Jalisco
Ejecutivo busca mediación y oralidad para juicios laborales
Jalisco podría seguir ejemplo de EU para resolver conflictos con bajos costos y de manera rápida y eficiente
GUADALAJARA, JALISCO (12/AGO/2014).- En Estados Unidos, la mediación ha funcionado para resolver los conflictos laborales con bajos costos y de manera rápida y eficiente; en Jalisco podría seguirse este ejemplo.
Angela B. Cornell, directora de la Clínica de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York expuso ante el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS), Eduardo Almaguer Ramírez y funcionarios de la dependencia las bondades de un sistema de medicación y oralidad en los procesos legales que se sigue en Estados Unidos.
La académica explicó que en aquel país, "la arbitración" solo aplica para funcionarios despedidos del servicio público, en el caso del sector privado, la lógica de defensa es diferente.
Si un empleado del servicio público considera que fue despedido injustamente puede solicitar que se lleve a cabo un proceso para exponer sus argumentos, el patrón hará lo propio.
Los juicios son orales y el árbitro -quien no debe ser forzosamente un abogado- escucha con atención los argumentos de ambas partes, al concluir el proceso emitirá una conclusión, que puede ser: determinar que debe ser despedido, que sea reinstalado en el cargo o que además de regresarle al puesto que ocupaba se le paguen salarios caídos. El proceso no se prolongará por más de seis meses.
En México y particularmente en Jalisco, la historia es distinta. A pesar de las recientes reformas a la Ley de Servidores Públicos que establecen que los juicios, aunque se prolonguen por varios años, no derivará en el pago de más de un año de salarios caídos en caso de que la autoridad le dé la razón al empleado que argumente despido injustificado, los procesos siguen siendo engorrosos y caros.
En nuestra entidad, los laudos han costado a los municipios y al Congreso millones de pesos, debido a que los procesos se prolongan por meses e incluso años y muchos de estos casos derivan en pago de salarios caídos.
El titular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer Ramírez anunció que la actual administración trabaja en una iniciativa para presentarla ante el Poder Ejecutivo, con la que buscan que los conflictos laborales san resueltos por medio de la oralidad.
"Estamos trabajando para tener un esquema legal y presentarlo al gobernador del Estado y a su vez que lo presente ante el Congreso del Estado. Tenemos el mayor interés de contar con un esquema de oralidad en juicios laborales porque da competitividad en el Estado para atraer inversiones y reduce los gastos y la corrupción", explicó el secretario estatal quien dijo que podrían presentar al Congreso una iniciativa en la materia.
Reducen juicios laborales pendientes
El titular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer dio a conocer que cuando inició la actual administración recibieron un rezago de 80 mil juicios laborales individuales pendientes por resolver. La actual dependencia estatal ha reducido el número de laudos pendientes a 40 mil.
"Se ha hecho un trabajo importante, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha laborado, hemos implementado el esquema escalafonario y eso nos permite avanzar en la solución de juicios. Resolvemos 50% más de laudos en comparación con los mismos periodos en otras administraciones", explicó.
Eduardo Almaguer reconoció la labor del Congreso al aprobar reformas a la Ley de Servidores Públicos que ha permitido que los laudos se reduzcan en costo, pues los juicios que ganan los trabajadores ya no significan montos millonarios a la administración pública, con los cambios a la Ley, los empleados despedidos que ganan los juicios podrán reclamar hasta un año de sueldo.
Lagunas en trasnacionales
La académica de la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York, Angela B. Cornell se refirió a las normativas internacionales que garantizan las prestaciones laborales como derechos fundamentales.
La estudiosa en temas relacionados con el trabajo enumeró las leyes que protegen a los empleados en el mundo, aunque reconoció que existe un fenómeno en el que se debe poner especial atención, se trata de las lagunas legales que existe para sancionar a aquellas empresas trasnacionales que no garantizan los derechos de los empleados en países, particularmente en Latinoamérica.
"Es un problema en el mundo porque hay proliferación de empresas multinacionales. Hasta ahora no hay Ley que sancione a estas empresas que incumplen con lo que se establece como derechos fundamentales de los trabajadores", reconoció.
Vacío legal permite que policías despedidos se amparen
El secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer Ramírez reconoció que existe un vacío legal en las recientes reformas legales que incluyen las llamadas pruebas de Control y Confianza para los policías con las que pretenden dar de baja a uniformados que no cumplan con requerimientos psicológicos, toxicológicos y patrimoniales.
El funcionario llamó a la administración estatal a buscar un equipo de abogados y mediadores para evitar que los policías se amparen y que los laudos cuesten recursos económicos al gobierno estatal.
"Deben buscar acuerdos, si en la pérdida de la confianza, tiene sanción penal, se debe esperar la resolución de un juez que lo dejaría sin derecho, ni prestaciones porque se acredita la razón por la que fue despedido. Veo una laguna en la ley, no está bien articulado con la norma laboral por ello debe existir un cuerpo de abogados y conciliadores, primero para evitar que regresen los malos elementos y segundo que el Estado no tenga una carga económica importante", explicó el secretario estatal.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
Angela B. Cornell, directora de la Clínica de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York expuso ante el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco (STPS), Eduardo Almaguer Ramírez y funcionarios de la dependencia las bondades de un sistema de medicación y oralidad en los procesos legales que se sigue en Estados Unidos.
La académica explicó que en aquel país, "la arbitración" solo aplica para funcionarios despedidos del servicio público, en el caso del sector privado, la lógica de defensa es diferente.
Si un empleado del servicio público considera que fue despedido injustamente puede solicitar que se lleve a cabo un proceso para exponer sus argumentos, el patrón hará lo propio.
Los juicios son orales y el árbitro -quien no debe ser forzosamente un abogado- escucha con atención los argumentos de ambas partes, al concluir el proceso emitirá una conclusión, que puede ser: determinar que debe ser despedido, que sea reinstalado en el cargo o que además de regresarle al puesto que ocupaba se le paguen salarios caídos. El proceso no se prolongará por más de seis meses.
En México y particularmente en Jalisco, la historia es distinta. A pesar de las recientes reformas a la Ley de Servidores Públicos que establecen que los juicios, aunque se prolonguen por varios años, no derivará en el pago de más de un año de salarios caídos en caso de que la autoridad le dé la razón al empleado que argumente despido injustificado, los procesos siguen siendo engorrosos y caros.
En nuestra entidad, los laudos han costado a los municipios y al Congreso millones de pesos, debido a que los procesos se prolongan por meses e incluso años y muchos de estos casos derivan en pago de salarios caídos.
El titular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer Ramírez anunció que la actual administración trabaja en una iniciativa para presentarla ante el Poder Ejecutivo, con la que buscan que los conflictos laborales san resueltos por medio de la oralidad.
"Estamos trabajando para tener un esquema legal y presentarlo al gobernador del Estado y a su vez que lo presente ante el Congreso del Estado. Tenemos el mayor interés de contar con un esquema de oralidad en juicios laborales porque da competitividad en el Estado para atraer inversiones y reduce los gastos y la corrupción", explicó el secretario estatal quien dijo que podrían presentar al Congreso una iniciativa en la materia.
Reducen juicios laborales pendientes
El titular de la Secretaría del Trabajo, Eduardo Almaguer dio a conocer que cuando inició la actual administración recibieron un rezago de 80 mil juicios laborales individuales pendientes por resolver. La actual dependencia estatal ha reducido el número de laudos pendientes a 40 mil.
"Se ha hecho un trabajo importante, la Junta de Conciliación y Arbitraje ha laborado, hemos implementado el esquema escalafonario y eso nos permite avanzar en la solución de juicios. Resolvemos 50% más de laudos en comparación con los mismos periodos en otras administraciones", explicó.
Eduardo Almaguer reconoció la labor del Congreso al aprobar reformas a la Ley de Servidores Públicos que ha permitido que los laudos se reduzcan en costo, pues los juicios que ganan los trabajadores ya no significan montos millonarios a la administración pública, con los cambios a la Ley, los empleados despedidos que ganan los juicios podrán reclamar hasta un año de sueldo.
Lagunas en trasnacionales
La académica de la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York, Angela B. Cornell se refirió a las normativas internacionales que garantizan las prestaciones laborales como derechos fundamentales.
La estudiosa en temas relacionados con el trabajo enumeró las leyes que protegen a los empleados en el mundo, aunque reconoció que existe un fenómeno en el que se debe poner especial atención, se trata de las lagunas legales que existe para sancionar a aquellas empresas trasnacionales que no garantizan los derechos de los empleados en países, particularmente en Latinoamérica.
"Es un problema en el mundo porque hay proliferación de empresas multinacionales. Hasta ahora no hay Ley que sancione a estas empresas que incumplen con lo que se establece como derechos fundamentales de los trabajadores", reconoció.
Vacío legal permite que policías despedidos se amparen
El secretario del Trabajo, Eduardo Almaguer Ramírez reconoció que existe un vacío legal en las recientes reformas legales que incluyen las llamadas pruebas de Control y Confianza para los policías con las que pretenden dar de baja a uniformados que no cumplan con requerimientos psicológicos, toxicológicos y patrimoniales.
El funcionario llamó a la administración estatal a buscar un equipo de abogados y mediadores para evitar que los policías se amparen y que los laudos cuesten recursos económicos al gobierno estatal.
"Deben buscar acuerdos, si en la pérdida de la confianza, tiene sanción penal, se debe esperar la resolución de un juez que lo dejaría sin derecho, ni prestaciones porque se acredita la razón por la que fue despedido. Veo una laguna en la ley, no está bien articulado con la norma laboral por ello debe existir un cuerpo de abogados y conciliadores, primero para evitar que regresen los malos elementos y segundo que el Estado no tenga una carga económica importante", explicó el secretario estatal.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
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