Jalisco
Emiten recomendaciones ante abuso de poder y violencia policíaca
El procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos y al alcalde tapatío, Francisco Ayón, fueron exhortados a resolver caso en los que prevalece el abuso de poder
Álvarez Cibrián advirtió la particularidad del caso que implica un desnudo forzoso a dos personas -hombre y mujer- que fueron detenidas el 26 de julio de 2011 por elementos de la Policía de Guadalajara, luego de que fueran abordadas anteriormente por servidores públicos del área de Mejoramiento Urbano y éstos impidieran que los demandantes colocaran propaganda comercial en las calles del Centro Histórico.
Ante la detención, los elementos policíacos trasladaron a los quejosos a los separos de la Dirección de Juzgados Municipales donde la agraviada relata que una de las custodias le solicitó que se desprendiera de su vestimenta interior superior, para posteriormente realizarle un examen médico en presencia de una doctora y un segundo elemento de seguridad "le pidió ingresar a un cuarto oscuro donde de nueva cuenta le indicó que se desnudara, que volteara hacia la pared e hiciera dos sentadillas".
Por su parte, el quejoso varón señaló que, de igual forma, dos agentes policíacos y una doctora le solicitaron despojarse por completo de su vestimenta y se colocara en cuclillas, para finalmente llevarlo a los separos. Posteriormente, los agraviados recobraron su libertad con el pago de una multa.
Dentro de las investigaciones posteriores al hecho, Álvarez Cibrián destacó que el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó mediante un oficio que los custodios Rubén Silva Sánchez, Leny Verónica Campos Dorado y Felipe de Jesús Villegas Gómez no dependen de este organismo, y que únicamente María Elena Jiménez Bustos tenía nombramiento de oficial de policía adscrita a esa secretaría, quienes deberán de responder a los procedimientos necesarios para detallar responsabilidades administrativas.
"Aunque los servidores públicos pretendieron justificar su actuación con el argumento de que a todos los detenidos se les practica una revisión basada en el estándar de una empresa privada de certificación, esta disposición es totalmente ajena a la Constitución mexicana y a las normas internacionales que forman parte de ella (...) sacrificar los derechos humanos de quienes solo incurrieron en un falta administrativa es una conducta que lesiona gravemente tanto a los ofendidos como a la sociedad entera", explicó el titular de la CEDHJ.
Ante lo ocurrido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco exhortó al alcalde tapatío, Francisco Ayón López, a actuar en nombre de la reparación del daño, además de brindar atención psicológica a los jóvenes agraviados en el caso- se ordene de manera inmediata que se suspendan las revisiones al desnudo o cualquier trato denigrante en el ingreso a los separos de los Juzgados Municipales y se ejecuten las acciones necesarias que garanticen la no repetición de estos actos; así como que, como parte de una política pública, se intensifique la capacitación a quienes se ven involucrados en la recepción y auscultación médica de las personas detenidas que vayan a ser ingresadas a los separos de los Juzgados Municipales, en las que se pongan en práctica mecanismos que protejan los derechos humanos, con el fin de evitar actos similares. Además de ejecutar un análisis exhaustivo de los estándares de la empresa de certificación o avalados por la misma, sobre la actuación del personal de Juzgados Municipales, con el ánimo de promover de manera pronta y oportuna los cambios necesarios para garantizar que dichos lineamientos no sean contrarios al marco jurídico mexicano o a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Orden de aprehensión
En lo que respecta a la recomendación dictada hacia el procurador general de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que caso de luego de ser detenida bajo una orden de aprehensión por violencia intrafamiliar, un individuo fue golpeado mientras permanecía inmóvil y esposado por agentes investigadores a tal grado de reventarle el oído izquierdo, durante su traslado hacia el penal de Puente Grande el pasado 19 de agosto de 2011.
El lesionado demandó que los policías no le permitieron avisar a sus familiares sobre la detención, sino que fue custodiado "de manera prepotente y con palabras altisonantes".
"Quedó en evidencia que los policías se excedieron en el uso de la fuerza, pues no se advierte que fuera necesario someterlo en la forma en que lo hicieron. El procurador general de Justicia del Estado debe preocuparse por mejorar la actuación de los elementos a su cargo mediante instrucción y capacitación en el respeto de los derechos humanos de las personas que detienen, limitándose a ejercer dicho actuar sin molestias y dentro del marco del principio de la legalidad", argumentó Álvarez Cibrián.
Por lo que la CEDHJ señaló indispensable que la Contraloría Interna de la Procuraduría inicie, tramite y concluya procedimiento administrativo en contra de los elementos de la Policía Investigadora: Manuel Aguilar Álvarez y René Álvarez Cárdenas, por ejercer indebidamente la función pública y causar lesiones permanentes al quejoso.
Para saber
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián aseguró que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco acumula, con está recomendación, seis dictámenes y 448 quejas en lo que va de 2012; en tanto, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene dos recomendaciones hasta al momento y 70 quejas en este 2012.
EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ
Alcalde tapatío revisará recomendación de ombudsman
Ante la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a autoridades de Guadalajara, por el caso de dos personas que fueron detenidas y obligadas a desnudarse por parte de elementos policíacos municipales, el alcalde tapatío, Francisco Ayón López, dijo que la revisarán.
"La estaremos revisando, con todo el gusto del mundo, y estaremos trabajando para cumplimentarla y hacer valer la situación que nos menciona la Comisión Estatal de los Derechos Humanos".
También se atenderá lo relativo a algunos puntos del reglamento de Guadalajara en el que marca tiempos determinados para realizar investigaciones, que en ocasiones no concuerdan con lo que marcan los tribunales y la comisión, añadió.
EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA
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