Jalisco
El Congreso no ha dictaminado cuentas públicas de 2009
El director de la Unidad de Vigilancia señala que el análisis comenzará hasta el próximo mes, debido a que aún hay pendientes por revisar
GUADALAJARA, JALISCO (08/ENE/2011).- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (
ASEJ) entregó al Congreso del Estado apenas hace un mes las primeras 15 cuentas públicas de 2009. Esto significa que ninguna de estas fiscalizaciones ha sido revisada con las reformas a la ley en la materia.
Felipe de Jesús López García, director de la Unidad de Vigilancia, órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que entró en funciones hace nueves meses, junto con las reformas a la Ley de Fiscalización, explicó que será hasta el mes de febrero cuando comiencen con el análisis de las cuentas públicas de 2009, debido a que aún existen otras cuentas pendientes por revisar.
El funcionario, quien se ha desempeñado como auditor en la ASEJ, consideró que desde su punto de vista con la aplicación de las reformas se evitará que se politicen las cuentas públicas al momento de su discusión y aprobación, porque con estos cambios evitan modificaciones a las opiniones técnicas de la ASEJ.
“Más que la corrupción, lo que vemos en las revisiones de las cuentas públicas es el daño por omisión e incompetencia de los funcionarios, porque no aplican las leyes, los reglamentos y el presupuesto”, dijo.
Explicó cómo se lleva a cabo el proceso de revisión de una cuenta pública:
En primer término, dijo que mes con mes todos los municipios, los tres poderes de Gobierno y los entes fiscalizables tienen la obligación de remitir un informe financiero a la Auditoría, que podría ser modificado en tanto no termine el año fiscal.
Con ello, el personal técnico del Máximo Órgano Fiscalizador comienza a revisar las finanzas y determina posibles inconsistencias.
Reconoció que al momento de concretar este trabajo, los auditores prevén dónde pueden existir irregularidades y en esos temas se concentran para realizar, en caso de ser necesario, visitas de campo. Dijo que en la mayoría de los casos las irregularidades se detectan en la ejecución de obra pública.
López García refirió que con las reformas a la Ley de Fiscalización, se creó una Unidad de Vigilancia –que él preside– que se encarga de coadyuvar en la revisión de los informes finales que remite la ASEJ al Congreso, pero advirtió “que bajo ninguna circunstancia se pueden modificar los dictámenes que emitan los auditores”.
Refirió que si se encuentran irregularidades en el procedimiento que llevó a cabo la auditoría, podría regresar el dictamen a la ASEJ con recomendaciones para que sean resueltas.
Cuestionado en torno a las observaciones millonarias de la cuenta pública 2009 de Zapopan, el funcionario señaló que los únicos documentos válidos en la ASEJ para solventar cargos son copias certificadas.
En el caso de las observaciones al ex presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, por mil 369 millones de pesos, señaló que el ex primer edil tenía la oportunidad de solicitar a la ASEJ una prórroga en la que explicara la situación de falta de documentos.
“Pudo solicitar prórroga aduciendo los argumentos y las razones por las que no puede justificar las observaciones, y si le negaran la prórroga, podía decirle a la auditoría que en Zapopan le habían negado la entrega de información, y solicitarle a la ASEJ que exija la entrega de la documentación”, dijo.
El director de la Unidad de Vigilancia refirió que si Sánchez Aldana no solicitó prórroga, la Auditoría Superior no puede detener el proceso por las declaraciones del ex edil zapopano.
“La ASEJ no puede quedarse supeditado a que el auditado cuando se le ocurra entregue los documentos, si no presenta prórroga, para la ASEJ los tiempos corren de manera natural. La ley establece plazos”.
Una vez que el ente auditado es notificado, se le da un plazo de 30 días para que solvente los gastos, si en este tiempo no responde la auditoría emite un informe final que es remitido al Congreso del Estado, que a su vez tiene un plazo de nueve meses para aprobar o rechazar el dictamen de la ASEJ.
El titular de la Unidad de Vigilancia dijo que las sanciones para quienes no solventan irregularidades en el manejo de recursos, pueden ser en dos vertientes: por un lado requerirle que reintegre el recurso, y por otro sanciones administrativas, que podrían ir hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos futuros.
“En muchos casos hay detrimento al patrimonio del ente y hay que reintegrar los recursos, y en algunos casos por omisión pudieron no quebrantar la Hacienda Pública, aunque desviaron recursos de un destino a otro. Para mí, es motivo de una responsabilidad y sanción administrativa, para que al funcionario se le impongan las sanciones y en su momento hasta la inhabilitación”.
Más que la corrupción, el daño es por omisión e incompetencia de los funcionarios, porque no aplican las leyes, los reglamentos y el presupuesto.
En caso de que el pleno del Congreso apruebe el dictamen, éste deberá ser publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y el actual presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, sería el responsable de solicitarle a Sánchez Aldana y a los funcionarios responsables del presunto faltante de recursos que reintegre el dinero a las arcas municipales.
Si Vielma Ordóñez no solicita el recurso a Sánchez Aldana se le podría iniciar un procedimiento administrativo al actual presidente municipal.
Observaciones a la cuenta pública 2009 de Zapopan
Cargo total: mil 369 millones 874 mil 200 pesos.
Por cuestiones administrativas observan 154 millones 648 mil 505 pesos.
Por Obra Pública: 368 millones 919 mil 444 pesos.
Obra Pública con recursos del Ramo 33: 37 millones 400 mil 763 pesos.
Fraccionamientos: 808 millones 905mil 486 pesos.
Felipe de Jesús López García, director de la Unidad de Vigilancia, órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que entró en funciones hace nueves meses, junto con las reformas a la Ley de Fiscalización, explicó que será hasta el mes de febrero cuando comiencen con el análisis de las cuentas públicas de 2009, debido a que aún existen otras cuentas pendientes por revisar.
El funcionario, quien se ha desempeñado como auditor en la ASEJ, consideró que desde su punto de vista con la aplicación de las reformas se evitará que se politicen las cuentas públicas al momento de su discusión y aprobación, porque con estos cambios evitan modificaciones a las opiniones técnicas de la ASEJ.
“Más que la corrupción, lo que vemos en las revisiones de las cuentas públicas es el daño por omisión e incompetencia de los funcionarios, porque no aplican las leyes, los reglamentos y el presupuesto”, dijo.
Explicó cómo se lleva a cabo el proceso de revisión de una cuenta pública:
En primer término, dijo que mes con mes todos los municipios, los tres poderes de Gobierno y los entes fiscalizables tienen la obligación de remitir un informe financiero a la Auditoría, que podría ser modificado en tanto no termine el año fiscal.
Con ello, el personal técnico del Máximo Órgano Fiscalizador comienza a revisar las finanzas y determina posibles inconsistencias.
Reconoció que al momento de concretar este trabajo, los auditores prevén dónde pueden existir irregularidades y en esos temas se concentran para realizar, en caso de ser necesario, visitas de campo. Dijo que en la mayoría de los casos las irregularidades se detectan en la ejecución de obra pública.
López García refirió que con las reformas a la Ley de Fiscalización, se creó una Unidad de Vigilancia –que él preside– que se encarga de coadyuvar en la revisión de los informes finales que remite la ASEJ al Congreso, pero advirtió “que bajo ninguna circunstancia se pueden modificar los dictámenes que emitan los auditores”.
Refirió que si se encuentran irregularidades en el procedimiento que llevó a cabo la auditoría, podría regresar el dictamen a la ASEJ con recomendaciones para que sean resueltas.
Cuestionado en torno a las observaciones millonarias de la cuenta pública 2009 de Zapopan, el funcionario señaló que los únicos documentos válidos en la ASEJ para solventar cargos son copias certificadas.
En el caso de las observaciones al ex presidente municipal de Zapopan, Juan Sánchez Aldana, por mil 369 millones de pesos, señaló que el ex primer edil tenía la oportunidad de solicitar a la ASEJ una prórroga en la que explicara la situación de falta de documentos.
“Pudo solicitar prórroga aduciendo los argumentos y las razones por las que no puede justificar las observaciones, y si le negaran la prórroga, podía decirle a la auditoría que en Zapopan le habían negado la entrega de información, y solicitarle a la ASEJ que exija la entrega de la documentación”, dijo.
El director de la Unidad de Vigilancia refirió que si Sánchez Aldana no solicitó prórroga, la Auditoría Superior no puede detener el proceso por las declaraciones del ex edil zapopano.
“La ASEJ no puede quedarse supeditado a que el auditado cuando se le ocurra entregue los documentos, si no presenta prórroga, para la ASEJ los tiempos corren de manera natural. La ley establece plazos”.
Una vez que el ente auditado es notificado, se le da un plazo de 30 días para que solvente los gastos, si en este tiempo no responde la auditoría emite un informe final que es remitido al Congreso del Estado, que a su vez tiene un plazo de nueve meses para aprobar o rechazar el dictamen de la ASEJ.
El titular de la Unidad de Vigilancia dijo que las sanciones para quienes no solventan irregularidades en el manejo de recursos, pueden ser en dos vertientes: por un lado requerirle que reintegre el recurso, y por otro sanciones administrativas, que podrían ir hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos futuros.
“En muchos casos hay detrimento al patrimonio del ente y hay que reintegrar los recursos, y en algunos casos por omisión pudieron no quebrantar la Hacienda Pública, aunque desviaron recursos de un destino a otro. Para mí, es motivo de una responsabilidad y sanción administrativa, para que al funcionario se le impongan las sanciones y en su momento hasta la inhabilitación”.
Más que la corrupción, el daño es por omisión e incompetencia de los funcionarios, porque no aplican las leyes, los reglamentos y el presupuesto.
En caso de que el pleno del Congreso apruebe el dictamen, éste deberá ser publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y el actual presidente municipal de Zapopan, Héctor Vielma, sería el responsable de solicitarle a Sánchez Aldana y a los funcionarios responsables del presunto faltante de recursos que reintegre el dinero a las arcas municipales.
Si Vielma Ordóñez no solicita el recurso a Sánchez Aldana se le podría iniciar un procedimiento administrativo al actual presidente municipal.
Observaciones a la cuenta pública 2009 de Zapopan
Cargo total: mil 369 millones 874 mil 200 pesos.
Por cuestiones administrativas observan 154 millones 648 mil 505 pesos.
Por Obra Pública: 368 millones 919 mil 444 pesos.
Obra Pública con recursos del Ramo 33: 37 millones 400 mil 763 pesos.
Fraccionamientos: 808 millones 905mil 486 pesos.
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