Jalisco
Cuestionan acciones para abatir corrupción en Ayuntamiento tapatío
Panistas ponen en duda la efectividad de las medidas de control que la actual administración aplica en sus procesos
GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2011).- Regidores panistas cuestionaron las medidas anticorrupción que el Ayuntamiento de Guadalajara implementa al interior de su organización luego de conocerse las irregularidades en la Secretaría de Obras Públicas que señalan la falsificación de firmas en documentos oficiales.
El regidor tapatío del PAN, Jorge Salinas Osornio, dijo que lo sucedido siguió en su disertación desde el pleno del Ayuntamiento, “pone en entredicho” la eficiencia de la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, las mismas que hace apenas una semana, dijo, habían notificado a los ediles que no había corruptelas en Obras Públicas.
“Si todo estaba funcionando bien hasta la semana pasada, ¿cómo a la siguiente semana nos enteramos que en 2010 hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos de usos de suelo y falsificando firma de diversos actores?”, se cuestionaba el edil.
De hecho, fue la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), y no alguna de las dependencias dedicadas al combate a la corrupción, quien detectó lo que estaba sucediendo en Obras Públicas, para luego notificarlo a la Sindicatura el 1 de julio de 2011.
También se cuestionó la labor del titular de Obras Públicas, Juan Armando Duarte Alonso, por omisión, pues a decir del edil Sergio Sánchez Villarruel: “La mínima obligación del secretario como responsable del área, sería revisar un documento tan importante como cuando se autoriza un edificio o una gasolinera, y no puede argumentar que lo sacó un servidor público de bajo nivel y por eso fue la firma falsificada. Hay corrupción importante en esta dependencia”.
Fue precisamente Sánchez Villarruel quien solicitó la remoción de Duarte Alonso, no sólo por estos hechos, sino porque, dijo, el 26 de octubre, durante la sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el secretario reaccionó de manera violenta a los cuestionamientos del edil, retándolo a golpes y lanzando una silla, lo que fue atestiguado, aunó, por el coordinador del PRI, Javier Galván Guerrero, y el secretario de Administración, Francisco Ayón.
Finalmente, el regidor Salinas Osornio expuso el riesgo de que la expedición de dictámenes de uso de suelo con vicios legales, “desvirtúe” la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que está realizando el Ayuntamiento, a la que se convoca a la sociedad para que participe en la elaboración de estos instrumentos que, se supone, deben regir completamente sobre la autorización de los trámites que, ahora se sabe, han sido detectados con firmas falsificadas.
TELÓN DE FONDO
Oficina anticorrupción
A inicios del mes pasado la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara informó sobre su posición de eliminar la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, por lo que consideró han sido muy pobres resultados, para crear una nueva instancia fiscalizadora que tenga una integración eminentemente ciudadana.
El grupo edilicio sostuvo que existe una duplicidad entre la Contraloría y la Oficina anticorrupción, y que, aun así, no hay una estrategia eficiente para deslindar responsabilidades entre los funcionarios públicos que han cometido actos ilegales.
En ese entonces, los ediles del PAN hablaban de 50 casos que consideraron corruptelas y que no habían sido investigados debidamente, y ejemplificaron con las acusaciones a los que fueran titulares de las secretarías de Obras Públicas y Contraloría Municipal, Juan Carlos Uranga y Víctor Urrea Stettner, respectivamente, quienes salieron de la administración sin que se esclareciera si, efectivamente, las supuestas conversaciones suyas difundidas en los medios habían sido obtenidas de sus celulares o no, y las cuales hacían referencia a presuntas componendas.
El regidor tapatío del PAN, Jorge Salinas Osornio, dijo que lo sucedido siguió en su disertación desde el pleno del Ayuntamiento, “pone en entredicho” la eficiencia de la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, las mismas que hace apenas una semana, dijo, habían notificado a los ediles que no había corruptelas en Obras Públicas.
“Si todo estaba funcionando bien hasta la semana pasada, ¿cómo a la siguiente semana nos enteramos que en 2010 hubo irregularidades en el otorgamiento de permisos de usos de suelo y falsificando firma de diversos actores?”, se cuestionaba el edil.
De hecho, fue la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur), y no alguna de las dependencias dedicadas al combate a la corrupción, quien detectó lo que estaba sucediendo en Obras Públicas, para luego notificarlo a la Sindicatura el 1 de julio de 2011.
También se cuestionó la labor del titular de Obras Públicas, Juan Armando Duarte Alonso, por omisión, pues a decir del edil Sergio Sánchez Villarruel: “La mínima obligación del secretario como responsable del área, sería revisar un documento tan importante como cuando se autoriza un edificio o una gasolinera, y no puede argumentar que lo sacó un servidor público de bajo nivel y por eso fue la firma falsificada. Hay corrupción importante en esta dependencia”.
Fue precisamente Sánchez Villarruel quien solicitó la remoción de Duarte Alonso, no sólo por estos hechos, sino porque, dijo, el 26 de octubre, durante la sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, el secretario reaccionó de manera violenta a los cuestionamientos del edil, retándolo a golpes y lanzando una silla, lo que fue atestiguado, aunó, por el coordinador del PRI, Javier Galván Guerrero, y el secretario de Administración, Francisco Ayón.
Finalmente, el regidor Salinas Osornio expuso el riesgo de que la expedición de dictámenes de uso de suelo con vicios legales, “desvirtúe” la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano que está realizando el Ayuntamiento, a la que se convoca a la sociedad para que participe en la elaboración de estos instrumentos que, se supone, deben regir completamente sobre la autorización de los trámites que, ahora se sabe, han sido detectados con firmas falsificadas.
TELÓN DE FONDO
Oficina anticorrupción
A inicios del mes pasado la fracción del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara informó sobre su posición de eliminar la Secretaría de Contraloría Municipal y la Oficina de Combate a la Corrupción, por lo que consideró han sido muy pobres resultados, para crear una nueva instancia fiscalizadora que tenga una integración eminentemente ciudadana.
El grupo edilicio sostuvo que existe una duplicidad entre la Contraloría y la Oficina anticorrupción, y que, aun así, no hay una estrategia eficiente para deslindar responsabilidades entre los funcionarios públicos que han cometido actos ilegales.
En ese entonces, los ediles del PAN hablaban de 50 casos que consideraron corruptelas y que no habían sido investigados debidamente, y ejemplificaron con las acusaciones a los que fueran titulares de las secretarías de Obras Públicas y Contraloría Municipal, Juan Carlos Uranga y Víctor Urrea Stettner, respectivamente, quienes salieron de la administración sin que se esclareciera si, efectivamente, las supuestas conversaciones suyas difundidas en los medios habían sido obtenidas de sus celulares o no, y las cuales hacían referencia a presuntas componendas.
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