Jalisco
''El riesgo de las explosiones no está erradicado''
''Las autoridades que se han ido sucediendo no han querido resolver el caso de los sobrevivientes'', afirma la más visible de los grupos en que se organizaron las víctimas
GUADALAJARA, JALISCO (22/ABR/2012).- El miércoles de Pascua de 1992, Ana Lilia Ruiz subió al camión 333 para ir al tianguis porque se le había descompuesto el coche y no quería andar cargando a Felipe y José Manuel, sus hijos más pequeños. Pasaba de las 10:00 horas, pagó el pasaje, el camión avanzó tres cuadras y entonces un estallido lo lanzó por los aires, para caer y hundirse en las tripas de una calle abierta.
El caos de los primeros momentos del 22 de abril es bien conocido. Cuando Lilia recuperó el conocimiento, la estaban sacando de los escombros del drenaje. Creyó que el autobús había chocado. La gente le quitaban cosas pesadas de encima del cuerpo, de las piernas destrozadas. Alcanzaba a escuchar voces desesperadas: “¡Va a volver a explotar!”, gritaban algunos, y se echaban a correr. Se perdían las voces, los pasos.
Las personas que la ayudaron decidieron llevar urgentemente al hospital a los más graves: “Esta señora que está embarazada y esta que tiene sus piernas deshechas”. A bordo de una combi sin asientos traseros que iba dando brincos por las calles despedazadas, la acostaron y la cubrieron con una sábana “para que no fuera a asustar a los niños”. La llevaron a la clínica 1 del IMSS. El quirófano estaba ocupado y no pudieron recibirla. La trasladaron a la clínica 89 del IMSS. Mucha gente con bata le preguntaba los nombres de sus hijos, intentando que no perdiera el conocimiento: “Gerardo, Juan Carlos, Felipe, José Manuel”, respondió Lilia. Y se desmayó.
“Es muy difícil resumir en pocos minutos lo que ha pasado en 20 años”. Sentada en la sala de su casa, en la Colonia Atlas, de Tlaquepaque, Ana Lilia Ruiz recuerda cuando el médico le anunció que le amputarían la pierna izquierda: “Al toro por los cuernos, doctor”. Logró volver a caminar en noviembre de 1992, cuando dio sus primeros pasos del sillón a la escalera de su casa, ya con una pierna artificial.
Ya pasaron 20 años desde aquel 22 de abril.
“Me ha dado satisfacción poder conseguir para mí, para mis compañeros de tragedia, una pensión, atención médica, un seguro de vida y un seguro de gastos funerarios que nos han costado muchas cosas: plantones, manifestaciones, gestiones. Me ha dado rabia en el momento en que veo falta de voluntad. Las autoridades que se han ido sucediendo durante estos 20 años no han querido resolver el caso de los sobrevivientes de la tragedia”.
La activista considera que se encubrió a Pemex para que no se hiciera responsable “de tanta muerte, de tanto dolor. El responsable directo es Pemex, porque era gasolina la que provocó las explosiones en el drenaje”. También culpa al Gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri: “Por no estar al tanto de la situación y desalojar a la gente porque, si bien es cierto, la explosión derrumbó casas y bienes, se pudo haber evitado la muerte de muchos seres humanos que fallecieron en ese momento”.
Ruiz Chávez descree “de los 204 muertos que se dijo”, al tomar en cuenta que fueron más de 10 kilómetros los recorridos por las explosiones —casi 14 kilómetros lineales—. Dice que de manera no oficial, por el miedo a hablar de muchas personas, les han llegado versiones de que fueron por lo menos mil muertos. Nadie, nunca, ha podido sostener esa cifra con argumentos.
De los lesionados contabilizados por la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, han fallecido cuatro que no han sido incluidos en el fideicomiso (hoy hay 84 personas), más seis que murieron cuando no existía el apoyo. Ruiz dice que se ha dado a la tarea de buscar a los lesionados porque “lo primero que hizo el Gobierno fue dispersarlos para que no hubiera unión”.
En el consultorio dispuesto para su atención en el Hospital General de Occidente, Carlos Valdivia Heredia, otro de los lesionados por las explosiones, dice que el médico que los atendía —era el cuarto en diez años— era una persona de trato difícil. Los inconformes presentaron un oficio para mover al médico. Amenazaron con un plantón en el consultorio.
Ana Lilia Ruiz dice que entre los pendientes que quedan está incorporar a 10 compañeros al fideicomiso que no han sido aceptados a capricho de las autoridades. Otro es indemnizar a las familias de seis personas que fallecieron después de las explosiones y a consecuencia de las lesiones, más los cuatro que fallecieron posteriormente, además de que exigen que se transparente el manejo de los recursos como el fideicomiso.
Asimismo, la Asociación 22 de Abril en Guadalajara busca otorgar vivienda a los compañeros que aún no la tienen, que quedaron a la deriva con una discapacidad. Y la construcción del monumento cuya convocatoria, lanzada por el Gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento tapatío, ganó el arquitecto Juan Lanzagorta.
“Un error que se olvida, se vuelve a cometer. El riesgo de las explosiones no está erradicado. Nos lo dice a diario el mal olor que despiden las alcantarillas alrededor de la Calzada Independencia, Javier Mina. Sabemos que con mucha frecuencia salen expulsadas las tapas de las alcantarillas por el grado de explosividad que existe y la información que nos da siempre Protección Civil es la de que algún particular arrojó desechos peligrosos y que eso provocó el grado de explosividad”.
“Estamos acostumbrados a que no se diga la verdad, a que siempre nos ocultan lo que sucede, pero la realidad es otra. Se colocó una red de monitoreo que no funciona. El robot que debe estar monitoreando está descompuesto. Por eso este año queremos hacerles saber a los niños, jóvenes, qué sucedió en aquel entonces y que estemos todos alertas, sabiendo cómo actuaron las autoridades, que no nos dijeron la verdad, que no desalojaron. Hay que estar alertas en cuanto a cómo funciona esa red de monitoreo”.
FRASE
“El responsable es Pemex (pero el Gobierno) pudo haber evitado la muerte de muchos ”
Ana Lilia Ruiz Chávez,
activista.
El caos de los primeros momentos del 22 de abril es bien conocido. Cuando Lilia recuperó el conocimiento, la estaban sacando de los escombros del drenaje. Creyó que el autobús había chocado. La gente le quitaban cosas pesadas de encima del cuerpo, de las piernas destrozadas. Alcanzaba a escuchar voces desesperadas: “¡Va a volver a explotar!”, gritaban algunos, y se echaban a correr. Se perdían las voces, los pasos.
Las personas que la ayudaron decidieron llevar urgentemente al hospital a los más graves: “Esta señora que está embarazada y esta que tiene sus piernas deshechas”. A bordo de una combi sin asientos traseros que iba dando brincos por las calles despedazadas, la acostaron y la cubrieron con una sábana “para que no fuera a asustar a los niños”. La llevaron a la clínica 1 del IMSS. El quirófano estaba ocupado y no pudieron recibirla. La trasladaron a la clínica 89 del IMSS. Mucha gente con bata le preguntaba los nombres de sus hijos, intentando que no perdiera el conocimiento: “Gerardo, Juan Carlos, Felipe, José Manuel”, respondió Lilia. Y se desmayó.
“Es muy difícil resumir en pocos minutos lo que ha pasado en 20 años”. Sentada en la sala de su casa, en la Colonia Atlas, de Tlaquepaque, Ana Lilia Ruiz recuerda cuando el médico le anunció que le amputarían la pierna izquierda: “Al toro por los cuernos, doctor”. Logró volver a caminar en noviembre de 1992, cuando dio sus primeros pasos del sillón a la escalera de su casa, ya con una pierna artificial.
Ya pasaron 20 años desde aquel 22 de abril.
“Me ha dado satisfacción poder conseguir para mí, para mis compañeros de tragedia, una pensión, atención médica, un seguro de vida y un seguro de gastos funerarios que nos han costado muchas cosas: plantones, manifestaciones, gestiones. Me ha dado rabia en el momento en que veo falta de voluntad. Las autoridades que se han ido sucediendo durante estos 20 años no han querido resolver el caso de los sobrevivientes de la tragedia”.
La activista considera que se encubrió a Pemex para que no se hiciera responsable “de tanta muerte, de tanto dolor. El responsable directo es Pemex, porque era gasolina la que provocó las explosiones en el drenaje”. También culpa al Gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri: “Por no estar al tanto de la situación y desalojar a la gente porque, si bien es cierto, la explosión derrumbó casas y bienes, se pudo haber evitado la muerte de muchos seres humanos que fallecieron en ese momento”.
Ruiz Chávez descree “de los 204 muertos que se dijo”, al tomar en cuenta que fueron más de 10 kilómetros los recorridos por las explosiones —casi 14 kilómetros lineales—. Dice que de manera no oficial, por el miedo a hablar de muchas personas, les han llegado versiones de que fueron por lo menos mil muertos. Nadie, nunca, ha podido sostener esa cifra con argumentos.
De los lesionados contabilizados por la Asociación 22 de Abril en Guadalajara, han fallecido cuatro que no han sido incluidos en el fideicomiso (hoy hay 84 personas), más seis que murieron cuando no existía el apoyo. Ruiz dice que se ha dado a la tarea de buscar a los lesionados porque “lo primero que hizo el Gobierno fue dispersarlos para que no hubiera unión”.
En el consultorio dispuesto para su atención en el Hospital General de Occidente, Carlos Valdivia Heredia, otro de los lesionados por las explosiones, dice que el médico que los atendía —era el cuarto en diez años— era una persona de trato difícil. Los inconformes presentaron un oficio para mover al médico. Amenazaron con un plantón en el consultorio.
Ana Lilia Ruiz dice que entre los pendientes que quedan está incorporar a 10 compañeros al fideicomiso que no han sido aceptados a capricho de las autoridades. Otro es indemnizar a las familias de seis personas que fallecieron después de las explosiones y a consecuencia de las lesiones, más los cuatro que fallecieron posteriormente, además de que exigen que se transparente el manejo de los recursos como el fideicomiso.
Asimismo, la Asociación 22 de Abril en Guadalajara busca otorgar vivienda a los compañeros que aún no la tienen, que quedaron a la deriva con una discapacidad. Y la construcción del monumento cuya convocatoria, lanzada por el Gobierno del Estado en conjunto con el Ayuntamiento tapatío, ganó el arquitecto Juan Lanzagorta.
“Un error que se olvida, se vuelve a cometer. El riesgo de las explosiones no está erradicado. Nos lo dice a diario el mal olor que despiden las alcantarillas alrededor de la Calzada Independencia, Javier Mina. Sabemos que con mucha frecuencia salen expulsadas las tapas de las alcantarillas por el grado de explosividad que existe y la información que nos da siempre Protección Civil es la de que algún particular arrojó desechos peligrosos y que eso provocó el grado de explosividad”.
“Estamos acostumbrados a que no se diga la verdad, a que siempre nos ocultan lo que sucede, pero la realidad es otra. Se colocó una red de monitoreo que no funciona. El robot que debe estar monitoreando está descompuesto. Por eso este año queremos hacerles saber a los niños, jóvenes, qué sucedió en aquel entonces y que estemos todos alertas, sabiendo cómo actuaron las autoridades, que no nos dijeron la verdad, que no desalojaron. Hay que estar alertas en cuanto a cómo funciona esa red de monitoreo”.
FRASE
“El responsable es Pemex (pero el Gobierno) pudo haber evitado la muerte de muchos ”
Ana Lilia Ruiz Chávez,
activista.
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