucional conformada por el Gobierno del Estado para la elaboración de la iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso.

Fiscalía Anticorrupción formará parte de FGE, pero será autónoma

Según la iniciativa enviada ayer por el Ejecutivo al Congreso, la Fiscalía Anticorrupción formará parte de la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, contará con plena autonomía para actuar contra cualquier servidor público, incluido el gobernador y los integrantes de los otros dos Poderes, así como particulares.

En esta propuesta de Gobierno, que se sumará al paquete de reforma anticorrupción que envió en mayo pasado al Congreso, se destaca que la FGE y las fiscalías especializadas gozarán de autonomía técnica, de gestión, administrativa y presupuestal.

Tras anunciarse esta nueva iniciativa, por la tarde del miércoles se generó un debate en las redes sociales que continuó ayer en el Congreso entre los diputados emecistas y priistas.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, reiteró que la iniciativa enviada el mes pasado por el gobernador estaba rasurada y no garantizaba la autonomía de la Fiscalía General, y aseguró que el Legislativo ya tiene listo un dictamen que crea “un verdadero Sistema Anticorrupción”.

El coordinador priista, Hugo Contreras, destacó que lo importante es que hay coincidencias para que los organismos del SLA sean autónomos, por lo que pidió que “se serenen” para que las cosas salgan bien. Algo en lo que coincidió el diputado independiente, Pedro Kumamoto, quien pidió reconocer la propuesta que envió el gobernador. “Reconozcamos las propuestas que existen, en algunos de nuestros casos, desde 2016, y generemos el mejor planteamiento. Llamo a las fracciones a mostrar madurez y, sobre todo, serenarse”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Competencias constitucionales

Jesús Ibarra (académico del ITESO).

Para garantizar la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa deberá tener competencias constitucionales, destacó el académico.

“Si no tiene competencias constitucionales, no puede el Tribunal Administrativo sancionar o anular actos del Ejecutivo ni tampoco del Legislativo, solamente podría enfocarse a lo que llamamos la administración pública estatal, cuando lo que nos interesa es que le entre a todo, incluido el Poder Judicial”.

Precisa que en los nombramientos de los fiscales, auditores y magistrados deben participar al menos dos Poderes y también la sociedad civil organizada,  “un artículo (de la iniciativa del gobernador) señala que la elección de los magistrados del Tribunal Administrativo (será igual) a la de los magistrados del Poder Judicial del Estado. No puede ser”.

REFORMA ANTICORRUPCIÓN

Los diputados deberán aprobar antes del 18 de julio las reformas complementarias, las siete leyes secundarias y la creación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción.

Se reformarán más de 30 artículos de la Constitución, Código Penal, Ley de Fiscalización, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Responsabilidades, Ley de los Servidores Públicos, Fiscalía General y Ejecutivo.

Las propuestas

• Fiscalía general

Gobierno estatal	Partido Movimiento Ciudadano
Fiscalía autónoma constitucional.	Fiscalía autónoma constitucional.
El fiscal general y anticorrupción serán elegidos a través de una terna que será enviada por el gobernador al Congreso.	Con presupuesto, personalidad jurídica y patrimonio propios.
En la elección de la terna participará el Comité de Participación Social, integrado por ciudadanos.	Congreso elige al fiscal general por dos terceras partes de los integrantes, de una terna remitida por el Ejecutivo.
El fiscal general y anticorrupción durarán 10 años en el cargo sin reelección.	El fiscal general durará seis años en el cargo, sujeto a ratificación.
Ambas fiscalías contarán con una autonomía técnica, de gestión, administrativa y presupuestal.	Los auditores especiales (ASEJ) serán elegidos de una terna remitida por el fiscal general.
	El fiscal anticorrupción será elegido con los mismos requisitos para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
	El fiscal anticorrupción durará siete años en el cargo con posibilidad de reelección.

• Auditoría Superior de Jalisco

Gobierno estatal	Partido Movimiento Ciudadano
Auditor durará en el cargo 10 años con reelección.	El auditor será elegido por siete años con reelección.
Aumentar requisitos para elegir auditor.	Habrá dos auditores especiales.
La Auditoría contará con tres auditores especiales.	La aprobación de cuentas públicas pasarían por el Congreso.
El auditor superior y los tres auditores especiales serán elegidos mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados.	Se realizarían auditorías especiales a petición ciudadana.
La aprobación de cuentas públicas no pasaría por el Congreso.	La Auditoría estaría obligada a presentar un informe especial de la situación de remuneración de créditos fiscales.
	Seguimiento a recomendaciones.

• Tribunal de Justicia Administrativa

Gobierno estatal	Partido Movimiento Ciudadano
Autónomo.	Autónomo.
Los magistrados durarán en el cargo 10 años sin ratificación.	Magistrados durarán siete años en su cargo sin reelección.
Se conformará una Sala Superior con tres magistrados.	Se conformará una Sala Superior con tres magistrados.
Requisitos para elegir a los magistrados iguales a los del Supremo Tribunal.	Cambio de los requisitos para elegir a los magistrados.
Prescripción de la responsabilidad administrativa de siete años.
El presidente de la Sala Superior será elegido por los integrantes del mismo. Durará un año en su encargo y podrá ser reelecto.
El Tribunal de lo Administrativo sancionará a los servidores públicos y particulares por las responsabilidades administrativas graves.
Fincará el pago de las indemnizaciones y sanciones por daños a la hacienda pública.

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