Jalisco
Emilio propone al Poder Legislativo cadena perpetua para secuestradores
Propone que las penas carcelarias sean de 30 a 50 años de prisión, y cuando el secuestrador sea un servidor público, la pena irá de 35 a 70 años
GUADALAJARA, JALISCO.- El Poder Ejecutivo entregó ayer al
Congreso Estatal una iniciativa de decreto que reforma el Código Penal del Estado con la que pretende imponer penas más severas para aquellas personas que realicen o participen en el delito de secuestro.
La propuesta signada por el gobernador, Emilio González Márquez, propone que se aumente la condena de prisión hasta ser vitalicia, también establece el incremento de requisitos que otorga el beneficio de la libertad condicional de aquellos que se vieran involucrados en el delito de secuestro o plagio.
Además refiere que los delincuentes relacionados con la privación ilegal de las personas y que esté purgando una sentencia condenatoria no se les aplicará los beneficios de la libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, preliberación o cualquier otro beneficio que pueda modificar la pena de prisión impuesta por un juez.
El mandatario propone que las penas carcelarias sean de 30 a 50 años de prisión, y cuando el secuestrador se trate de un servidor público, la pena será de 35 a 70 años de prisión.
“El gobernador considera que si la persona que fue ilegalmente privada de su libertad, muere durante la comisión del delito, o concluido éste, muere por causas directamente relacionadas con el mismo dentro de los 300 días siguientes al cese de la privación de su libertad, se le impondrá al secuestrador la pena de 50 años de prisión o hasta de prisión vitalicia y multa por el importe de 3 mil 500 a 5 mil días de salario mínimo”, se lee en un documento en el que se explica los alcances de esta iniciativa.
La propuesta signada por el gobernador, Emilio González Márquez, propone que se aumente la condena de prisión hasta ser vitalicia, también establece el incremento de requisitos que otorga el beneficio de la libertad condicional de aquellos que se vieran involucrados en el delito de secuestro o plagio.
Además refiere que los delincuentes relacionados con la privación ilegal de las personas y que esté purgando una sentencia condenatoria no se les aplicará los beneficios de la libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, preliberación o cualquier otro beneficio que pueda modificar la pena de prisión impuesta por un juez.
El mandatario propone que las penas carcelarias sean de 30 a 50 años de prisión, y cuando el secuestrador se trate de un servidor público, la pena será de 35 a 70 años de prisión.
“El gobernador considera que si la persona que fue ilegalmente privada de su libertad, muere durante la comisión del delito, o concluido éste, muere por causas directamente relacionadas con el mismo dentro de los 300 días siguientes al cese de la privación de su libertad, se le impondrá al secuestrador la pena de 50 años de prisión o hasta de prisión vitalicia y multa por el importe de 3 mil 500 a 5 mil días de salario mínimo”, se lee en un documento en el que se explica los alcances de esta iniciativa.
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