Jalisco
Deuda enfrenta a Emilio y Congreso
Los diputados de oposición acordaron denunciar penalmente al gobernador por el manejo de créditos por cinco mil 500 millones de pesos
GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2012).- Con una votación de 19 a favor y 13 panistas en contra, el pleno del Congreso estatal avaló una propuesta de la Junta de Coordinación de Política para que el director jurídico presente una denuncia penal en contra de quien resulte responsable en el Poder Ejecutivo (principalmente el gobernador Emilio González Márquez) por modificar, sin autorización del Legislativo, los convenios del crédito que por cinco mil 500 millones de pesos se había aprobado para obras de infraestructura.
La Secretaría de Finanzas defendió el proceder del Gobierno del Estado en un comunicado en el que subraya que el Congreso estaba enterado de la reestructuración desde el mes pasado.
El acuerdo del Congreso manifiesta que el financiamiento se aprobó el 2 de diciembre de 2008 y que la primera vez que su contenido fue desatendido fue en julio de 2010, con un convenio para mejorar la tasa de interés, de 2 a 1.5%, que también amplió el periodo “de gracia”. La segunda modificación se concretó el 6 de febrero de este año.
“Este periodo lo pasó del 31 de agosto de 2010 al 29 de febrero de 2012, lo que significa que en vez de empezar a pagar en 2010 empezó a pagar en febrero de 2012; el simple retraso le representó ahorros en su ejercicio financiero y deja mayor deuda a las siguientes administraciones”, señala el documento legislativo.
El acuerdo fue firmado por los coordinadores del PRI, Roberto Marrufo Torres; del PVEM, Enrique Aubry, y del PRD, Raúl Vargas López, y establece: “La impunidad debe parar; los integrantes de la LIX Legislatura no podemos tolerar actitudes insolentes, burlescas y autoritarias de quienes en principio deberían ser ejemplo de legalidad, prudencia y diligencia”.
En la sesión, el panista José Antonio de la Torre sostuvo que no hubo irregularidades: “No se confundan, no estamos ante un ‘moreirazo’”.
La Secretaría de Finanzas añadió que el Gobierno tiene facultades para hacer cambios conforme a la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios (artículo 12) y a los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Añade que, para el caso de reestructuras y/o modificaciones a los financiamientos ya aprobados por el Congreso, no se requiere de nueva autorización, siempre y cuando se conserven intactos monto, plazo y destino, y recordó que, contra lo que dice el PRI, el plazo de hasta 25 años fue autorizado por el propio Congreso del Estado.
La Secretaría de Finanzas defendió el proceder del Gobierno del Estado en un comunicado en el que subraya que el Congreso estaba enterado de la reestructuración desde el mes pasado.
El acuerdo del Congreso manifiesta que el financiamiento se aprobó el 2 de diciembre de 2008 y que la primera vez que su contenido fue desatendido fue en julio de 2010, con un convenio para mejorar la tasa de interés, de 2 a 1.5%, que también amplió el periodo “de gracia”. La segunda modificación se concretó el 6 de febrero de este año.
“Este periodo lo pasó del 31 de agosto de 2010 al 29 de febrero de 2012, lo que significa que en vez de empezar a pagar en 2010 empezó a pagar en febrero de 2012; el simple retraso le representó ahorros en su ejercicio financiero y deja mayor deuda a las siguientes administraciones”, señala el documento legislativo.
El acuerdo fue firmado por los coordinadores del PRI, Roberto Marrufo Torres; del PVEM, Enrique Aubry, y del PRD, Raúl Vargas López, y establece: “La impunidad debe parar; los integrantes de la LIX Legislatura no podemos tolerar actitudes insolentes, burlescas y autoritarias de quienes en principio deberían ser ejemplo de legalidad, prudencia y diligencia”.
En la sesión, el panista José Antonio de la Torre sostuvo que no hubo irregularidades: “No se confundan, no estamos ante un ‘moreirazo’”.
La Secretaría de Finanzas añadió que el Gobierno tiene facultades para hacer cambios conforme a la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios (artículo 12) y a los artículos 22 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Añade que, para el caso de reestructuras y/o modificaciones a los financiamientos ya aprobados por el Congreso, no se requiere de nueva autorización, siempre y cuando se conserven intactos monto, plazo y destino, y recordó que, contra lo que dice el PRI, el plazo de hasta 25 años fue autorizado por el propio Congreso del Estado.
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