Jalisco
El agro mexicano requiere de un pacto social que lo vitalice
Las políticas neoliberales exponen a la producción nacional a la voracidad del mercado global, considera el investigador Manuel Villa Issa
GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2010).- Las políticas oficiales dirigidas al campo mexicano en los últimos cinco sexenios, caracterizadas por un modelo económico neoliberal, “han sido como las de un carro que circula en sentido contrario en el anillo periférico, pues mientras en las principales economías del mundo el sector alimentario ha sido protegido, en México se le ha dejado expuesto a los embates del libre mercado”.
Así plantea la situación del sector agroalimentario mexicano el investigador del Colegio de Postgraduados de Chapingo y ex subsecretario federal de Agricultura, Manuel Villa Issa. Y precisa que el costo que ha pagado el país por el descuido en sus políticas agropecuarias es que se importa la tercera parte de los alimentos de consumo generalizado, como maíz amarillo, trigo, soja, arroz, carnes, leche en polvo y otros productos de gran demanda entre la población, además del desmantelamiento de sus cadenas productivas y de sus instituciones de apoyo.
El investigador resalta que aunque las autoridades saquen a relucir sus cifras triunfalistas, “sobre todo las que tienen que ver con el aumento de las exportaciones, el campo presenta fallas estructurales muy serias que deben compensarse con un ‘pacto social’ que incluya a productores, industriales y comercializadores para definir medidas de fondo que garanticen la seguridad alimentaria del país”.
Villa Issa presentó recientemente su libro: ¿Qué hacemos con el campo mexicano? Al ser entrevistado, puntualiza que las políticas agroalimentarias de los últimos 30 años han ido a contracorriente de lo que ha sucedido con 40 países del mundo más avanzados en esta materia, donde los mercados agropecuarios han estado intervenidos por sus gobiernos y en algunos de ellos han superado a México en diversos parámetros, a pesar de que nuestro país antes los superaba en varios indicadores. Puso como ejemplo el caso de Brasil, donde hace 40 años la empresa paraestatal de Brasil, Embrapa, realizaba 10% de las investigaciones que hacían las instituciones mexicanas enfocadas al campo, algo que se ha modificado sustancialmente, dado que ahora la corporación brasileña es todo un gigante en comparación con lo que sucede con los organismos mexicanos de investigación agroalimentaria, los que incluso han estado a punto de desaparecer como fue el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), durante la administración foxista.
En este contexto y recordando el primer centenario de la Revolución Mexicana, Manuel Villa refiere que el campo mexicano en el periodo de 1940 a 1972, fue el sector más poderoso de la economía mexicana, pues fue capaz de generar alimentos para toda la población a precios bajos e incluso, tuvo capacidad para exportar varios productos que generaron divisas que contribuyeron al despegue industrial del país. “Sin embargo, en periodos posteriores las políticas oficiales de apoyo no fueron las adecuadas para responder al cambio de los tiempos, lo que trajo una actuación lenta y desordenada de las instituciones para responder al entorno nacional e internacional del campo”.
Añade que ahora, con nuevos y complejos retos como la incertidumbre del cambio climático y un contexto internacional de precios altos de los alimentos, hay necesidad de trabajar para el campo con unas políticas públicas que lo enmarquen en el ámbito de “rubro de seguridad nacional”, para que el país cuente con una política agroalimentaria que le asegure la producción de alimentos que demanda su población.
Así plantea la situación del sector agroalimentario mexicano el investigador del Colegio de Postgraduados de Chapingo y ex subsecretario federal de Agricultura, Manuel Villa Issa. Y precisa que el costo que ha pagado el país por el descuido en sus políticas agropecuarias es que se importa la tercera parte de los alimentos de consumo generalizado, como maíz amarillo, trigo, soja, arroz, carnes, leche en polvo y otros productos de gran demanda entre la población, además del desmantelamiento de sus cadenas productivas y de sus instituciones de apoyo.
El investigador resalta que aunque las autoridades saquen a relucir sus cifras triunfalistas, “sobre todo las que tienen que ver con el aumento de las exportaciones, el campo presenta fallas estructurales muy serias que deben compensarse con un ‘pacto social’ que incluya a productores, industriales y comercializadores para definir medidas de fondo que garanticen la seguridad alimentaria del país”.
Villa Issa presentó recientemente su libro: ¿Qué hacemos con el campo mexicano? Al ser entrevistado, puntualiza que las políticas agroalimentarias de los últimos 30 años han ido a contracorriente de lo que ha sucedido con 40 países del mundo más avanzados en esta materia, donde los mercados agropecuarios han estado intervenidos por sus gobiernos y en algunos de ellos han superado a México en diversos parámetros, a pesar de que nuestro país antes los superaba en varios indicadores. Puso como ejemplo el caso de Brasil, donde hace 40 años la empresa paraestatal de Brasil, Embrapa, realizaba 10% de las investigaciones que hacían las instituciones mexicanas enfocadas al campo, algo que se ha modificado sustancialmente, dado que ahora la corporación brasileña es todo un gigante en comparación con lo que sucede con los organismos mexicanos de investigación agroalimentaria, los que incluso han estado a punto de desaparecer como fue el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), durante la administración foxista.
En este contexto y recordando el primer centenario de la Revolución Mexicana, Manuel Villa refiere que el campo mexicano en el periodo de 1940 a 1972, fue el sector más poderoso de la economía mexicana, pues fue capaz de generar alimentos para toda la población a precios bajos e incluso, tuvo capacidad para exportar varios productos que generaron divisas que contribuyeron al despegue industrial del país. “Sin embargo, en periodos posteriores las políticas oficiales de apoyo no fueron las adecuadas para responder al cambio de los tiempos, lo que trajo una actuación lenta y desordenada de las instituciones para responder al entorno nacional e internacional del campo”.
Añade que ahora, con nuevos y complejos retos como la incertidumbre del cambio climático y un contexto internacional de precios altos de los alimentos, hay necesidad de trabajar para el campo con unas políticas públicas que lo enmarquen en el ámbito de “rubro de seguridad nacional”, para que el país cuente con una política agroalimentaria que le asegure la producción de alimentos que demanda su población.
Síguenos en