Jalisco
Contratarán auditoría externa para revisar caso IMAJ
Funcionarios del PRD y PRI pedirán una copia certificada de los documentos del proceso administrativo contra funcionarios
GUADALAJARA, JALISCO.- Debido a que no confían en la investigación que realizó la Dirección Recursos Humanos para fincar responsabilidades a los funcionarios del Instituto Municipal de Atención a la Juventud
(IMAJ), las fracciones edilicias del PRI y PRD en el
Ayuntamiento de Guadalajara contratarán a un despacho externo para que revise los documentos que fueron entregados a la dependencia.
Leobardo Alcalá Padilla, coordinador de los tricolores, explicó que en la próxima sesión de Ayuntamiento se solicitará una copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/09, para que un despacho externo de auditores lo analice minuciosamente.
El regidor priista calificó como una “falta de respeto a la ciudadanía”, la suspensión de ocho días impuesta tanto a Carlos Salinas Osornio como a Carlos Arturo López Flores, por las presuntas irregularidades detectadas en los ejercicios 2006 y 2007, respectivamente.
Agregó que la Dirección de Recursos Humanos únicamente debió fungir como un órgano de consulta en el caso, toda vez que la Contraloría Municipal ya había emitido una resolución que debía acatarse y sancionarse conforme a derecho.
EL INFORMADOR / Gilberto Franco
Leobardo Alcalá Padilla, coordinador de los tricolores, explicó que en la próxima sesión de Ayuntamiento se solicitará una copia certificada del procedimiento de responsabilidad administrativa 11/09, para que un despacho externo de auditores lo analice minuciosamente.
El regidor priista calificó como una “falta de respeto a la ciudadanía”, la suspensión de ocho días impuesta tanto a Carlos Salinas Osornio como a Carlos Arturo López Flores, por las presuntas irregularidades detectadas en los ejercicios 2006 y 2007, respectivamente.
Agregó que la Dirección de Recursos Humanos únicamente debió fungir como un órgano de consulta en el caso, toda vez que la Contraloría Municipal ya había emitido una resolución que debía acatarse y sancionarse conforme a derecho.
EL INFORMADOR / Gilberto Franco
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