Jalisco
El Reclusorio de Sentenciados trabaja al triple de su capacidad
Tiene capacidad para dos mil 078 internos; habitan seis mil 418
GUADALAJARA, JALISCO (18/JUL/2016).- Con tres veces más personas de las que se supone pueden permanecer en el lugar, se encuentra este año el Reclusorio de Sentenciados, el cual forma parte del complejo penitenciario de Puente Grande, que administra el Gobierno estatal, pues al contar con una capacidad para dos mil 078 internos, tiene dentro seis mil 418, confirmó la Procuraduría Social tras las inspecciones realizadas por la dependencia en este 2016.
Si bien la Procuraduría Social lleva a cabo inspecciones a las 21 cárceles municipales y a los ocho centros integrales de justicia regional (Ceinjures) en el Estado, por vez primera este año inspeccionó las condiciones de los cuatro centros penitenciarios de Puente Grande —hoy llamados comisarías— donde destacó la sobrepoblación en tres de ellas: en la Femenil, la de Prisión Preventiva y la más saturada, la Comisaría de Sentenciados, al triple de su capacidad. Sólo la Comisaría del Reclusorio Metropolitano, de reciente construcción, no está rebasada.
“¿Por qué pudimos entrar este año y en los anteriores no? Lo que pasa es que antes, la Dirección General de Visitaduría todavía el año pasado revisó 85 albergues, 123 asilos, 21 cárceles municipales, ocho Ceinjures, dos centros para menores. Ya este año con la creación de la Procuraduría de la Defensa del Menor ya no reviso albergues, entonces eso me da tiempo de poder entrar a los cuatro reclusorios, porque son visitas de días”, informó el director General de Visitaduría de la Procuraduría Social, Álvaro Martínez García.
La dependencia visitó del 22 al 24 de marzo la Prisión Preventiva; el 28 y 29 el Reclusorio Metropolitano; y del 30 de marzo al 1 de abril la Comisaría de Reinserción Femenil. Las inspecciones a la Comisaría de Sentenciados se programaron del 4 al 6 de abril.
Población penitenciaria
Fuente: Procuraduría Social.
Población penitenciaria
CONDICIONES
Visitas conyugales
Las inspecciones realizadas en 2014 a las cárceles municipales dejaron como principal queja de los internos a los representantes de la Procuraduría Social el que no había espacios para las visitas conyugales, pues no habían o se destinaba una celda para esas actividades y sucia. Ese no es el caso de los centros en Puente Grande, que sí tienen condiciones adecuadas, según se constató en la reciente inspección.
Hay internos que ya deberían estar libres
Para las entrevistas que los representantes de la Procuraduría Social realizaron a los internos, debían revisar antes sus expedientes, y en una revisión de los documentos (ciertamente algunos rezagados) encontraron que había personas que ya debían estar libres:
“Algunos internos ya tenían derecho incluso para su libertad, entonces revisando el expediente nos dimos cuenta que un interno ya no debía estar ahí, ya había pagado su pena a través de los beneficios, que se van recortando las penas, y vamos a lograr que salga”, dijo Álvaro Martínez, director General de Visitaduría de la Procuraduría Social .
Fueron tres casos los que se detectaron de personas que por tomar estudios, empleos y buena conducta, contaban con beneficios de reducción de su pena y que seguían dentro. Se trabaja actualmente para tramitar la libertad, el problema fue que sólo se revisaron unos cientos de expedientes de los miles de casos que hay, por lo que puede haber más internos purgando penas de más.
Tras realizar las derivaciones de las observaciones buscarán en este mes reunirse con el fiscal, Eduardo Almaguer, para revisar de manera conjunta soluciones a las demandas y condiciones halladas en estos centros.
Presunto abuso de médico
Este año la Procuraduría Social realizó por vez primera inspecciones en los cuatro centros penitenciarios estatales en Puente Grande, lo que implicó entrevistas a los internos para conocer de primera mano si tienen quejas sobre las condiciones en las que se encuentran.
Así, la dependencia se dio cuenta de que lograron la remoción del médico en el Reclusorio Metropolitano, pues presuntamente incurría en abusos a los derechos de los internos, aunque lo hacía por su seguridad, informó Álvaro Martínez García, director general de Visitaduría de la Procuraduría Social:
“Sí nos dimos cuenta que en el Metropolitano, que es en el de alta peligrosidad, había abuso por parte del médico: para salvaguardar su integridad física cuando llegaban ellos les decía, ‘oye, desvístete’, para ver que no trajeran nada con lo que lo pudieran agredir, pero también no estaba bien que los desnudara. Entonces levantamos la observación y estamos en la etapa de derivar al fiscal general las observaciones, pero hablamos con la directora”.
Tras la charla con la directora del centro se decidió cambiar al médico señalado en la observación por una doctora el pasado 7 de abril: “Entonces las visitas sí sirven”.
FALTAN DEFENSORES
Aunque las autoridades penitenciarias tenían registro de los sobrecupos con anterioridad, la Procuraduría Social recién pudo revisar además las condiciones generales en estos centros. Las principales observaciones son quejas de internos que perdieron comunicación con su defensa en los traslados desde otros centros penitenciarios; muchos ya no recuerdan sus números de expedientes o los nombres de sus abogados; y demandas de mayor atención de sus defensores.
Al respecto, Martínez García justificó que se tiene asignados a sólo 14 defensores para los 19 juzgados que se encuentran en Puente Grande, por lo que cada abogado debe atender en promedio 300 expedientes al año, lo que es una razón por la que no pueden atender con mayor frecuencia a los defendidos.
“Lo que tendríamos que hacer es buscar un mayor presupuesto para la institución y poder contratar más defensores. No es que justifique a la institución, no es mi área, pero sí entiendo que es humanamente imposible el poder tener contacto con todos los internos”, dijo.
Si bien la Procuraduría Social lleva a cabo inspecciones a las 21 cárceles municipales y a los ocho centros integrales de justicia regional (Ceinjures) en el Estado, por vez primera este año inspeccionó las condiciones de los cuatro centros penitenciarios de Puente Grande —hoy llamados comisarías— donde destacó la sobrepoblación en tres de ellas: en la Femenil, la de Prisión Preventiva y la más saturada, la Comisaría de Sentenciados, al triple de su capacidad. Sólo la Comisaría del Reclusorio Metropolitano, de reciente construcción, no está rebasada.
“¿Por qué pudimos entrar este año y en los anteriores no? Lo que pasa es que antes, la Dirección General de Visitaduría todavía el año pasado revisó 85 albergues, 123 asilos, 21 cárceles municipales, ocho Ceinjures, dos centros para menores. Ya este año con la creación de la Procuraduría de la Defensa del Menor ya no reviso albergues, entonces eso me da tiempo de poder entrar a los cuatro reclusorios, porque son visitas de días”, informó el director General de Visitaduría de la Procuraduría Social, Álvaro Martínez García.
La dependencia visitó del 22 al 24 de marzo la Prisión Preventiva; el 28 y 29 el Reclusorio Metropolitano; y del 30 de marzo al 1 de abril la Comisaría de Reinserción Femenil. Las inspecciones a la Comisaría de Sentenciados se programaron del 4 al 6 de abril.
Población penitenciaria
| Capacidad | Población | Porcentaje de sobrepoblación | Entrevistas realizadas | |
| Comisaría de Prisión Preventiva | 2,992 | 7,583 | 260% | 60 |
| Comisaría del Reclusorio Metropolitano | 1,800 | 204 | - | 30 |
| Comisaría de Reinserción Femenil | 382 | 599 | 155% | 55 |
| Comisaría de Sentenciados | 2,078 | 6,418 | 300% | 45 |
Fuente: Procuraduría Social.
Población penitenciaria
CONDICIONES
Visitas conyugales
Las inspecciones realizadas en 2014 a las cárceles municipales dejaron como principal queja de los internos a los representantes de la Procuraduría Social el que no había espacios para las visitas conyugales, pues no habían o se destinaba una celda para esas actividades y sucia. Ese no es el caso de los centros en Puente Grande, que sí tienen condiciones adecuadas, según se constató en la reciente inspección.
Hay internos que ya deberían estar libres
Para las entrevistas que los representantes de la Procuraduría Social realizaron a los internos, debían revisar antes sus expedientes, y en una revisión de los documentos (ciertamente algunos rezagados) encontraron que había personas que ya debían estar libres:
“Algunos internos ya tenían derecho incluso para su libertad, entonces revisando el expediente nos dimos cuenta que un interno ya no debía estar ahí, ya había pagado su pena a través de los beneficios, que se van recortando las penas, y vamos a lograr que salga”, dijo Álvaro Martínez, director General de Visitaduría de la Procuraduría Social .
Fueron tres casos los que se detectaron de personas que por tomar estudios, empleos y buena conducta, contaban con beneficios de reducción de su pena y que seguían dentro. Se trabaja actualmente para tramitar la libertad, el problema fue que sólo se revisaron unos cientos de expedientes de los miles de casos que hay, por lo que puede haber más internos purgando penas de más.
Tras realizar las derivaciones de las observaciones buscarán en este mes reunirse con el fiscal, Eduardo Almaguer, para revisar de manera conjunta soluciones a las demandas y condiciones halladas en estos centros.
Presunto abuso de médico
Este año la Procuraduría Social realizó por vez primera inspecciones en los cuatro centros penitenciarios estatales en Puente Grande, lo que implicó entrevistas a los internos para conocer de primera mano si tienen quejas sobre las condiciones en las que se encuentran.
Así, la dependencia se dio cuenta de que lograron la remoción del médico en el Reclusorio Metropolitano, pues presuntamente incurría en abusos a los derechos de los internos, aunque lo hacía por su seguridad, informó Álvaro Martínez García, director general de Visitaduría de la Procuraduría Social:
“Sí nos dimos cuenta que en el Metropolitano, que es en el de alta peligrosidad, había abuso por parte del médico: para salvaguardar su integridad física cuando llegaban ellos les decía, ‘oye, desvístete’, para ver que no trajeran nada con lo que lo pudieran agredir, pero también no estaba bien que los desnudara. Entonces levantamos la observación y estamos en la etapa de derivar al fiscal general las observaciones, pero hablamos con la directora”.
Tras la charla con la directora del centro se decidió cambiar al médico señalado en la observación por una doctora el pasado 7 de abril: “Entonces las visitas sí sirven”.
FALTAN DEFENSORES
Aunque las autoridades penitenciarias tenían registro de los sobrecupos con anterioridad, la Procuraduría Social recién pudo revisar además las condiciones generales en estos centros. Las principales observaciones son quejas de internos que perdieron comunicación con su defensa en los traslados desde otros centros penitenciarios; muchos ya no recuerdan sus números de expedientes o los nombres de sus abogados; y demandas de mayor atención de sus defensores.
Al respecto, Martínez García justificó que se tiene asignados a sólo 14 defensores para los 19 juzgados que se encuentran en Puente Grande, por lo que cada abogado debe atender en promedio 300 expedientes al año, lo que es una razón por la que no pueden atender con mayor frecuencia a los defendidos.
“Lo que tendríamos que hacer es buscar un mayor presupuesto para la institución y poder contratar más defensores. No es que justifique a la institución, no es mi área, pero sí entiendo que es humanamente imposible el poder tener contacto con todos los internos”, dijo.
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