Jalisco
Derechos Humanos reprueba antidoping en las primarias
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián sigue a la espera de la iniciativa del diputado Abraham González Uyeda
GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2011).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se refirió ayer a la iniciativa de ley del diputado Abraham González Uyeda, que pretende aplicar exámenes antidoping a estudiantes a partir de quinto de primaria, externando su rechazo a la misma porque considera que ni en Jalisco ni en el resto del país existe infraestructura y personal especializado y suficiente para la rehabilitación de los menores de edad con adicciones.
En este sentido, pidió al Congreso del Estado que tome en cuenta las disposiciones que hará llegar por escrito respecto al tema, donde se integran varias condicionantes para que dicha iniciativa se pueda llevar a cabo.
“La propuesta de ley que se plantea, debe considerar la creación de dichas estructuras burocráticas eficaces, que garanticen a la infancia este derecho a la salud física, psíquica y social; segundo, que se dé cumplimiento a lo que ordena el Artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguno será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio”.
Aseveró que Jalisco y todos los estados tienen la obligación de legislar para establecer todas las medidas pertinentes a efecto de evitar que las niñas y niños caigan en el consumo de las drogas, por lo que ésta sería una importante condicionante antes de pensar en la aplicación de exámenes antidoping.
Además, indicó, en este tipo de iniciativas no basta con la autorización de los padres de familia, pues en México “hemos acostumbrado mucho que, en materia de alcances jurídicos, basta con la autorización del padre para poder disponer sobre el menor de edad”, pero en los estándares internacionales de derechos humanos que ya debemos aplicar en nuestro país, para que se tome un consentimiento pleno, debe tomarse en cuenta la participación libre y responsable en esa toma de decisiones por parte del propio menor de edad.
Otra de las condiciones de Álvarez Cibrián, es que se garantice la confidencialidad y que no se autoricen exámenes en los que se introduzcan objetos extraños o peligrosos al cuerpo del niño, como en el caso de la extracción de sangre.
Apuntó que se encuentra a la espera del documento, ya que se pretende presentar en el pleno del Congreso el 13 de septiembre.
Propuesta polémica
La iniciativa del diputado Abraham González Uyeda desató voces a favor y en contra en diversos sectores la semana pasada.
Por un lado, la Asociación de Padres de Familia y el propio Consejo Estatal Contra las Adicciones dieron el visto bueno a esta propuesta. En contraste, Rogelio Padilla Díaz, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (que agrupa a 70 organizaciones civiles que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad), señaló que la iniciativa “es absolutamente violatoria” de los derechos humanos, pues se trata de una propuesta irracional que revela falta de sensibilidad y que, en el discurso, aparentemente se preocupa por las adicciones, “pero no es por ahí” el camino. Esta postura fue compartida por el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Francisco Macías Medina. Sin embargo, González Uyeda defiende el proyecto: “La iniciativa no es incriminatoria, es preventiva”.
El Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, por su parte, se declararon en contra.
En este sentido, pidió al Congreso del Estado que tome en cuenta las disposiciones que hará llegar por escrito respecto al tema, donde se integran varias condicionantes para que dicha iniciativa se pueda llevar a cabo.
“La propuesta de ley que se plantea, debe considerar la creación de dichas estructuras burocráticas eficaces, que garanticen a la infancia este derecho a la salud física, psíquica y social; segundo, que se dé cumplimiento a lo que ordena el Artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece que ninguno será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio”.
Aseveró que Jalisco y todos los estados tienen la obligación de legislar para establecer todas las medidas pertinentes a efecto de evitar que las niñas y niños caigan en el consumo de las drogas, por lo que ésta sería una importante condicionante antes de pensar en la aplicación de exámenes antidoping.
Además, indicó, en este tipo de iniciativas no basta con la autorización de los padres de familia, pues en México “hemos acostumbrado mucho que, en materia de alcances jurídicos, basta con la autorización del padre para poder disponer sobre el menor de edad”, pero en los estándares internacionales de derechos humanos que ya debemos aplicar en nuestro país, para que se tome un consentimiento pleno, debe tomarse en cuenta la participación libre y responsable en esa toma de decisiones por parte del propio menor de edad.
Otra de las condiciones de Álvarez Cibrián, es que se garantice la confidencialidad y que no se autoricen exámenes en los que se introduzcan objetos extraños o peligrosos al cuerpo del niño, como en el caso de la extracción de sangre.
Apuntó que se encuentra a la espera del documento, ya que se pretende presentar en el pleno del Congreso el 13 de septiembre.
Propuesta polémica
La iniciativa del diputado Abraham González Uyeda desató voces a favor y en contra en diversos sectores la semana pasada.
Por un lado, la Asociación de Padres de Familia y el propio Consejo Estatal Contra las Adicciones dieron el visto bueno a esta propuesta. En contraste, Rogelio Padilla Díaz, presidente de la Red por los Derechos de la Infancia en México (que agrupa a 70 organizaciones civiles que desarrollan programas a favor de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad), señaló que la iniciativa “es absolutamente violatoria” de los derechos humanos, pues se trata de una propuesta irracional que revela falta de sensibilidad y que, en el discurso, aparentemente se preocupa por las adicciones, “pero no es por ahí” el camino. Esta postura fue compartida por el director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Francisco Macías Medina. Sin embargo, González Uyeda defiende el proyecto: “La iniciativa no es incriminatoria, es preventiva”.
El Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara, por su parte, se declararon en contra.
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