Jalisco
Diputados ponen candados a la nómina del Gobierno estatal
Prohiben destinar más de 30% del presupuesto de las dependencias a salarios
GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2010).- Con el argumento de que los logros no necesitan publicitarse, los diputados locales aprobaron reformar el artículo 53 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Jalisco para que el
Gobierno del Estado no pueda usar “más de 0.2% del presupuesto aprobado por dependencia en gastos de difusión, publicación de logros de Gobierno o Comunicación Social; salvo autorización expresa del Congreso del Estado”.
Este mismo artículo señala que “no podrá presupuestarse ni utilizarse más de 30% del presupuesto asignado a Servicios Personales de la dependencia o entidad pública correspondiente, para servidores públicos, supernumerarios o contratación de personal por honorarios, salvo por autorización posterior y expresa del Congreso y una vez que demuestre la aplicación de recursos para el cumplimiento de programas previstos”.
Con estas reformas también pretenden obligar al Poder Ejecutivo a informar trimestralmente de los egresos e ingresos que obtenga. En su artículo 57, la ley obligaría a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, municipios y entidades que ejerzan recursos públicos a publicar sus estados financieros por medios electrónicos dentro de los 20 días siguientes al cierre de la contabilidad mensual. Los egresos deberán desglosarse por concepto y finalidad de gasto, nombre, domicilio del destinatario, partida de origen afectada, saldo disponible y fecha del pago y la cantidad.
La discrecionalidad es mayor en los municipios
Pablo Pineda Ortega, investigador de la Universidad de Guadalajara ( UdeG), señala que la atribución que tienen ciertas autoridades para disponer de manera libre de un monto de recursos, es una práctica menos recurrente en las administraciones recientes en comparación con los gobernantes del pasado. No obstante, el avance hacia la transparencia ha sido desigual en los tres niveles de Gobierno: “La discrecionalidad se da más en los municipios que en el Gobierno federal, sobre todo en los que no son grandes”.
Esta opacidad que reina en el ámbito municipal es atribuida a la falta de profesionalización de la Auditoría Superior del Estado en comparación con la federal: “Lo grave del asunto es que el presupuesto de los municipios es aprobado por los cabildos y no por el Congreso local. Como no hay una división de poderes pues ellos mismos se aprueban lo que se van a gastar”.
El académico subrayó que los gobiernos con menor nivel de desarrollo institucional son los menos transparentes y donde más alta es la discrecionalidad en el uso de recursos, ya que son bajos los niveles de eficiencia, transparencia y eficacia en las gestiones públicas.
Por último, el investigador, especialista en finanzas y políticas públicas, vaticinó que la discrecionalidad se seguirá dando mientras no existan restricciones legales que precisen cómo deben canalizarse los recursos extraordinarios.
Este mismo artículo señala que “no podrá presupuestarse ni utilizarse más de 30% del presupuesto asignado a Servicios Personales de la dependencia o entidad pública correspondiente, para servidores públicos, supernumerarios o contratación de personal por honorarios, salvo por autorización posterior y expresa del Congreso y una vez que demuestre la aplicación de recursos para el cumplimiento de programas previstos”.
Con estas reformas también pretenden obligar al Poder Ejecutivo a informar trimestralmente de los egresos e ingresos que obtenga. En su artículo 57, la ley obligaría a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, municipios y entidades que ejerzan recursos públicos a publicar sus estados financieros por medios electrónicos dentro de los 20 días siguientes al cierre de la contabilidad mensual. Los egresos deberán desglosarse por concepto y finalidad de gasto, nombre, domicilio del destinatario, partida de origen afectada, saldo disponible y fecha del pago y la cantidad.
La discrecionalidad es mayor en los municipios
Pablo Pineda Ortega, investigador de la Universidad de Guadalajara ( UdeG), señala que la atribución que tienen ciertas autoridades para disponer de manera libre de un monto de recursos, es una práctica menos recurrente en las administraciones recientes en comparación con los gobernantes del pasado. No obstante, el avance hacia la transparencia ha sido desigual en los tres niveles de Gobierno: “La discrecionalidad se da más en los municipios que en el Gobierno federal, sobre todo en los que no son grandes”.
Esta opacidad que reina en el ámbito municipal es atribuida a la falta de profesionalización de la Auditoría Superior del Estado en comparación con la federal: “Lo grave del asunto es que el presupuesto de los municipios es aprobado por los cabildos y no por el Congreso local. Como no hay una división de poderes pues ellos mismos se aprueban lo que se van a gastar”.
El académico subrayó que los gobiernos con menor nivel de desarrollo institucional son los menos transparentes y donde más alta es la discrecionalidad en el uso de recursos, ya que son bajos los niveles de eficiencia, transparencia y eficacia en las gestiones públicas.
Por último, el investigador, especialista en finanzas y políticas públicas, vaticinó que la discrecionalidad se seguirá dando mientras no existan restricciones legales que precisen cómo deben canalizarse los recursos extraordinarios.
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