Jalisco
Contraloría revisa posibles omisiones de funcionarios del SIAPA
Investiga si hubo omisión de áreas para proteger al organismo de liquidaciones millonarias
De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de la operadora metropolitana, Francisco Ayón López, los funcionarios sujetos a investigación podrían pertenecer a la administración en curso, o a la pasada (la que encabezó José Luis Hernández Amaya).
Al término de la sesión del Consejo que se celebró esta tarde en las instalaciones del SIAPA, el también secretario de Educación reiteró que las indagatorias están en manos de la Contraloría, y que será esa instancia quien tendrá como tarea verificar y, eventualmente, "solicitar la acción de la impartición de justicia con la Fiscalía Central del Estado".
"Es un tema que, de acuerdo a las atribuciones que tiene la Contraloría por la situación específica que el licenciado Eduardo Almaguer, secretario de Trabajo, está llevando a cabo (las acciones para impedir a los ex colaboradores del SIAPA el cobro de 30 millones de pesos), tenemos la notificación ya oficial de la contraloría que está revisando esos casos en específico".
David Alfredo Ramos y Mario Alberto Hoyos Aguilar fueron contratados en 2009 (durante la administración de Rodolfo Ocampo) para optimizar los cobros a usuarios morosos del organismo, y de acuerdo con información que en abril pasado ventiló la directora jurídica, Itzia Cristina Santiago Villela, recibían el 12% de lo que ingresaba a las arcas del SIAPA.
Tal es la causa, explicó, por la que los tabuladores de sueldos eran significativamente superiores en sus respectivos casos. "No eran empleados, únicamente se les pagaba de acuerdo al trabajo que realizaban. Lo que la Junta (Local de Conciliación y Arbitraje) determinó, el laudo que ya nos fue notificado, es que Mario Alberto Hoyos ganaba siete mil 727 pesos diarios, y David Alfredo Hernández Ramos, ocho mil 522 diarios".
Al término de su relación laboral con el SIAPA denunciaron al organismo, y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolvió a favor de los quejosos, por lo que la operadora se vio obligada a entregarles 11 millones de pesos.
La crítica que se emitió ese entonces fue por qué razón ganaron el juicio laboral, si no estaban dentro de la nómina del organismo. El licenciado en derecho laboral, Javier Íñiguez, aseguró que el equipo jurídico que entonces operaba en el SIAPA (donde la Contraloría del Estado eventualmente podría encontrar responsables) simplemente "descuidó" los casos, lo que permitió que la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje fallara en su contra.
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA
Síguenos en