Jalisco
Condonan multas a discreción
Los municipios ejercen una facultad sin contrapeso legal; ''rebajan'' sanciones según el criterio de funcionarios. En Guadalajara perdonaron 18 MDP
GUADALAJARA, JALISCO (27/JUN/2012).- Todos los presidentes municipales en Jalisco están facultados para condonar multas, pero aunque en su origen esa atribución fue concebida para apoyar a personas de escasos recursos, la carencia de regulación la hace vulnerable a la corrupción y el intercambio de favores, dicen especialistas.
Esa facultad figura en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco sin acotamiento; la designa en la figura del alcalde, pero éste puede delegarla si le place. El común denominador es la inexistencia de normas o restricciones específicas para esta atribución: bajo qué casos podrá usarse, con qué fines, cuándo ameritará condonación total, cómo se transparentará, etcétera.
El caso de Guadalajara es un ejemplo. Su Reglamento de la Administración Pública Municipal (artículo 32, fracción VIII) reconoce la facultad concretamente en el titular de la Secretaría General. La atribución no se fiscaliza porque no hay norma que restrinja su uso, y no hay manera de comprobar si respeta o transgrede una regla. Es eminentemente discrecional porque se deja “al arbitrio o buen juicio” del funcionario o a su “antojo o voluntad, sin tasa ni limitación”.
Si un ciudadano argumenta a su favor que la multa estuvo mal aplicada, el reglamento no exige que se constate en campo que así fue; si otro aduce que no puede pagarla, no hay por qué evaluar su situación socioeconómica. Todo es valoración y criterio del secretario general.
Es una facultad que permite, pero no obliga.
A ella recurren desde los pobres hasta los más poderosos. O como dice quien fue el titular de la dependencia hasta el 17 de mayo, Roberto López Lara: “Desde el ciudadano común y corriente, hasta el encumbrado”. Por eso la define como atribución reglamentaria y como todo un “uso y costumbre”.
En las oficinas de la Secretaría General, el funcionario que ostenta la atribución debe negociar por igual con ciudadanos que tienen una multa de apenas 300 pesos, hasta inversionistas con sanciones que rondan los 700 mil pesos.
Este diario tuvo acceso a la base de datos que elabora la Secretaría General de Guadalajara y donde lleva el registro de sus condonaciones.
Sólo entre agosto de 2010 y octubre de 2011 López Lara condonó 50% sobre 12 mil 100 multas, y dejaron de ingresar 18.8 millones de pesos. La oficina se reservó dos datos: el nombre del beneficiario y de parte de quién venía.
Esa facultad figura en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco sin acotamiento; la designa en la figura del alcalde, pero éste puede delegarla si le place. El común denominador es la inexistencia de normas o restricciones específicas para esta atribución: bajo qué casos podrá usarse, con qué fines, cuándo ameritará condonación total, cómo se transparentará, etcétera.
El caso de Guadalajara es un ejemplo. Su Reglamento de la Administración Pública Municipal (artículo 32, fracción VIII) reconoce la facultad concretamente en el titular de la Secretaría General. La atribución no se fiscaliza porque no hay norma que restrinja su uso, y no hay manera de comprobar si respeta o transgrede una regla. Es eminentemente discrecional porque se deja “al arbitrio o buen juicio” del funcionario o a su “antojo o voluntad, sin tasa ni limitación”.
Si un ciudadano argumenta a su favor que la multa estuvo mal aplicada, el reglamento no exige que se constate en campo que así fue; si otro aduce que no puede pagarla, no hay por qué evaluar su situación socioeconómica. Todo es valoración y criterio del secretario general.
Es una facultad que permite, pero no obliga.
A ella recurren desde los pobres hasta los más poderosos. O como dice quien fue el titular de la dependencia hasta el 17 de mayo, Roberto López Lara: “Desde el ciudadano común y corriente, hasta el encumbrado”. Por eso la define como atribución reglamentaria y como todo un “uso y costumbre”.
En las oficinas de la Secretaría General, el funcionario que ostenta la atribución debe negociar por igual con ciudadanos que tienen una multa de apenas 300 pesos, hasta inversionistas con sanciones que rondan los 700 mil pesos.
Este diario tuvo acceso a la base de datos que elabora la Secretaría General de Guadalajara y donde lleva el registro de sus condonaciones.
Sólo entre agosto de 2010 y octubre de 2011 López Lara condonó 50% sobre 12 mil 100 multas, y dejaron de ingresar 18.8 millones de pesos. La oficina se reservó dos datos: el nombre del beneficiario y de parte de quién venía.
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