Jalisco
Controversia con el gobernador por Ley de Fiscalización
Para evitar que grupos de poder alteren informes de la ASEJ, éstos no podrán ser modificados por el Congreso, ni por la Comisión de Vigilancia o la Unidad de Vigilancia
Argumentan en el desplegado que se publica hoy, que “los informes finales que emita la ASEJ no podrán ser modificados por el Pleno del Congreso del Estado, ni por la Comisión de Vigilancia y, mucho menos, por el órgano técnico denominado Unidad de Vigilancia, eliminándose así el riesgo de que intereses de grupos de poder alteraran el resultado de la revisión de cuentas”.
Al subrayar que la Ley de Fiscalización fue aprobada por unanimidad, aseguran los diputados que la nueva legislación representa un “gran avance” para la modernización y la competitividad, ya que al fortalecer el órgano fiscalizador “se otorga certeza al uso y destino de los recursos públicos”.
El documento resalta que la ley establece la evaluación de la gestión pública mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos y metas trazadas con recursos públicos. Además, se dota de autonomía técnica y financiera a la ASEJ.
Sostienen que para aprobar la Ley de Fiscalización en el Estado, se adoptaron las mejores herramientas con las que cuenta el modelo de fiscalización federal tales como la creación de un órgano técnico de apoyo a la Comisión de Vigilancia.
Además, los legisladores manifiestan que en cumplimiento de los postulados en materia de fiscalización, con la nueva ley aprobada el pasado martes 13 de mayo, “nos comprometemos a trabajar con apego ético a los principios que dicta la democracia, donde prevalecerá lo técnico sobre lo político, los intereses públicos sobre los intereses de grupo o facción, siempre en apego irrestricto a la ley”.
Uno de los aspectos que ha generado dudas sobre la real autonomía de la ASEJ, es que se incluyó en la Ley de Fiscalización la creación de la Unidad de Vigilancia, misma que podrá efectuar observaciones a los dictámenes de las cuentas públicas.
Diputados aseguran que la nueva legislación otorga certeza al uso y destino de los recursos públicos, y reiteran que no habrá posibilidad de manoseo político
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