Jalisco
Congreso presentará denuncia penal contra Ejecutivo
Argumentan que modificó, sin la autorización del Poder Legislativo estatal, los convenios del crédito por cinco mil 500 millones de pesos para la ejecución de obras de infraestructura
GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2012).- Con una votación de 19 legisladores a favor y 13 panistas en contra, el pleno del Congreso del Estado avaló la propuesta de la Junta de Coordinación de Política para instruir al director jurídico que presente una denuncia penal de hechos en contra de quien resulte responsable en el Poder Ejecutivo por modificar, sin la autorización del Poder Legislativo, los convenios del crédito que por cinco mil 500 millones de pesos se le había aprobado para la ejecución de obras de infraestructura.
El acuerdo legislativo manifiesta que el financiamiento se aprobó el 2 de diciembre del 2008 y la primera ocasión que desatiende su contenido fue en julio de 2010, cuando realizó un convenio para mejorar la tasa de interés, del 2 al 1.5%, pero también amplió el periodo conocido "como de gracia", en el que el gobierno no desembolsaría recursos para abonar a capital. La segunda modificación se concretó el 6 de febrero de este año.
"Este periodo lo pasó del 31 de agosto de 2010 al 29 de febrero de 2012, lo que significa que en vez de empezar a pagar en 2010 empezó a pagar en febrero de 2012; el simple retraso le representó ahorros en su ejercicio financiero y deja mayor deuda a las siguientes administraciones", señala el documento votado por los legisladores.
Este acuerdo legislativo que fue firmado por los diputados coordinadores parlamentarios del PRI, Roberto Marrufo Torres; del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino, y del PRD, Raúl Vargas López añade: "La impunidad debe parar, los integrantes de la LIX Legislatura no podemos tolerar actitudes insolentes, burlescas y autoritarias de quienes en principio deberían ser ejemplo de legalidad, prudencia y diligencia. Hemos analizado detenidamente los hechos y consideramos que pueden existir actitudes dolosas que pudieran constituir delito".
El coordinador de los legisladores del PAN, José Antonio de la Torre, sostuvo que no existe irregularidad alguna en la modificación que llevó a cabo el gobierno estatal y arremetió: "No se confundan, no estamos ante un 'Moreirazo', aquí no existe irregularidad alguna".
El panista señaló que la posibilidad de modificar las condiciones de los empréstitos es facultad del Ejecutivo, conforme la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios.
Por su parte, la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, a nombre del grupo parlamentario del PRI reiteró la postura de que sí existió ilegalidad en las acciones modificatorias al crédito aprobado por el Congreso del Estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda estimó que en el decreto que autoriza al Ejecutivo a contratar el crédito, "en ningún momento se le dan atribuciones para que actúe de manera individual y al margen de los poderes constitucionales y a la ley que lo obliga como autoridad. Una gran mentira que la ley le da atribución para hacerlo. Un decreto no puede estar por encima de la Constitución de Jalisco y de la Ley de Deuda".
Subrayó que el Ejecutivo no solo cambió la tasa de interés del 2% al 1.5%, "sino que se modificaron diversos puntos, por lo que debe hacerse una investigación profunda y transparente, para que quienes actuaron irresponsablemente respondan de sus actos y sean sancionados administrativamente y si es procedente, hasta penalmente".
EL INFORMADOR / ZAIRA YAEL RAMÍREZ
El acuerdo legislativo manifiesta que el financiamiento se aprobó el 2 de diciembre del 2008 y la primera ocasión que desatiende su contenido fue en julio de 2010, cuando realizó un convenio para mejorar la tasa de interés, del 2 al 1.5%, pero también amplió el periodo conocido "como de gracia", en el que el gobierno no desembolsaría recursos para abonar a capital. La segunda modificación se concretó el 6 de febrero de este año.
"Este periodo lo pasó del 31 de agosto de 2010 al 29 de febrero de 2012, lo que significa que en vez de empezar a pagar en 2010 empezó a pagar en febrero de 2012; el simple retraso le representó ahorros en su ejercicio financiero y deja mayor deuda a las siguientes administraciones", señala el documento votado por los legisladores.
Este acuerdo legislativo que fue firmado por los diputados coordinadores parlamentarios del PRI, Roberto Marrufo Torres; del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino, y del PRD, Raúl Vargas López añade: "La impunidad debe parar, los integrantes de la LIX Legislatura no podemos tolerar actitudes insolentes, burlescas y autoritarias de quienes en principio deberían ser ejemplo de legalidad, prudencia y diligencia. Hemos analizado detenidamente los hechos y consideramos que pueden existir actitudes dolosas que pudieran constituir delito".
El coordinador de los legisladores del PAN, José Antonio de la Torre, sostuvo que no existe irregularidad alguna en la modificación que llevó a cabo el gobierno estatal y arremetió: "No se confundan, no estamos ante un 'Moreirazo', aquí no existe irregularidad alguna".
El panista señaló que la posibilidad de modificar las condiciones de los empréstitos es facultad del Ejecutivo, conforme la Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios.
Por su parte, la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, a nombre del grupo parlamentario del PRI reiteró la postura de que sí existió ilegalidad en las acciones modificatorias al crédito aprobado por el Congreso del Estado.
La presidenta de la Comisión de Hacienda estimó que en el decreto que autoriza al Ejecutivo a contratar el crédito, "en ningún momento se le dan atribuciones para que actúe de manera individual y al margen de los poderes constitucionales y a la ley que lo obliga como autoridad. Una gran mentira que la ley le da atribución para hacerlo. Un decreto no puede estar por encima de la Constitución de Jalisco y de la Ley de Deuda".
Subrayó que el Ejecutivo no solo cambió la tasa de interés del 2% al 1.5%, "sino que se modificaron diversos puntos, por lo que debe hacerse una investigación profunda y transparente, para que quienes actuaron irresponsablemente respondan de sus actos y sean sancionados administrativamente y si es procedente, hasta penalmente".
EL INFORMADOR / ZAIRA YAEL RAMÍREZ
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