Jalisco
Dejan autoridades sin protección a las mujeres
Quienes solicitan órdenes de protección se enfrentan a requisitos como “comprobar” el riesgo que corren y presentar una denuncia ante el agresor
GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2012).- México incumple con el mecanismo de apoyo a las mujeres que sufren de violencia, como las órdenes de protección, que a pesar de quedar reconocidas legalmente desde hace cuatro años, en los casos que sí se otorgan persiste el desconocimiento de parte de las autoridades.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizaron un diagnóstico en el país, para conocer el estado que guarda la implementación de las órdenes de protección establecidas en las leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Se solicitó información vía transparencia de esta medida en 27 estados del país, y 10 no proporcionaron información, entre ellos, Jalisco.
En el caso de Jalisco, dijo la abogada del observatorio, Yuridia Rodríguez, se solicitó información al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), quien respondió que no es la encargada de fiscalizar que se entreguen estas órdenes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco no contestó.
La investigación reveló que desde 2008 hasta mediados del 2011, en México se entregaron 745 órdenes de protección a mujeres, de las cuales, el 93% fueron en la Ciudad de México. En entidades como el Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz, que presentan de los índices más altos de violencia en el país, no se otorgó ninguna orden de protección a mujeres.
En el caso de Jalisco, se solicitó esta información a la PGJE y al Instituto Jalisciense de las Mujeres, a lo que la primera no respondió y la segunda aseguró que no le compete entregarlas.
Pero además de no otorgar estas órdenes de protección a mujeres que sufren de violencia, y así proteger su integridad física y emocional, quienes las solicitan se enfrentan a requisitos como "comprobar" el riesgo que corren y presentar una denuncia ante el agresor.
Yuridia Rodríguez afirma que las órdenes de protección se dan por 72 horas, lo cual es insuficiente y debe reformarse para que se salvaguarde la seguridad de las mujeres por un tiempo mayor, como ocurre en otros países, como España.
"La orden de protección debe durar hasta el momento en que la mujer deje de correr riesgo o peligro, y eso debe de ser comprobado por las autoridades".
Las medidas de protección son acciones para proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia, sus familiares o testigos de los hechos. Deben otorgarse por la autoridad competente después de conocer los hechos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Ante la falta de información al respecto, la omisión de autoridades y el desconocimiento, Cladem y el observatorio citado proponen que los gobiernos federales, estatales y municipales, así como a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que promuevan sesiones inmediatas para generar acciones de coordinación en el tema.
También piden que se implemente una estrategia de difusión masiva, capacitación a servidores públicos, contar con módulos de tención donde se asegura un ambiente seguro y confidencial para que las mujeres puedan denunciar la violencia que sufren.
EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizaron un diagnóstico en el país, para conocer el estado que guarda la implementación de las órdenes de protección establecidas en las leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Se solicitó información vía transparencia de esta medida en 27 estados del país, y 10 no proporcionaron información, entre ellos, Jalisco.
En el caso de Jalisco, dijo la abogada del observatorio, Yuridia Rodríguez, se solicitó información al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), quien respondió que no es la encargada de fiscalizar que se entreguen estas órdenes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco no contestó.
La investigación reveló que desde 2008 hasta mediados del 2011, en México se entregaron 745 órdenes de protección a mujeres, de las cuales, el 93% fueron en la Ciudad de México. En entidades como el Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz, que presentan de los índices más altos de violencia en el país, no se otorgó ninguna orden de protección a mujeres.
En el caso de Jalisco, se solicitó esta información a la PGJE y al Instituto Jalisciense de las Mujeres, a lo que la primera no respondió y la segunda aseguró que no le compete entregarlas.
Pero además de no otorgar estas órdenes de protección a mujeres que sufren de violencia, y así proteger su integridad física y emocional, quienes las solicitan se enfrentan a requisitos como "comprobar" el riesgo que corren y presentar una denuncia ante el agresor.
Yuridia Rodríguez afirma que las órdenes de protección se dan por 72 horas, lo cual es insuficiente y debe reformarse para que se salvaguarde la seguridad de las mujeres por un tiempo mayor, como ocurre en otros países, como España.
"La orden de protección debe durar hasta el momento en que la mujer deje de correr riesgo o peligro, y eso debe de ser comprobado por las autoridades".
Las medidas de protección son acciones para proteger la vida e integridad de las mujeres víctimas de violencia, sus familiares o testigos de los hechos. Deben otorgarse por la autoridad competente después de conocer los hechos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Ante la falta de información al respecto, la omisión de autoridades y el desconocimiento, Cladem y el observatorio citado proponen que los gobiernos federales, estatales y municipales, así como a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que promuevan sesiones inmediatas para generar acciones de coordinación en el tema.
También piden que se implemente una estrategia de difusión masiva, capacitación a servidores públicos, contar con módulos de tención donde se asegura un ambiente seguro y confidencial para que las mujeres puedan denunciar la violencia que sufren.
EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR
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