Jalisco
Detenido por filmar abusos policiacos presenta queja en la CEDHJ
Miguel Ruíz busca que las autoridades le otorguen por lo menos, una disculpa
"Es una pena, y es muy raro esto que pasa. Me gustaría que terminaran los abusos de autoridad y me gustaría una disculpa. Pero es muy diferente lo que espero a lo que pienso que voy a conseguir", dice este joven de barba abultada y cabellos escasos.
El pasado miércoles, alrededor de la 20:00 horas, Miguel salió con su primo a comprar tamales en un puesto localizado en el cruce de las calles de Chapultepec y Morelos. Cuando cruzaban la calle López Cotilla vieron cómo unos automovilistas se hicieron de palabras. Uno acusó al otro de portar un arma de fuego y ese fue motivo suficiente para que, del módulo de policía que se encuentra en esa zona, se diera la orden para que llegaran ocho patrullas.
Los policías nunca encontraron el arma. Aquello era un asunto de automovilistas estresados que iban a chocar. El hombre señalado de portar un arma iba acompañado de su madre. Los policías lo arrestaron pero con lujo de violencia según se observa en los videos que tiene Miguel. En el filme que circula en internet se escucha al policía que lo amenaza y le dice que si no se sube, él lo sube.
Las detenciones arbitrarias son la razón del 40 por ciento de las quejas que se presentan en la CEDHJ, según Fernando Zambrano Paredes, encargado de seguimiento de quejas de la institución, quien afirma que en el supuesto de que un ciudadano grabe con su teléfono el funcionamiento del gobierno, nadie debería de molestarlo. "Hay un daño al derecho a la legalidad y seguridad de la persona".
Miguel forma parte de una estadística más en un estado que tiene en sus policías una relación desigual en materia laboral. Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Emiliano Sandoval Delgado, es un hecho que los policías reciben capacitación en derechos humanos, "pero sus cargas laborales, su desestabilidad emocional, la información que manejan, el estrés... los pueden convertir en verdaderas fieras".
El joven que salió a comprar unos tamales pasó siete horas en una "perrera" municipal, donde no comió ni bebió nada. Según el acta administrativa 92635, Miguel tuvo que pagar 486 pesos por "impedir, dificultar o entorpecer la correcta prestación de los servicios públicos municipales". Miguel sólo quería cenar y terminó detenido por grabar en un video cómo los policías detenían a un presunto culpable.
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