Jalisco
Congreso rechaza juicio político a Salvador González
La solicitud fue desechada debido a que el síndico de Tonalá, Leonel Andrade, presentó el documento en calidad de funcionario
El ahora regidor tonalteca, Salvador González del Toro fue acusado de usurpación de funciones pues se ostentó como presidente municipal de Tonalá aun cuando fue cesado del cargo.
La solicitud fue desechada debido a que el síndico de Tonalá, Leonel Andrade, presentó el documento en calidad de funcionario y no como ciudadano
La Comisión de Responsabilidades rechazó la solicitud de juicio político presentada contra el regidor tonalteca Salvador González del Toro, por haber usurpado funciones, debido a que la petición la presentó el síndico del ayuntamiento, Leonel Andrade Padilla, pero no lo hizo como ciudadano (conforme marca la ley), sino en su carácter de funcionario público.
El órgano legislativo también desechó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para iniciar un procedimiento a fin de aplicar una sanción administrativa al gobernador, Emilio González Márquez, por la “mentada” que lanzó a los críticos del donativo que otorgó al Santuario de los Mártires, aportación que por cierto ya se reembolsó al Gobierno del Estado.
El diputado César Madrigal Díaz, explicó que se desechó el procedimiento contra el gobernador por respeto a la división de poderes, ya que la ley no posibilita al Congreso a aplicar algún tipo de sanción administrativa al jefe del Ejecutivo, en un momento dado correspondería al Congreso de la Unión.
“En primer lugar, la responsabilidad administrativa únicamente puede ser aplicada por el superior jerárquico y dentro de un mismo poder. En segundo término, si el gobernador ni siquiera es sujeto a juicio político ante el Congreso estatal, sino ante el Congreso de la Unión, pues mucho menos podremos aplicar una responsabilidad administrativa”, explicó Madrigal Díaz.
Por otra parte, los diputados de la Comisión de Responsabilidades acordaron presentar ante el pleno del Congreso un acuerdo legislativo en el que se solicite a la Contraloría que se evite la pérdida de pruebas para determinar las posibles negligencias ante las fallas del colector del túnel de Las Rosas. Esto para que se deslinden responsabilidades.
“Con este acuerdo estamos dando el mensaje de que no vamos a solapar ninguna irregularidad y que la ciudadanía también tenga el pleno mensaje que este tipo de negligencias no deben partidizarse”, subrayó Madrigal Díaz, quien preside la Comisión de Responsabilidades.
Finalmente, aplaudió que la Contraloría del Estado ya esté investigando las fallas del colector en el túnel de Las Rosas y que también vaya a intervenir la Secretaría de la Función Pública federal, para deslindar responsabilidades.
La solicitud fue desechada debido a que el síndico de Tonalá, Leonel Andrade, presentó el documento en calidad de funcionario y no como ciudadano
La Comisión de Responsabilidades rechazó la solicitud de juicio político presentada contra el regidor tonalteca Salvador González del Toro, por haber usurpado funciones, debido a que la petición la presentó el síndico del ayuntamiento, Leonel Andrade Padilla, pero no lo hizo como ciudadano (conforme marca la ley), sino en su carácter de funcionario público.
El órgano legislativo también desechó la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para iniciar un procedimiento a fin de aplicar una sanción administrativa al gobernador, Emilio González Márquez, por la “mentada” que lanzó a los críticos del donativo que otorgó al Santuario de los Mártires, aportación que por cierto ya se reembolsó al Gobierno del Estado.
El diputado César Madrigal Díaz, explicó que se desechó el procedimiento contra el gobernador por respeto a la división de poderes, ya que la ley no posibilita al Congreso a aplicar algún tipo de sanción administrativa al jefe del Ejecutivo, en un momento dado correspondería al Congreso de la Unión.
“En primer lugar, la responsabilidad administrativa únicamente puede ser aplicada por el superior jerárquico y dentro de un mismo poder. En segundo término, si el gobernador ni siquiera es sujeto a juicio político ante el Congreso estatal, sino ante el Congreso de la Unión, pues mucho menos podremos aplicar una responsabilidad administrativa”, explicó Madrigal Díaz.
Por otra parte, los diputados de la Comisión de Responsabilidades acordaron presentar ante el pleno del Congreso un acuerdo legislativo en el que se solicite a la Contraloría que se evite la pérdida de pruebas para determinar las posibles negligencias ante las fallas del colector del túnel de Las Rosas. Esto para que se deslinden responsabilidades.
“Con este acuerdo estamos dando el mensaje de que no vamos a solapar ninguna irregularidad y que la ciudadanía también tenga el pleno mensaje que este tipo de negligencias no deben partidizarse”, subrayó Madrigal Díaz, quien preside la Comisión de Responsabilidades.
Finalmente, aplaudió que la Contraloría del Estado ya esté investigando las fallas del colector en el túnel de Las Rosas y que también vaya a intervenir la Secretaría de la Función Pública federal, para deslindar responsabilidades.
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