Jalisco
Diálogos por El Zapotillo, un montaje mediático: opositores
El texto señala que los grupos en protesta con la inundación de tres poblados lamentaron las acciones tomadas por los representantes de la Segob
GUADALAJARA, JALISCO (02/JUN/2011).- Las mesas de diálogo entre autoridades estatales y federales con la comunidad opositora a la Presa
El Zapotillo únicamente sirvieron como un “montaje mediático” que se sostuvo hasta el final, denuncia el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. A través de un comunicado, expone que el objetivo “fue claro: rectificar que la presa continúa construyéndose (…) y que no desean resolver el conflicto social que ellos mismos han originado con su imposición desde hace seis años”.
El texto señala que los grupos en protesta con la inundación de tres poblados en el municipio de Cañadas de Obregón lamentaron las acciones tomadas por los representantes de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, y Conagua (Comisión Nacional del Agua), José Luis Luege Tamargo, quienes “suspendieron la dinámica de la mesa resolutiva” que se efectuó el miércoles en el municipio de Tepatitlán.
“Rompieron definitivamente el diálogo (…) luego de que se pararon de la mesa y se escabulleron a un salón contiguo para dar una rueda de prensa, dejando a los habitantes de Temacapulin, integrantes del comité, observadores civiles de paz, aliados, diputados y asesores académicos sin una resolución y con la palabra en boca”.
Añade que la “lucha” emprendida desde que se oficializó que el embalse habría de inundar los tres milenarios poblados “seguirá hasta que se ponga fin a la Presa El Zapotillo”, pues ni dejar los hogares sería abandonar su vida, su historia y su dignidad.
“Seguiremos con las acciones que hemos emprendido para lograr la cancelación de la presa, además de realizar acciones a nivel internacional; seguiremos sumando a ciudadanos de Guadalajara, los Altos de Jalisco y León (El Zapotillo también beneficiará a la capital del Estado de Guanajuato) que no están dispuestos a recibir una agua llena de sangre, ya que todos somos afectados por este proyecto”.
Expone que la oposición “ha demostrado que tiene la razón” en esta causa, y por ello denuncian que las instancias gubernamentales no suspendieran las denuncias penales que pesan en contra de los individuos que, el 28 de marzo pasado, establecieron un “plantón” en las faldas del sitio donde se construye la presa, lo que según la propia autoridad, sucedería si estos retiraban la protesta.
El texto indica que este fue “uno de los acuerdos iniciales para este proceso de diálogo” y que una rúbrica de ambas partes sustenta este discurso. Además, menciona que otro de los incumplimientos fue la nula presencia de autoridades de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como los presidentes municipales que han mostrado afinidad con el movimiento.
El comité refiere que en la mesa resolutiva se citó a habitantes que han decidido convenir con las autoridades, lo que desde su óptica se planeó para “provocar una confrontación” al exponer a “una minoría”.
Con ello, dicen, “las autoridades demuestran que no tienen el 50 por ciento más uno, como lo han sostenido, afirmando que no sólo quieren destruir nuestro pueblo si no generar un conflicto interno”.
Y concluye: “Por lo tanto hacemos responsables a las autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación, ante cualquier hecho que pueda pasarnos o ponga en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y movimientos que nos acompañan”.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
El texto señala que los grupos en protesta con la inundación de tres poblados en el municipio de Cañadas de Obregón lamentaron las acciones tomadas por los representantes de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, y Conagua (Comisión Nacional del Agua), José Luis Luege Tamargo, quienes “suspendieron la dinámica de la mesa resolutiva” que se efectuó el miércoles en el municipio de Tepatitlán.
“Rompieron definitivamente el diálogo (…) luego de que se pararon de la mesa y se escabulleron a un salón contiguo para dar una rueda de prensa, dejando a los habitantes de Temacapulin, integrantes del comité, observadores civiles de paz, aliados, diputados y asesores académicos sin una resolución y con la palabra en boca”.
Añade que la “lucha” emprendida desde que se oficializó que el embalse habría de inundar los tres milenarios poblados “seguirá hasta que se ponga fin a la Presa El Zapotillo”, pues ni dejar los hogares sería abandonar su vida, su historia y su dignidad.
“Seguiremos con las acciones que hemos emprendido para lograr la cancelación de la presa, además de realizar acciones a nivel internacional; seguiremos sumando a ciudadanos de Guadalajara, los Altos de Jalisco y León (El Zapotillo también beneficiará a la capital del Estado de Guanajuato) que no están dispuestos a recibir una agua llena de sangre, ya que todos somos afectados por este proyecto”.
Expone que la oposición “ha demostrado que tiene la razón” en esta causa, y por ello denuncian que las instancias gubernamentales no suspendieran las denuncias penales que pesan en contra de los individuos que, el 28 de marzo pasado, establecieron un “plantón” en las faldas del sitio donde se construye la presa, lo que según la propia autoridad, sucedería si estos retiraban la protesta.
El texto indica que este fue “uno de los acuerdos iniciales para este proceso de diálogo” y que una rúbrica de ambas partes sustenta este discurso. Además, menciona que otro de los incumplimientos fue la nula presencia de autoridades de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como los presidentes municipales que han mostrado afinidad con el movimiento.
El comité refiere que en la mesa resolutiva se citó a habitantes que han decidido convenir con las autoridades, lo que desde su óptica se planeó para “provocar una confrontación” al exponer a “una minoría”.
Con ello, dicen, “las autoridades demuestran que no tienen el 50 por ciento más uno, como lo han sostenido, afirmando que no sólo quieren destruir nuestro pueblo si no generar un conflicto interno”.
Y concluye: “Por lo tanto hacemos responsables a las autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación, ante cualquier hecho que pueda pasarnos o ponga en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y movimientos que nos acompañan”.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
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