Jalisco
Ejecutivo garantiza indemnización a consejeros; FEU ratifica juicio político
Integrantes del Instituto Electoral aprobaron que especialistas de la UNAM elaboren el “estudio de trascendencia”, uno de los requisitos para resolver si se cancela el último aumento al transporte.
GUADALAJARA, JALISCO.- Los consejeros electorales se enzarzaron en una nueva pugna verbal, durante la sesión extraordinaria convocada por el presidente del
Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), José Luis Castellanos González, para discutir y aprobar, con condiciones, un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que éste elabore el “estudio de trascendencia”, uno de los requisitos para resolver si se aprueba o no el referéndum contra el incremento a las tarifas del transporte público, presentado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
Por alrededor de cinco horas, los consejeros discutieron el primero de dos únicos puntos en la agenda, manifestándose contra el convenio que tendrá un costo de 100 mil pesos para el IEEJ. Pero acabaron finalmente aprobándolo, con la condición de que la institución señalada entregue el estudio el 14 de julio y un día después se convoque a la sesión para pronunciarse sobre el referéndum y cumplir así la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que el pasado 1 de julio puso al IEEJ un plazo perentorio de 15 días para determinar si procederá o no la aplicación del referéndum.
Castellanos González, quien consideró “una aprobación con trampa” el plazo de tres días determinado por la mayoría de consejeros, aseguró que este miércoles, temprano, estará en contacto con el personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas para plantearles el convenio con el condicionamiento.
“Espero que sí pueda (el instituto), pero si dicen que no, tendremos que volver a reunirnos los consejeros a sesionar”, apuntó el presidente del IEEJ, quien aseguró que el fin de semana, aunque considerado en el plazo, no puede tomarse como período laborable para realizar el estudio.
Sobre la urgencia de cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, que esgrimieron varios consejeros electorales, pues deberán resolver sobre el referéndum a más tardar el 17 de julio, Castellanos González anotó: “Todas las autoridades responsables de este país, que trabajan en materia de cumplimiento de sentencias, le avisan a los tribunales que están cumpliendo, que están en vías de cumplir y ellos (los tribunales) lo aceptan. Entonces, creo que aquí hubo un exceso (de los consejeros) de restringir a tres días la autorización y por lo tanto, creo que en su momento tendremos que decirle al tribunal que estamos en vías de cumplir”.
El propio José Luis Castellanos, que presentó el proyecto de convenio, se abstuvo de votar. Quienes conformaron mayoría y votaron con la condicionante de una fecha perentoria, fueron los consejeros Víctor Hugo Bernal, Tomás Figueroa, Carlos Martínez Maguey y Carmen Álvarez. En contra del convenio votaron Armando Ibarra y Sergio Castañeda.
Percibirán cerca de tres MDP sin trabajar
Por otra parte, la indemnización millonaria para los actuales consejeros electorales está garantizada, aseguró el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien reconoció que con la publicación de las reformas constitucionales a la Ley Electoral (el pasado sábado 5 de julio), el Ejecutivo está obligado a entregar el recurso que oscilaría en los tres millones de pesos por consejero. Sin embargo, desconoció el monto preciso y de qué partida saldrá.
El pasado sábado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco se publicaron las reformas constitucionales a la Ley Electoral. En el artículo tercero transitorio se especifica que: “Los consejeros en funciones percibirán por concepto de indemnización la cantidad equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el periodo para el que fueron electos”. Lo anterior significa que los actuales consejeros electorales percibirán casi dos años de sueldo sin laborar en el organismo electoral.
Fernando Guzmán Pérez Peláez aclaró que el recurso que se les pagará no incluirá montos relacionados a pago de viáticos, gasolina o bonos previstos actualmente, si trabajaran en el proceso electoral de 2009.
Destacó que es un “tema político”, pero legal.
“Hay polémica y debate en el tema, pero es una decisión del Congreso que no encuentra aspectos de inconstitucionalidad”.
Por su parte, con una petición para que se suspenda el pago de indemnizaciones a los consejeros del IEEJ, la Federación de Estudiante Universitarios ratificó la denuncia de juicio político contra los representantes ciudadanos, por “omisión” en el proceso de referéndum revocatorio contra el alza de 50 centavos a la tarifa del transporte.
El presidente de la FEU, César Barba, acudió al Congreso de Jalisco para dar seguimiento al proceso de juicio político contra los consejeros, después de que el organismo ignoró la sentencia de tiempo que él mismo había estipulado para emitir un veredicto entorno a la viabilidad o nulidad del referéndum promovido por los estudiantes y 50 organizaciones civiles.
Insistió en que el proceso interpuesto el pasado 17 de marzo ante el Instituto Electoral “está amañado”, y confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco (TEPJEJ) sea el organismo que dirima la controversia legal.
“Con esta acción, reafirmamos que no permitiremos que se vulneren nuestros derechos como ciudadanos y que asistiremos a las instancias legales correspondientes para que se tutelen dichos derechos”.
Por alrededor de cinco horas, los consejeros discutieron el primero de dos únicos puntos en la agenda, manifestándose contra el convenio que tendrá un costo de 100 mil pesos para el IEEJ. Pero acabaron finalmente aprobándolo, con la condición de que la institución señalada entregue el estudio el 14 de julio y un día después se convoque a la sesión para pronunciarse sobre el referéndum y cumplir así la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que el pasado 1 de julio puso al IEEJ un plazo perentorio de 15 días para determinar si procederá o no la aplicación del referéndum.
Castellanos González, quien consideró “una aprobación con trampa” el plazo de tres días determinado por la mayoría de consejeros, aseguró que este miércoles, temprano, estará en contacto con el personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas para plantearles el convenio con el condicionamiento.
“Espero que sí pueda (el instituto), pero si dicen que no, tendremos que volver a reunirnos los consejeros a sesionar”, apuntó el presidente del IEEJ, quien aseguró que el fin de semana, aunque considerado en el plazo, no puede tomarse como período laborable para realizar el estudio.
Sobre la urgencia de cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, que esgrimieron varios consejeros electorales, pues deberán resolver sobre el referéndum a más tardar el 17 de julio, Castellanos González anotó: “Todas las autoridades responsables de este país, que trabajan en materia de cumplimiento de sentencias, le avisan a los tribunales que están cumpliendo, que están en vías de cumplir y ellos (los tribunales) lo aceptan. Entonces, creo que aquí hubo un exceso (de los consejeros) de restringir a tres días la autorización y por lo tanto, creo que en su momento tendremos que decirle al tribunal que estamos en vías de cumplir”.
El propio José Luis Castellanos, que presentó el proyecto de convenio, se abstuvo de votar. Quienes conformaron mayoría y votaron con la condicionante de una fecha perentoria, fueron los consejeros Víctor Hugo Bernal, Tomás Figueroa, Carlos Martínez Maguey y Carmen Álvarez. En contra del convenio votaron Armando Ibarra y Sergio Castañeda.
Percibirán cerca de tres MDP sin trabajar
Por otra parte, la indemnización millonaria para los actuales consejeros electorales está garantizada, aseguró el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien reconoció que con la publicación de las reformas constitucionales a la Ley Electoral (el pasado sábado 5 de julio), el Ejecutivo está obligado a entregar el recurso que oscilaría en los tres millones de pesos por consejero. Sin embargo, desconoció el monto preciso y de qué partida saldrá.
El pasado sábado, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco se publicaron las reformas constitucionales a la Ley Electoral. En el artículo tercero transitorio se especifica que: “Los consejeros en funciones percibirán por concepto de indemnización la cantidad equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el periodo para el que fueron electos”. Lo anterior significa que los actuales consejeros electorales percibirán casi dos años de sueldo sin laborar en el organismo electoral.
Fernando Guzmán Pérez Peláez aclaró que el recurso que se les pagará no incluirá montos relacionados a pago de viáticos, gasolina o bonos previstos actualmente, si trabajaran en el proceso electoral de 2009.
Destacó que es un “tema político”, pero legal.
“Hay polémica y debate en el tema, pero es una decisión del Congreso que no encuentra aspectos de inconstitucionalidad”.
Por su parte, con una petición para que se suspenda el pago de indemnizaciones a los consejeros del IEEJ, la Federación de Estudiante Universitarios ratificó la denuncia de juicio político contra los representantes ciudadanos, por “omisión” en el proceso de referéndum revocatorio contra el alza de 50 centavos a la tarifa del transporte.
El presidente de la FEU, César Barba, acudió al Congreso de Jalisco para dar seguimiento al proceso de juicio político contra los consejeros, después de que el organismo ignoró la sentencia de tiempo que él mismo había estipulado para emitir un veredicto entorno a la viabilidad o nulidad del referéndum promovido por los estudiantes y 50 organizaciones civiles.
Insistió en que el proceso interpuesto el pasado 17 de marzo ante el Instituto Electoral “está amañado”, y confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco (TEPJEJ) sea el organismo que dirima la controversia legal.
“Con esta acción, reafirmamos que no permitiremos que se vulneren nuestros derechos como ciudadanos y que asistiremos a las instancias legales correspondientes para que se tutelen dichos derechos”.
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