Jalisco
Consejo para la Transparencia atrae el caso del IMAJ
El contralor municipal, Armando Villalobos González, ratificó que la auditoría realizada al IMAJ es “un caso cerrado”
GUADALAJARA, JALISCO.- El Consejo para la Transparencia y la Ética Pública de Guadalajara, atraerá el caso del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (
IMAJ), anunció el secretario técnico del organismo Miguel Navarro Flores.
En entrevista, señaló que solicitarán a la Contraloría Municipal, la auditoría realizada al IMAJ y advirtió que en caso de encontrar elementos, se recomendará al presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, que separe de sus cargos al actual titular del instituto, Carlos Arturo López Flores, y al secretario particular Carlos Salinas Osornio.
Para saber
La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara interpondrá procedimientos de responsabilidad administrativa contra Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, titulares del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara (IMAJ) en la pasada y presente administración tapatía, respectivamente, aunque el primero en mención continúa laborando como secretario particular del alcalde Alfonso Petersen Farah.
En rueda de prensa, el director de Recursos Humanos, Carlos Santoscoy Gutiérrez, informó que acatarán la resolución de la Contraloría Municipal, luego de que ésta realizara una auditoría al instituto en la que se reveló un “desorden administrativo” y la presunta falsificación de facturas.
“De acuerdo a como se me enteró previamente a esta reunión, la recomendación por parte de la Contraloría viene en ese sentido, que la Dirección General de Recursos Humanos inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa que la misma Contraloría nos va a proporcionar”.
Dijo que en el desahogo de los procedimientos se puede sancionar a los funcionarios implicados con una amonestación, una multa o, incluso, hasta con la destitución de su cargo.
El contralor municipal, Armando Villalobos González, ratificó que la auditoría realizada al IMAJ es “un caso cerrado”, toda vez que el organismo tuvo un plazo perentorio para presentar la documentación que acreditara o soportara los gastos no solventados en los ejercicios 2006 y 2007.
No obstante, reconoció que después del plazo establecido, el IMAJ ha seguido enviando documentación a la dependencia para justificar erogaciones, la cual ha sido recibida por la Contraloría debido a que no existe una reglamentación que regule esta situación.
“Lo que puede ser una aclaración para quien la proporciona, puede no serlo para quien la recibe. En los casos que no admitimos aclaraciones fue porque conservamos las observaciones”.
Villalobos González indicó que los resultados de la revisión al IMAJ revelaron la ausencia de contabilidad en la operación del organismo, controles débiles sobre el gasto e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Aunque no se ha demostrado la desviación de recursos, señaló que se solicitará el apoyo de la Sindicatura, en caso de que se requiera interponer denuncias por responsabilidades de carácter penal o fiscal.
Ratificó que al menos en tres casos, se presume la falsificación de facturas por lo que los documentos fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que determine su autenticidad.
En los documentos fiscales en los que la fecha de impresión es posterior a la fecha de emisión, Villalobos González comentó: “Nos queda claro que si una factura se imprimió, por decir algo, en junio de 2007, no pudo haberse tenido como respaldo documental de un cheque de diciembre de 2006; nos queda muy claro y no tenemos necesidad de un dictamen”.
EL INFORMADOR/ GILBERTO FRANCO.
En entrevista, señaló que solicitarán a la Contraloría Municipal, la auditoría realizada al IMAJ y advirtió que en caso de encontrar elementos, se recomendará al presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, que separe de sus cargos al actual titular del instituto, Carlos Arturo López Flores, y al secretario particular Carlos Salinas Osornio.
Para saber
La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara interpondrá procedimientos de responsabilidad administrativa contra Carlos Salinas Osornio y Carlos Arturo López Flores, titulares del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara (IMAJ) en la pasada y presente administración tapatía, respectivamente, aunque el primero en mención continúa laborando como secretario particular del alcalde Alfonso Petersen Farah.
En rueda de prensa, el director de Recursos Humanos, Carlos Santoscoy Gutiérrez, informó que acatarán la resolución de la Contraloría Municipal, luego de que ésta realizara una auditoría al instituto en la que se reveló un “desorden administrativo” y la presunta falsificación de facturas.
“De acuerdo a como se me enteró previamente a esta reunión, la recomendación por parte de la Contraloría viene en ese sentido, que la Dirección General de Recursos Humanos inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa que la misma Contraloría nos va a proporcionar”.
Dijo que en el desahogo de los procedimientos se puede sancionar a los funcionarios implicados con una amonestación, una multa o, incluso, hasta con la destitución de su cargo.
El contralor municipal, Armando Villalobos González, ratificó que la auditoría realizada al IMAJ es “un caso cerrado”, toda vez que el organismo tuvo un plazo perentorio para presentar la documentación que acreditara o soportara los gastos no solventados en los ejercicios 2006 y 2007.
No obstante, reconoció que después del plazo establecido, el IMAJ ha seguido enviando documentación a la dependencia para justificar erogaciones, la cual ha sido recibida por la Contraloría debido a que no existe una reglamentación que regule esta situación.
“Lo que puede ser una aclaración para quien la proporciona, puede no serlo para quien la recibe. En los casos que no admitimos aclaraciones fue porque conservamos las observaciones”.
Villalobos González indicó que los resultados de la revisión al IMAJ revelaron la ausencia de contabilidad en la operación del organismo, controles débiles sobre el gasto e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.
Aunque no se ha demostrado la desviación de recursos, señaló que se solicitará el apoyo de la Sindicatura, en caso de que se requiera interponer denuncias por responsabilidades de carácter penal o fiscal.
Ratificó que al menos en tres casos, se presume la falsificación de facturas por lo que los documentos fueron enviados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que determine su autenticidad.
En los documentos fiscales en los que la fecha de impresión es posterior a la fecha de emisión, Villalobos González comentó: “Nos queda claro que si una factura se imprimió, por decir algo, en junio de 2007, no pudo haberse tenido como respaldo documental de un cheque de diciembre de 2006; nos queda muy claro y no tenemos necesidad de un dictamen”.
EL INFORMADOR/ GILBERTO FRANCO.
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