Jalisco
Diputados perdonan al auditor y turnan caso a la Procuraduría
Aunque reconocen irregularidades en el caso de Alonso Godoy Pelayo, evitan sancionarlo
GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2011).- El tema de los pagos indebidos que recibió el auditor Alonso Godoy Pelayo, por un monto de 10 millones de pesos, ha pasado de comisión en comisión en el Congreso del Estado sin que se llegue a un fallo. Ahora la Comisión de Responsabilidades propone que sea la
Procuraduría General de Justicia del Estado la que resuelva quiénes tuvieron responsabilidad en el tema.
Diputados integrantes de la comisión legislativa sesionaron ayer de manera extraordinaria para modificar el proyecto de acuerdo del polémico caso del auditor. Con siete votos a favor y uno en contra, se aprobó presentar al pleno el próximo 13 de septiembre, la propuesta que contempla que el secretario general del Congreso local, José Manuel Correa Ceseña, interponga la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos indebidos al auditor Alonso Godoy, así como por el extravío (robo) de documentos.
Con este acuerdo, los diputados le dejarán la responsabilidad a la Procuraduría del Estado.
“El pleno tendrá que instruir al secretario general para efecto de que presente denuncias penales en contra de quien o con quienes resulten responsables por el tema de auditor y del extravío de documentos”, indicó el presidente de la comisión, Carlos Briseño Becerra.
En el proyecto de acuerdo, los diputados que forman parte de la Comisión de Responsabilidades dan cuenta de que sí existieron pagos “indebidos hechos al auditor”. Pese a ello y con el argumento de que este órgano legislativo no puede fincar cargos, se abstuvieron de hacer un señalamiento directo.
La falta de documentos, que se recibieron en copia simple y que no tienen valor legal, únicamente les permite tener indicios de que hubo algunos movimientos extraordinarios.
Carlos Briseño expresó que el Poder Legislativo no protege a Alonso Godoy. Justificó que la falta de documentos originales los limita.
“No, no (se está protegiendo), por ello el proyecto de acuerdo invita a que se presenten las denuncias penales para efecto de que en este caso el fiscal haga las indagatorias correspondientes y deslinde responsabilidades”.
Aunque ya existían denuncias por este hecho por parte de los diputados Héctor Álvarez (del PAN), por el pago realizado, y Raúl Vargas (del PRD), por el extravío de documentos, Carlos Briseño aseveró que la falta de originales los imposibilitó para fincar cargos.
Una vez que fue aprobado el dictamen, ahora falta que el pleno del Congreso lo apruebe para que el secretario general realice la denuncia.
Que regrese los 10 millones: PAN
Por su parte, el diputado panista Miguel Monraz Ibarra señaló que aunque su voto fue a favor del dictamen, la postura de la fracción es que Alonso Godoy salga de la Auditoría Superior del Estado y que, en un plazo de 30 días, regrese los 10 millones de pesos que le fueron entregados de manera ilegal.
“Nosotros creemos que este caso es como patear el bote y llevar el asunto a otro lado, sin darle de manera definitiva solución al tema. Nosotros seguimos en la postura de que se tiene que resolver este tema; sin embargo, estamos de acuerdo en que se realicen las investigaciones correspondientes a través de la Procuraduría”.
“En cuanto a otras personas implicadas que no dependen del Congreso, se tendrán que hacer las averiguaciones previas por parte de la Procuraduría y levantar las denuncias correspondientes. En este sentido, el Congreso debió haber tomado una posición”.
El diputado y también presidente del Comité Estatal del PAN, pese al acuerdo tomado mantiene la postura de que lo más saludable es la salida del auditor.
Diputados integrantes de la comisión legislativa sesionaron ayer de manera extraordinaria para modificar el proyecto de acuerdo del polémico caso del auditor. Con siete votos a favor y uno en contra, se aprobó presentar al pleno el próximo 13 de septiembre, la propuesta que contempla que el secretario general del Congreso local, José Manuel Correa Ceseña, interponga la denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos indebidos al auditor Alonso Godoy, así como por el extravío (robo) de documentos.
Con este acuerdo, los diputados le dejarán la responsabilidad a la Procuraduría del Estado.
“El pleno tendrá que instruir al secretario general para efecto de que presente denuncias penales en contra de quien o con quienes resulten responsables por el tema de auditor y del extravío de documentos”, indicó el presidente de la comisión, Carlos Briseño Becerra.
En el proyecto de acuerdo, los diputados que forman parte de la Comisión de Responsabilidades dan cuenta de que sí existieron pagos “indebidos hechos al auditor”. Pese a ello y con el argumento de que este órgano legislativo no puede fincar cargos, se abstuvieron de hacer un señalamiento directo.
La falta de documentos, que se recibieron en copia simple y que no tienen valor legal, únicamente les permite tener indicios de que hubo algunos movimientos extraordinarios.
Carlos Briseño expresó que el Poder Legislativo no protege a Alonso Godoy. Justificó que la falta de documentos originales los limita.
“No, no (se está protegiendo), por ello el proyecto de acuerdo invita a que se presenten las denuncias penales para efecto de que en este caso el fiscal haga las indagatorias correspondientes y deslinde responsabilidades”.
Aunque ya existían denuncias por este hecho por parte de los diputados Héctor Álvarez (del PAN), por el pago realizado, y Raúl Vargas (del PRD), por el extravío de documentos, Carlos Briseño aseveró que la falta de originales los imposibilitó para fincar cargos.
Una vez que fue aprobado el dictamen, ahora falta que el pleno del Congreso lo apruebe para que el secretario general realice la denuncia.
Que regrese los 10 millones: PAN
Por su parte, el diputado panista Miguel Monraz Ibarra señaló que aunque su voto fue a favor del dictamen, la postura de la fracción es que Alonso Godoy salga de la Auditoría Superior del Estado y que, en un plazo de 30 días, regrese los 10 millones de pesos que le fueron entregados de manera ilegal.
“Nosotros creemos que este caso es como patear el bote y llevar el asunto a otro lado, sin darle de manera definitiva solución al tema. Nosotros seguimos en la postura de que se tiene que resolver este tema; sin embargo, estamos de acuerdo en que se realicen las investigaciones correspondientes a través de la Procuraduría”.
“En cuanto a otras personas implicadas que no dependen del Congreso, se tendrán que hacer las averiguaciones previas por parte de la Procuraduría y levantar las denuncias correspondientes. En este sentido, el Congreso debió haber tomado una posición”.
El diputado y también presidente del Comité Estatal del PAN, pese al acuerdo tomado mantiene la postura de que lo más saludable es la salida del auditor.
Síguenos en