Jalisco
El PRI está en la lona
La confrontación entre priistas y panistas, con todo y la pugna por el IEyPC, dejan un saldo a favor del grupo albiazul, aunque se dejan de lado los costos para el Legislativo
GUADALAJARA, JALISCO.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEyPC) se convirtió en el escenario de choque de las dos principales fuerzas políticas del Estado: PAN y PRI.
La publicación reciente (el pasado 15 de octubre) de la convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros miembros de este órgano, es una de las últimas escenas de la confrontación entre priistas y panistas, con un claro saldo a favor del grupo albiazul, que pese a todo, ignora los costos que puede representar para el Poder Legislativo incurrir en errores legales. La más reciente muestra de ello es el oscuro y todavía no develado procedimiento que permitió la indemnización de dos consejeros electorales, un asesor y el ex secretario técnico del Instituto Electoral, por una suma superior a 23 millones de pesos.
En la pugna de grupos políticas, reflejada en los últimos días en el Congreso del Estado, primero con la pérdida de la presidencia de la Mesa Directiva y después, de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, los priistas han sido derrotados en todos los frentes; el daño ha sido tal, que el coordinador de la fracción priista, Juan Carlos Castellanos Casillas, se niega a asistir y validar las reuniones y los acuerdos políticos de la Junta de Coordinación, ahora presidida por el perredista Samuel Romero Valle.
Pero en el golpeteo, las decisiones están fuera del alcance de los diputados, amén de la que la mayoría de ellos no tienen la más mínima capacidad de incidir en la toma de decisiones de los coordinadores y los presidentes de los comités estatales. Hay actores mucho más influyentes que están tomando acuerdos que, aunque no reconocidos, son acatados por todos. Estos actores son el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña y el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, de quienes surgió el compromiso —y la orden, por lo tanto— para que no se admita la entrada de los consejeros electorales suplentes. Sencillamente, están decididos a controlar el Instituto Electoral, órgano responsable de organizar las elecciones del año 2009. Y la versión, contada ya por muchos en el Poder Legislativo, incluso tiene nombres y apellidos, publicados en diferentes medios impresos de comunicación: David Gómez Álvarez y Héctor Raúl Solís Gadea. El primero es la apuesta de Acción Nacional para llegar incluso a la presidencia del Instituto Electoral; el otro, conocido funcionario universitario, es la carta de Padilla López.
La consejera suplente Gabriela Gallardo ha reconocido, por otra parte, que recibió presiones de funcionarios de la Universidad de Guadalajara para que renunciara a su aspiración de ocupar el lugar que dejó vacante Rosa del Carmen Álvarez López. De hecho, primero fueron ofertas de remuneración económica y después amenazas veladas. Acabó por renunciar a su cargo como titular de la Coordinación de Enlace en la Red Universitaria.
¿Y el PRI? “Hemos jugado mal. Nos están dejando fuera”, declaró un miembro del Comité Estatal que ahora prefiere mantenerse en el anonimato.
Encima, está la actuación judicial. Se habla de “presiones” que ponen en duda la imparcialidad de los jueces de Distrito que han conocido, hasta el momento, las solicitudes de juicio de amparo de los dos consejeros suplentes: Ruth Gallardo y Eric Alvar García, y que ni siquiera han respondido (en el caso del consejero suplente), a pesar de que transcurrieron los términos de ley, para conceder o negar, la petición de juicio.
El Instituto Electoral y los dos principales cargos ejecutivos en el Congreso estatal son, en este momento, los escenarios de lucha entre PRI y PAN. Sin embargo, la última visita, el viernes pasado, de la presidenta nacional priista, Beatriz Paredes Rangel, puede influir en un cambio de aires, pues ella se dirigirá directamente con el presidente nacional del partido, Germán Martínez.
Más errores legislativos
En el capítulo de la millonaria indemnización de consejeros electorales, el Congreso del Estado aún debe responder sobre varias irregularidades.
En primer lugar, está la oscuridad con que se han manejado las operaciones económicas, pues si bien se contempló en una reforma constitucional entregar una indemnización millonaria a los consejeros electorales que decidieran renunciar, para dejar libre su puesto a nuevos miembros que sean elegidos por la actual Legislatura, aún no se ha aclarado porqué se entregó también una millonaria indemnización a un asesor del ex consejeros José Luis Castellanos González y al que fuera secretario ejecutivo.
Encima de esto, si los diputados se contradijeron primero sobre la manera que como se entregó el pago a los beneficiados con un secreto acuerdo político, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, se ha negado a entregar los comprobantes de pago, pese a que a ello se comprometió el coordinador de la diputación del PAN, Jorge Salinas Osornio, quien ha repetido en varias ocasiones que “son documentos públicos, de libre acceso para cualquier ciudadano”.
Además de estas irregularidades, con la publicación de la convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros, negando los derechos de los consejeros suplentes —el argumento más extendido es que al derogarse la anterior Ley Electoral del Estado de Jalisco esas figuras “desaparecieron”—, quedó en evidencia que a los legisladores, cuando menos los de la Comisión de Asuntos Electorales, que es responsable formal de la emisión de la convocatoria, les pasó de largo el determinar cómo elegir al consejero electoral presidente del Instituto Electoral, facultad que se atribuyeron tras las reformas electorales recientemente aprobadas.
En un intento por explicar el mecanismo para proceder en una nueva situación anómala, el diputado que preside esta comisión y que es además, presidente del Congreso por encima de la molestia de la fracción del PRI, Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, aseguró que no habrá dificultad: “Como es facultad del Congreso, se emitirá otra convocatoria (...), si el actual encargado de despacho, Sergio Castañeda, quiere ser presidente, pues deberá renunciar al cargo para registrarse”.
Los diputados priistas mientras tanto, presentan un último intento de lucha y recurrieron la semana pasada al presidente de su partido, Javier Guízar Macías, quien acudió al Congreso para asegurar que los panistas realizaron “otra huizachada” con la convocatoria para elegir a consejeros. La esperanza de los priistas es que la justicia federal determine que los consejeros suplentes son quienes deben integrar el Consejo General del Instituto Electoral.
Pero políticamente, están en la cuneta.
Hasta que halla una nueva negociación política.
A fin de cuentas, si deben pagarse nuevas indemnizaciones, existe el erario público.
La publicación reciente (el pasado 15 de octubre) de la convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros miembros de este órgano, es una de las últimas escenas de la confrontación entre priistas y panistas, con un claro saldo a favor del grupo albiazul, que pese a todo, ignora los costos que puede representar para el Poder Legislativo incurrir en errores legales. La más reciente muestra de ello es el oscuro y todavía no develado procedimiento que permitió la indemnización de dos consejeros electorales, un asesor y el ex secretario técnico del Instituto Electoral, por una suma superior a 23 millones de pesos.
En la pugna de grupos políticas, reflejada en los últimos días en el Congreso del Estado, primero con la pérdida de la presidencia de la Mesa Directiva y después, de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, los priistas han sido derrotados en todos los frentes; el daño ha sido tal, que el coordinador de la fracción priista, Juan Carlos Castellanos Casillas, se niega a asistir y validar las reuniones y los acuerdos políticos de la Junta de Coordinación, ahora presidida por el perredista Samuel Romero Valle.
Pero en el golpeteo, las decisiones están fuera del alcance de los diputados, amén de la que la mayoría de ellos no tienen la más mínima capacidad de incidir en la toma de decisiones de los coordinadores y los presidentes de los comités estatales. Hay actores mucho más influyentes que están tomando acuerdos que, aunque no reconocidos, son acatados por todos. Estos actores son el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña y el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, de quienes surgió el compromiso —y la orden, por lo tanto— para que no se admita la entrada de los consejeros electorales suplentes. Sencillamente, están decididos a controlar el Instituto Electoral, órgano responsable de organizar las elecciones del año 2009. Y la versión, contada ya por muchos en el Poder Legislativo, incluso tiene nombres y apellidos, publicados en diferentes medios impresos de comunicación: David Gómez Álvarez y Héctor Raúl Solís Gadea. El primero es la apuesta de Acción Nacional para llegar incluso a la presidencia del Instituto Electoral; el otro, conocido funcionario universitario, es la carta de Padilla López.
La consejera suplente Gabriela Gallardo ha reconocido, por otra parte, que recibió presiones de funcionarios de la Universidad de Guadalajara para que renunciara a su aspiración de ocupar el lugar que dejó vacante Rosa del Carmen Álvarez López. De hecho, primero fueron ofertas de remuneración económica y después amenazas veladas. Acabó por renunciar a su cargo como titular de la Coordinación de Enlace en la Red Universitaria.
¿Y el PRI? “Hemos jugado mal. Nos están dejando fuera”, declaró un miembro del Comité Estatal que ahora prefiere mantenerse en el anonimato.
Encima, está la actuación judicial. Se habla de “presiones” que ponen en duda la imparcialidad de los jueces de Distrito que han conocido, hasta el momento, las solicitudes de juicio de amparo de los dos consejeros suplentes: Ruth Gallardo y Eric Alvar García, y que ni siquiera han respondido (en el caso del consejero suplente), a pesar de que transcurrieron los términos de ley, para conceder o negar, la petición de juicio.
El Instituto Electoral y los dos principales cargos ejecutivos en el Congreso estatal son, en este momento, los escenarios de lucha entre PRI y PAN. Sin embargo, la última visita, el viernes pasado, de la presidenta nacional priista, Beatriz Paredes Rangel, puede influir en un cambio de aires, pues ella se dirigirá directamente con el presidente nacional del partido, Germán Martínez.
Más errores legislativos
En el capítulo de la millonaria indemnización de consejeros electorales, el Congreso del Estado aún debe responder sobre varias irregularidades.
En primer lugar, está la oscuridad con que se han manejado las operaciones económicas, pues si bien se contempló en una reforma constitucional entregar una indemnización millonaria a los consejeros electorales que decidieran renunciar, para dejar libre su puesto a nuevos miembros que sean elegidos por la actual Legislatura, aún no se ha aclarado porqué se entregó también una millonaria indemnización a un asesor del ex consejeros José Luis Castellanos González y al que fuera secretario ejecutivo.
Encima de esto, si los diputados se contradijeron primero sobre la manera que como se entregó el pago a los beneficiados con un secreto acuerdo político, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, se ha negado a entregar los comprobantes de pago, pese a que a ello se comprometió el coordinador de la diputación del PAN, Jorge Salinas Osornio, quien ha repetido en varias ocasiones que “son documentos públicos, de libre acceso para cualquier ciudadano”.
Además de estas irregularidades, con la publicación de la convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros, negando los derechos de los consejeros suplentes —el argumento más extendido es que al derogarse la anterior Ley Electoral del Estado de Jalisco esas figuras “desaparecieron”—, quedó en evidencia que a los legisladores, cuando menos los de la Comisión de Asuntos Electorales, que es responsable formal de la emisión de la convocatoria, les pasó de largo el determinar cómo elegir al consejero electoral presidente del Instituto Electoral, facultad que se atribuyeron tras las reformas electorales recientemente aprobadas.
En un intento por explicar el mecanismo para proceder en una nueva situación anómala, el diputado que preside esta comisión y que es además, presidente del Congreso por encima de la molestia de la fracción del PRI, Juan Óscar Alejandro Díaz Medina, aseguró que no habrá dificultad: “Como es facultad del Congreso, se emitirá otra convocatoria (...), si el actual encargado de despacho, Sergio Castañeda, quiere ser presidente, pues deberá renunciar al cargo para registrarse”.
Los diputados priistas mientras tanto, presentan un último intento de lucha y recurrieron la semana pasada al presidente de su partido, Javier Guízar Macías, quien acudió al Congreso para asegurar que los panistas realizaron “otra huizachada” con la convocatoria para elegir a consejeros. La esperanza de los priistas es que la justicia federal determine que los consejeros suplentes son quienes deben integrar el Consejo General del Instituto Electoral.
Pero políticamente, están en la cuneta.
Hasta que halla una nueva negociación política.
A fin de cuentas, si deben pagarse nuevas indemnizaciones, existe el erario público.
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