Jalisco
Elevará Itei multas a burócratas opacos
Tras las sanciones económicas emitidas por el Instituto, la mitad de funcionarios que se resiste a la transparencia evade los pagos
GUADALAJARA, JALISCO (04/JUL/2015).- Con dientes “de algodón” se podría calificar la Ley de Transparencia que se aprobó hace un par de años en el Congreso del Estado. Luego de 72 sanciones que implicaban una multa económica a funcionarios opacos sólo han pagado 32.
Ante este panorama, la presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero Pacheco, anuncia que presentará una propuesta para incrementar el costo de las multas y para que exista un seguimiento puntual de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para el cobro eficiente de las infracciones contra los burócratas que se resisten a entregar información pública.
“Existe una propuesta de incrementar las multas: actualmente van de los 700 a los 70 mil pesos y la propuesta es que sean de 17 mil a los 105 mil pesos, que son los montos que maneja la Ley General de Transparencia (recientemente aprobada en el Congreso de la Unión). Que sea como nos indica la ley federal”, subraya en su visita a la Mesa de Redacción de EL INFORMADOR. Por ello confía en que los diputados locales homologarán el mismo criterio sancionatorio.
Uno de los problemas es que la autoridad no tiene suficiente información para dar con el paradero de los funcionarios opacos. Cuando el Itei aplica una sanción económica se le da el tratamiento de un crédito fiscal llamado “multas administrativas no fiscales”. “Tenemos poca información de ellos, sólo nos dan el nombre de la persona y el área de adscripción, pero muchas veces la persona ya no trabaja ahí”, contesta el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, responsable de cobrar dichas multas.
El procedimiento para sancionar a un servidor público opaco es el siguiente: Primer paso: una persona solicita información y no se le otorga. Segundo: el ciudadano se queja ante el Itei y éste comienza una revisión. Tercero: del resultado de dicha revisión, el Consejo del Instituto apercibe y pide que se otorgue la información solicitada. Cuatro: ante el caso omiso de las autoridades correspondientes se hace un estudio para descartar responsabilidades. Es cuando el Itei resuelve la sanción, que va desde una amonestación pública, multa o arresto administrativo.
Este año se cumple una década de existencia del Itei. Tras varias modificaciones a la legislación en el Congreso del Estado, hay un retroceso en la materia, consideran organizaciones como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y el Colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes.
Ahora falta que en Jalisco se reforme para cumplir con los criterios mínimos que establece la Ley General, en la que los sindicatos y concesionarias, por ejemplo, estarán obligados a rendir cuentas.
Ante este panorama, la presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero Pacheco, anuncia que presentará una propuesta para incrementar el costo de las multas y para que exista un seguimiento puntual de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para el cobro eficiente de las infracciones contra los burócratas que se resisten a entregar información pública.
“Existe una propuesta de incrementar las multas: actualmente van de los 700 a los 70 mil pesos y la propuesta es que sean de 17 mil a los 105 mil pesos, que son los montos que maneja la Ley General de Transparencia (recientemente aprobada en el Congreso de la Unión). Que sea como nos indica la ley federal”, subraya en su visita a la Mesa de Redacción de EL INFORMADOR. Por ello confía en que los diputados locales homologarán el mismo criterio sancionatorio.
Uno de los problemas es que la autoridad no tiene suficiente información para dar con el paradero de los funcionarios opacos. Cuando el Itei aplica una sanción económica se le da el tratamiento de un crédito fiscal llamado “multas administrativas no fiscales”. “Tenemos poca información de ellos, sólo nos dan el nombre de la persona y el área de adscripción, pero muchas veces la persona ya no trabaja ahí”, contesta el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, responsable de cobrar dichas multas.
El procedimiento para sancionar a un servidor público opaco es el siguiente: Primer paso: una persona solicita información y no se le otorga. Segundo: el ciudadano se queja ante el Itei y éste comienza una revisión. Tercero: del resultado de dicha revisión, el Consejo del Instituto apercibe y pide que se otorgue la información solicitada. Cuatro: ante el caso omiso de las autoridades correspondientes se hace un estudio para descartar responsabilidades. Es cuando el Itei resuelve la sanción, que va desde una amonestación pública, multa o arresto administrativo.
Este año se cumple una década de existencia del Itei. Tras varias modificaciones a la legislación en el Congreso del Estado, hay un retroceso en la materia, consideran organizaciones como la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y el Colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes.
Ahora falta que en Jalisco se reforme para cumplir con los criterios mínimos que establece la Ley General, en la que los sindicatos y concesionarias, por ejemplo, estarán obligados a rendir cuentas.
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